Calle de Freetown (Sierra Leona). Imagen de bobthemagicdragon, [1] 16 de noviembre de 2011. Imagen de Flickr (CC BY NC ND 2.0) [2].
En los últimos años, la digitalización ha tenido un gran avance para los habitantes de Sierra Leona, ya que ha permitido que surjan nuevos ámbitos para expresar y compartir libremente opiniones e información sobre los problemas políticos y socioeconómicos del país.
Pero las leyes nacionales vigentes que amparan la libertad de expresión en entornos digitales no protegen adecuadamente a los ciudadanos del acoso o las amenazas y arrestos arbitrarios.
Ahora, un nuevo proyecto de ley contra el ciberdelincuencia [3] podría convertir cualquier teléfono inteligente en una escena del crimen.
En 2020, tras una serie de violentos incidentes que se desencadenaron como consecuencia de mensajes aparecidos en las redes sociales, el Parlamento redactó un proyecto de ley destinado a arrojar luz sobre los ciberdelitos y sus penas, así como a mejorar la gestión de la seguridad nacional y la delincuencia en entornos digitales.
Cuando estallaron violentos incidentes en la aldea pesquera de Tombo, al oeste del país, y la aldea norteña de Makeni, el Gobierneo culpó rápidamente [4] a una celebridad de medios sociales conocido como “Adebayor” [5].
Adebayor actualmente vive en los Países Bajos y es un opositor declarado que cuenta con muchos seguidores [6] en Sierra Leona, en especial en WhatsApp.
Tombo y Makeni son baluartes del opositor Congreso de Todo el Pueblo (APC), y Adebayor consideró que sus habitantes estaban recibiendo un trato injusto.
Las noches previas a los incidentes, supuestamente Adebayor habría emitido mensajes de audio [7] en los que llamaba a los jóvenes a protestar contra las decisiones de las autoridades.
En mayo, Adebayor habría provocado protestas juveniles en Tombo contra las restricciones impuestas por las autoridades por el COVID-19 y en virtud de las cuales solo 15 barcos de los 400 existentes podían pescar. Adebayor habría afirmado que era una decisión política, y que el Partido Popular de Sierra Leona (SLPP) quería eliminar a los simpatizantes del APC. Los enfrentamientos terminaron [8] con la muerte de dos personas.
Meses después, Adebayor habría incitado a que los jóvenes de Makeni se rebelaran contra la decisión del Ministerio de Energía de trasladar un generador Caterpillar de 1MW de reserva a otra ciudad: les habría dicho que no debían cruzarse de brazos ni permitir que el SLPP ignorara las necesidades de los simpatizantes del APC, principal partido opositor. La protesta juvenil [9] causó cuatro muertos y diez heridos.
Como respuesta, el Gobierno redactó un proyecto de ley de ciberseguridad para impedir que la gente escuchara y difundiera mensajes violentos como los de Adebayor, que provocaban y difundían odio e insultos contra los políticos del partido gobernante.
En agosto, Sahr Mattew Nyuma, encargado de los asuntos gubernamentales en el Parlamento, advirtió [10] que «todos serán vulnerables si el país no promulga leyes estrictas para enfrentar la situación».
La ley contra la ciberdelincuencia de 2020, que ya ha superado la fase prelegislativa en el Parlamento, incluye aspectos habituales en las leyes y regulaciones de ciberseguridad: ciberdelincuencia, legislación aplicable, prevención de ataques, sectores específicos, gobierno corporativo, litigios, seguros y facultades de investigación y policiales.
Chernor Ramadan Maju Bah, líder de APC, principal partido opositor, describió la ley como delicada, ya que afecta a todo el mundo [10].
Por su parte, el director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (NATCOM), Daniel Kaitibie, saludó la ley como una muestra del esfuerzo del país para reformar los derechos digitales.
«Profundas consecuencias para los derechos ciudadanos»
El objetivo principal de la legislación es, por supuesto, luchar contra todo tipo de ciberdelitos.
Pero el proyecto de ley tiene sus defectos.
El texto infunde miedo y brinda más sustentos legales para reprimir el desacuerdo y para incautar la posesión más preciada de nuestra época: el teléfono móvil.
Varios ciudadanos y miembros de la oposición sostienen que la ley sirve de instrumento para que el Gobierno, especialmente en momentos de debilidad, suprima los derechos y libertades digitales.
El proyecto de ley contra la ciberdelincuencia es «una nueva ley de orden público [11] para la era digital», afirma el ministro y político opositor Mohamed Gibril Sesay. En un editorial publicado el 19 de marzo en el Standard Times de Sierra Leona condena abiertamente la ley.
