En Kenia, enfoque en aborto ensombrece legislación hacia servicios seguros de salud reproductiva

Article 25's Global Day of Action for the Right to Health in Kenya by theteam25

Día de Acción Mundial del Artículo 25 por el Derecho a la Salud en Kenia. Foto por theteam25 (CC BY-SA 2.0).

Los derechos de procreación en Kenia son un tema íntimo y emotivo en el que se han trazado duras líneas en ambos lados. Los activistas a favor y en contra del aborto siguen pasando por episodios de gran atención cuando surgen casos de gran repercusión y las pasiones siguen elevadas. Mientras tanto, el país registra cifras de abortos inseguros que se encuentran entre las más altas de África. La mortalidad materna es elevada, con unas 6000 muertes al año, cuyo 17 % es por complicaciones de abortos inseguros.

El limitado recurso legal para acceder a la interrupción del embarazo es un compromiso potencial que se sigue discutiendo, lo que deja a los dos bandos en una situación que parece muy difícil de cambiar. ¿Qué está en juego en ambos extremos de este tema tan duramente debatido?

Por un lado, algunas feministas y defensores de derechos humanos, como quienes se unieron a la campaña KeepWanjikuSafe en 2020, están impacientes por ver ampliados los derechos de procreación. Esto ayudaría a evitar más muertes por prácticas de aborto inseguro, que cobran la vida de siete mujeres cada día y cuestan a los centros de salud pública más de 500 millones de chelines kenianos (más de 463 000 dólares) cada año en atención después del aborto, según una investigación publicada en 2018 por el Centro de Población y Salud de África (APHRC en inglés) y el Ministerio de Salud de Kenia.

Por otro lado, los grupos “a favor de la vida” alegan que la Constitución ya ofrece demasiadas lagunas que podrían llevar a lo que definen “aborto a petición“.

La posición contra el aborto procede principalmente de grupos religiosos y está liderada por la CitizenGo, fundación vinculada a la extrema derecha española, que actúa en varios países para frenar la legislación sobre una serie de cuestiones sociales, desde el matrimonio entre personas del mismo sexo hasta la educación sexual y el aborto.

En Kenia, CitizenGo inició una petición contra la sucursal local de la ONG internacional Marie Stopes, que ofrece servicios gratuitos de salud reproductiva y sexual, incluido el aborto. Esto llevó a una prohibición de la ONG en 2018 que se dejó sin efecto un mes después. La representante más destacada de CitizenGo en Kenia es Ann Kioko, quien también integra la junta directiva de la Conferencia de Obispos Católicos de Kenia y tiene conexiones con grupos antiabortistas y anti-LGTB con sede en Estados Unidos, como el Centro para la Familia y los Derechos Humanos (C-Fam).

La versión más reciente de este debate se dio en 2020 cuando se propuso el proyecto de Ley de Salud Reproductiva 2019, patrocinado por la senadora Susan Kihika, para consolidar el “derecho al mayor nivel posible de salud, incluso el derecho a la salud reproductiva” consagrado en el artículo 43 de la Constitución de Kenia. Este proyecto legislativo es mucho más ambicioso que el proyecto de ley de 2014, y proponía hacer que los servicios prenatales, de parto y postnatales fueran gratuitos para todas las kenianas, prohibir la esterilización forzada, regular la maternidad de alquiler y dar un marco más solido para la educación sexual.

Sin embargo, ambos proyectos han provocado controversia por cuestiones similares, sobre todo por la doble cuestión del acceso al aborto y la difusión de información precisa sobre salud sexual dirigida a los adolescentes. Los que se oponen al proyecto de ley han pedido que se archive, y afirman que equivalía a:

“back door legalization of abortion.”

“legalización del aborto de manera ilegítima”.

El proyecto de ley fue retirado temporalmente para permitir una nueva consulta pública, que posiblemente conduzca a una nueva redacción. Mercy Mwangangi, secretaria administrativa jefa (CAS) del Ministerio de Salud, justificó esta decisión en Business Daily, y sostvo que el proyecto de ley es:

“defective” and “vague on the emotive technical issues of sexual and reproductive health and rights (SRHR) and assisted reproductive technology (ART)”.

“defectuoso” e “impreciso en las emotivas cuestiones técnicas de la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR) y tecnología de reproducción asistida (TRA)”.

Aunque hace algunas propuestas más atrevidas sobre la polémica cuestión del aborto, el proyecto de Ley de Salud Reproductiva no cuestiona ni modifica la Constitución keniana aprobada en 2010, que establece que el aborto sea legal solo en casos específicos, es decir, si un profesional médico considera que la salud o la vida de la madre están en peligro o si se necesita una operación de urgencia. Según una sentencia de la Corte Suprema, están incluidos también los embarazos producto de una violación. Mientras tanto, la asistencia para procurar un aborto fuera de esas circunstancias sigue estando severamente castigada por el Código Penal.

Esta cuestión amenazó con hundir el entero proyecto de reforma constitucional en 2010 ya que los activistas antiabortistas, principalmente líderes religiosos católicos y cristiano-evangélicos, apelaron al sentir religioso de los votantes para que rechazaran el proyecto porque “legalizaría el aborto”.

