Foto de JonRo/Flickr (CC BY-NC 2.0)

En el décimo aniversario del inicio de la Guerra en Siria, se suma al convulso éxodo realizado por millones de personas en todo el mundo. La pandemia de COVID–19 no ha parado el aumento de las llegadas de migrantes a Europa.

Unos de los epicentros de estos movimientos migratorios es el archipiélago canario de España. Este último año, 23.000 migrantes llegaron a Canarias, comunidad autónoma compuesta por ocho islas, situada a 95 km del continente africano y compuesta por una población de dos millones de habitantes. Los migrantes llegan no sólo a través del mar desde África, sino que, la mayoría, prácticamente el 90% de ellos, son migrantes latinoamericanos que aterrizan en avión en las islas. Sin embargo, la atención mediática se centra en los migrantes procedentes del continente africano.

Los migrantes se enfrentan varios obstáculos en el camino y al llegar a Canarias y esta situación ha generado varias controversias para las ONGs trabajando con migrantes y los oficiales del gobierno de España.

Se están viviendo situaciones de gran dificultad, como el rescate de la niña de 2 años, Nabody, que llegó en marzodesde Mali al puerto de Arguineguín en Gran Canaria junto con su madre y su hermana. La pequeña fue trasladada al hospital tras un intento de reanimación por parte de los enfermeros en el mismo muelle. Nabody falleció el domingo 21 de marzo.

Este suceso conmocionó extraordinariamente, incluso el Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Pablo Casado, se han pronunciado al respecto. La población civil, por su parte, ha mostrado en redes sociales su desconcierto respecto al fallecimiento de la pequeña.

Otro de los desafortunados eventos que ha golpeado al territorio canario en torno al fenómeno migratorio ha sido el vuelco de un cayuco el pasado 26 de marzo durante un rescate, habiendo fallecido tres personas.

En las islas también hubieron diversas concentraciones, donde se realizaron diversas manifestaciones en contra de la inmigración, produciéndose actuaciones xenófobas y vulnerándose el toque de queda establecido por las autoridades.

La Cruz Roja en el punto de mira

A finales de febrero fueron expulsados de un campamento en Canarias unos 64 migrantes, quienes quedaron literalmente en la “calle”, aumentando el número de los que ya se encuentran en esta precaria situación. El incidente sucedió por la negativa del grupo expulsado a compartir otra carpa debido a la imposibilidad de mantener las medidas mínimas exigidas por la pandemia.  

Frente a estas acusaciones de expulsión, la Cruz Roja asegura que los migrantes actuaron de manera violenta y que algunos no deseaban continuar con su trayecto migratorio, rechazando la ayuda ofrecida por la Cruz Roja. Por su parte, este argumento fue refutado por los expulsados. 

Ante la expulsión producida en Canarias en el Campamento 50, movimientos solidarios como la Plataforma Solidaria de Personas en Movimiento, Somos Red, compuesta por ciudadanos individuales, colectivos y asociaciones, ha denunciado la situación de los migrantes y la gestión llevada a cabo por la Cruz Roja.

Los residentes que viven cerca de los campamentos no entienden la falta de atención a los migrantes y de recursos por parte de las instituciones, por lo que han mostrado su cara más solidaria brindándoles alimento y mantas para resguardarse en las noches. La plataforma Somos Red ha entablado diversas reuniones con instituciones públicas, como el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento, destacando los fallos de la estrategia desplegada en las islas. Asimismo, exigen una inminente actuación por parte del Gobierno español, así como de la Unión Europea.

Por su parte, el Principado de Asturias, una comunidad autónoma en el norte de España, se ofreció a principios de marzo a acoger a menores no acompañados que se encuentren en Canarias. Junto a Asturias, otras ocho Comunidades Autónomas acogerán a 200 menores. Actualmente el gobierno de la comunidad autónoma de las Islas Canarias se hace cargo de unos 2500 menores.

No es la primera vez que la Cruz Roja está en el punto de mira — también fue criticada por otros sectores de la población. A finales del pasado año, se filtró un video en el que se puede ver a voluntarios de la Cruz Roja y a un grupo de migrantes bailando sin respetar las medidas de distancia social. Este hecho provocó, en contraposición de la actitud de ayuda llevada por los vecinos canarios, una serie de protestas en la red contra los migrantes y la organización por parte de la ciudadanía. Por su parte, la Cruz Roja pidió públicamente disculpas por la actitud de sus voluntarios, siendo este hecho un varapalo para su imagen pública.

Migrantes sin asilo

Para algunos, la regularización de la situación legal de los migrantes se ve dificultada, engendrando las dificultades en las islas. El total de demandas de protección internacional asciende a la cifra de 3.984 en las Islas Canarias frente a la cifra de 23.000 llegadas al archipiélago.

Otro factor de este fenómeno es el desconocimiento, pues gran parte de los migrantes no saben que tienen derecho a solicitar asilo o protección internacional. Asimismo, se carece en el las islas de recursos suficientes para acceder a las solicitudes de asilo, requiriéndose un mayor número de abogados de oficio que puedan atender apropiadamente a los migrantes, así como un mayor número de intérpretes que faciliten la labor jurídica. 

Desde un punto de vista cuantitativo, en el año 2020 se concedió a 5.700 personas la protección internacional, un 5% de las solicitudes presentadas. Según el informe presentado por La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), España se encuentra por detrás de Francia o Alemania en tanto al reconocimiento del asilo a refugiados, siendo el país con mayor número de solicitudes recibidas.

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha afirmado que actualmente se debate a nivel europeo para regularizar las migraciones y el asilo, apostando por incrementar las oportunidades de trabajo con los países de origen y tránsito, como Marruecos o Libia, para que mejoren su situación socioeconómica y se intensifique la persecución de organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas.