Obligadas a (no) tener hijos: las mujeres peruanas aún no pueden decidir sobre su cuerpos

 

Foto de una mujer peruana y su bebé en pxhere, de dominio público

Durante el Conflicto Armado Interno entre 1980 y 2000, en el cual el Estado luchó contra grupos terroristas subversivos, el Gobierno de Fujimori del Perú implementó una serie de políticas para reducir la tasa de natalidad en el país.

En este proceso, se estima que más de 270.000 mujeres y 22.000 hombres, en su mayoría indígenas y campesinos, fueron forzados a esterilizarse. Aún hoy, las sobrevivientes continúan luchando para que sus historias no sean olvidadas y que haya justicia. La falta de celeridad de este proceso se debe, según María Esther Mogollón, una vocera de la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas, a “ la poca voluntad política y una falta de comprensión sobre lo que son los derechos humanos.”

Unos veinte años después, en el 2020 y 2021, uno podría pensar que este capítulo de control reproductivo se ha cerrado. Sin embargo, no es así. El control de los cuerpos de las mujeres en Perú se centra en la violencia sexual y la penalización del aborto.

En el 2020, hubo un incremento de 12% de embarazos no deseados en Perú, teniendo como foco principal adolescentes. Además, hubieron más de 13,840 denuncias de violencia sexual, el 43% de las cuales fueron víctimas adolescentes entre 12 y 17 años y el 20.7% niñas de 6 a 11 años de edad.

En esta línea, más de una de cada diez adolescentes ya estuvo alguna vez embarazada. Las cifras son mayores en las zonas rurales del país, con más de una menor de cada cinco queda embarazada. En el 2020, Perú triplicó el número de niñas menores de diez años de edad forzadas a ser madres, que es una una consecuencia directa del repunte de la violencia sexual durante la pandemia.

Elga Prado Vasquez, Coordinadora del Programa de Sexualidad  y Autonomía Física del Movimiento Manuela Ramos, me comentó vía telefónica que la pandemia dejó a la población vulnerable más desamparada de lo acostumbrado porque dentro de las medidas de confinamiento, cuando el Estado peruano cerró los servicios esenciales y las falencias en el sistema de salud se agravaron. Muchas niñas, adolescentes y mujeres fueron dejadas a la suerte frente a la violencia física y sexual en sus propios hogares. Si bien el confinamiento en Perú ya no es obligatorio y los servicios públicos han reabierto, causa preocupación pensar en las cifras si es que se formaliza un confinamiento a futuro.

A esta situación debemos agregar los abortos inseguros, los cuales son la tercera causa de muerte materna en el Perú, según la organización no gubernamental feminista PROMSEX. Mujeres de todos los niveles socioeconómicos y educativos abortan, pero según un estudio sobre abortos de mujeres adultas, personas de estratos económicos medios y bajos, con educación secundaria y formaciones superiores, presentan más abortos. En total, casi una de cada cinco mujeres adultas abortó una vez en su vida. Según el Ministerio de Salud, para el 2018,  2480 adolescentes fueron atendidas por aborto en hospitales públicos.

En Perú, casi todos los abortos son prohibidos desde 1924, salvo en caso de amenaza a la vida o salud de la mujer; no sólo eso, estos abortos son punibles ante la ley. Entre 2000 y 2019, 571 mujeres y adolescentes fueron procesadas por interrumpir su embarazo mientras que 961 fueron denunciadas. Según la Organización católicas por el derecho a decidir, hay 1,000 abortos al día en Perú.

Pese a estas cifras, son muy pocos los partidos políticos que tuvieron a los derechos sexuales y reproductivos en sus agendas para las elecciones que se llevaron a cabo el 11 abril 2021. Sólo dos de 18 partidos presentaron propuestas sobre el acceso a metodología anticonceptiva y al kit de emergencia, un conjunto de medicamentos gratuitos destinados a salvaguardar la salud de una víctima de violencia sexual.

Parece que esta situación no va cambiar para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, programada para el domingo 6 de junio del presente año. Lo más grave es que los dos candidatos que han pasado a segunda vuelta, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, tienen una tendencia a ser provida y no tienen una agenda clara respecto a derechos sexuales y reproductivos con enfoque de género.

De esterilizaciones forzadas a embarazos forzados, parece que las mujeres de Perú aún no pueden decidir sobre su cuerpo y fertilidad.

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