Antes los políticos invocaban secciones de la ley de orden público que criminalizaban la difamación para suprimir la libertad de expresión y de prensa. Varias secciones de la mencionada ley se derogaron en 2020.
Pero el proyecto de ley contra la ciberdelincuencia, que contempla penas de hasta cinco años por delitos considerados «ciberdelitos», es aún más punitivo que la ley de orden público, que tiene penas máximas de dos años.
Todos pueden verse afectado por la criminalización de la libertad de expresión si el partido gobernante considera que el contenido digital que publica es ofensivo.
El proyecto de ley tampoco cuenta con definiciones claras de qué constituye un ciberdelito, y da excesivo poder al Ministerio de Información para redactar reglamentos y determinar sanciones.
The new cybercrime law, if passed (I guess it's now a matter of 'when' and not 'if'), will have far-reaching…
Posted by Edward Kargbo [12] on Friday, March 19, 2021 [13]
De aprobarse la nueva ley contra la ciberdelincuencia (aunque supongo que la cuestión ya es «cuando se apruebe» y no «si se aprueba»), tendrá profundas consecuencias para los derechos y libertades de la ciudadanía. No es una ley para la galería.
¿Qué sabemos realmente del proyecto de ley?
Medios de comunicación y sociedad civil: ¿somos plenamente conscientes de lo que está pasando o seguimos sometidos?
En en Facebook, el periodista Chris Wizo también expresó su preocupación [14] por la ley:
Sierra Leone's media must sit up and ensure the new Cyber Bill is thoroughly scrutinised before it is passed into law by…
Posted by Chris Wizo [12] on Friday, March 19, 2021 [15]
Los medios de Sierra Leona tienen que ponerse en guardia y asegurarse de que el nuevo proyecto de ley digital se someta a un exhaustivo escrutinio antes de que el Parlamento lo apruebe. No podemos relajarnos y esperar que una réplica de la ley de difamación penal se convierta en ley y luego pasarnos cinco décadas abogando por una revisión o una derogación.
Lo que no se cuenta.
En la «Parte III: Poderes y procedimientos» el proyecto de ley otorga demasiado poder a la Policía para confiscar teléfonos y computadores, y da demasiada libertad a los funcionarios estatales para convertir cualquier teléfono en una «escena del crimen».
Establece métodos para confiscar teléfonos y computadores con autorización judicial. Para empezar el proceso basta que un policía considere justificada la confiscación.
Es ahí donde las posibilidades de abuso se ciernen amenazadoras sobre los periodistas, los activistas de la sociedad civil y cualquier ciudadano que use un teléfono o un computador.
Más sustento legal para reprimir el desacuerdo
El periodista Mahmud Tim Kargbo es uno de los habitantes de Sierra Leona a quienes ya se ha atacado por escribir comentarios sociales y políticos críticos en las redes.
En 2020, Mahmud Tim Kargbo fue arrestado y acusado [16] de difamación por haber difundido [17] en medios sociales contenido considerado “insultante” e “injurioso” sobre Patrick A.T. Johnson, subinspector general de la Policía de Sierra Leona. El contenido presuntamente viola la sección 3 de la Ley de Orden Público, que penaliza la obscenidad, las amenazas y otras acciones que resulten en «ofensas» o «molestias».
La mayoría de los periodistas, las organizaciones de la sociedad civil y los políticos opositores de Sierra Leona criticaron el arresto de Kargbo. El Comité para la Protección de Periodistas condenó categóricamente [16] los hechos, que describió como tácticas del Gobierno para reprimir voces críticas con su gestión.
Mahmud Tim Kargbo fue puesto en libertad con fianza el 4 de diciembre, tras pasar unas horas en la prisión de máxima seguridad de Pademba Road. Una condena podría suponer hasta tres meses de cárcel o una multa de 20 millones de leones (1960 dólares estadounidenses).
La Constitución de 1991 de Sierra Leona no incluye ninguna disposición especifica relativa a los derechos digitales, pero en el capítulo 3, que protege el derecho a «la libertad de conciencia, de expresión y de reunión y asociación», deja claro que todos los ciudadanos tienen derecho a expresarse libremente.
Al amparo del proyecto de ley contra la ciberdelincuencia, la Policía ya ha formado una unidad de ciberseguridad específica para las investigaciones penales en el ciberespacio.
La Policía ya ha llamado a varias personas para interrogarlas sobre lo que difunden en medios sociales, antes incluso de que se apruebe el proyecto de ley.