Atención en el aborto ensombrece otras cuestiones de salud reproductiva

"Refugees receiving care at a hospital in the Ifo 2 Refugee Camp in Dadaab" by World Bank Photo Collection is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Refugiados reciben asistencia en un hospital del Campo de Refugiados Ifo 2 en Dadaab. Foto de la Colección de Fotos del Banco Mundial (CC BY-NC-ND 2.0).

Mientras tanto, los médicos siguen sin tener claridad y formación sobre cómo realizar abortos seguros y dudan en proceder sin un marco legal tranquilizador.

Además, la atención sobre el aborto ensombrece otras cuestiones de salud reproductiva que rara vez tienen la oportunidad de ser debatidos en medio de este barullo. Stephanie Musho, que vive en Nairobi y es abogada de derechos humanos experta en justicia de género y reproductiva, explica lo que se está perdiendo en los debates públicos:

The bill outlaws forced sterilization. In this country, women —particularly those living with HIV—have been forcefully sterilized because of the thinking of certain health care providers who feel this is the best way to stop the transmission of the virus from mother to child, even though we know that women living with HIV, for the longest time, have been able to get pregnant, carry the babies to term, and give birth without transmitting the virus. […]

The bill promotes the right to privacy and the right to consent. When you look at patients who have mental health disorders, a lot of times, decisions are made for them. […] We are not just going to make decisions for people about their bodies just because they have mental health conditions.

El proyecto de ley prohíbe la esterilización forzada. En este país, las mujeres, en particular las que viven con VIH, han sido esterilizadas a la fuerza ya que algunos profesionales de asistencia sanitaria creen que es la mejor manera de frenar la transmisión del virus de madre a hijo, a pesar de que desde hace tiempo sabemos que las mujeres con VIH han podido quedar embarazadas, llevar el embarazo hasta el final y dar a luz sin transmitir el virus […].

El proyecto promueve el derecho a la privacidad y al consentimiento. Cuando se trata de pacientes con trastornos mentales, muchas veces se toman decisiones por ellos. […] No vamos a tomar decisiones por las personas sobre su cuerpo solo porque tengan problemas de salud mental.

Los opositores al proyecto de Ley de Salud Reproductiva 2019 lo llamaron el “proyecto de ley del aborto”, cuando en realidad es un documento completo que solo menciona la interrupción del embarazo en cinco artículos (entre los artículos 26 y 30) de un total de 39.

El proyecto tenía tres objetivos principales: garantizar el acceso a la asistencia sanitaria reproductiva en todo el país mediante esfuerzos estatales y de los condados, incluidas asignaciones presupuestarias adecuadas, regular los servicios de reproducción asistida, como la fertilización in vitro o la maternidad de alquiler, y aclarar el marco de acceso a los servicios de salud reproductiva por parte de los adolescentes.

En una entrevista en Milele FM en julio de 2020, la patrocinadora del proyecto de ley, la senadora Kihika, aclaró su intención inicial:

What drove me to come up with the bill was majorly to help couples that could not be able to conceive. I wanted to come up with a legislative framework that could bring in IVF and surrogacy. In my role as a representative of the people over time, I have come across couples who could not get the services. Even though it is available, there are no laws that govern it and it is extremely expensive that only the very wealthy in the society are able to access.

Lo que me llevó a presentar el proyecto de ley fue sobre todo ayudar a las parejas que no podían concebir. Quería crear un marco legislativo que permitiera introducir la fertilización in vitro o a la maternidad de alquiler. En mi papel de representante del pueblo, en este tiempo me he encontrado con parejas que no podían acceder a los servicios. Aunque están disponibles, no hay leyes que los regulen y son extremadamente caros, a los que solo pueden acceder los más ricos de la sociedad.

Aunque no llega a autorizar a las parejas del mismo sexo a acceder a la maternidad de alquiler, el proyecto de ley pretende establecer el derecho de acceder a los servicios de salud reproductiva (artículo 7.1) y reproducción asistida (artículo 9.1) de todos, así como las normas para el consentimiento informado por escrito en asuntos relacionados con la salud reproductiva.

Si se aprueba el proyecto de ley, se modificará también la Ley de Registro de Nacimientos y Defunciones para facilitar la inscripción del niño al nacer por parte del padre o los padres de un niño nacido por gestación de alquiler, a fin de evitar el embrollo legal de que la madre de alquiler se inscriba automáticamente en el certificado de nacimiento, como ocurre actualmente.

La senadora Kihika reiteró además que las perspectivas religiosas se han tenido debidamente en cuenta en la redacción del proyecto de ley:

 I am a Christian and the context of the bill also accounts for our religious background. The bill also encourages abstinence but also offers counselling on the consequences of things like abortions.

Soy cristiana y el contexto del proyecto de ley también tiene en cuenta nuestra formación religiosa. Además, fomenta la abstinencia y ofrece asesoramiento sobre las consecuencias de cosas como el aborto.

Lo que en última instancia se pierde en el debate entre los que están a favor y en contra del aborto es la esperanza de sacar adelante una legislación que podría allanar el camino para que millones de kenianos accedan a diversos servicios de salud reproductiva seguros.

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