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A fines de abril, los legisladores georgianos aprobaron una serie de sanciones más duras para delitos administrativos que, según los grupos de derechos humanos, podría tener un efecto amedrentador sobre la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica.

El 29 de abril, el Parlamento, dominado por el partido Sueño Georgiano-Georgia Democrática, aprobó en una serie de audiencias urgentes, enmiendas al Código de Delitos Administrativos que introducen penas más severas para actos de incivilidad (artículo 166) y la desobediencia a la policía (artículo 173).

El paquete de leyes triplica la multa mínima por vandalismo reiterado a 1500 lari (440 dólares estadounidenses) y duplica la multa máxima a 2000 lari (5680 dólares estadounidenses). En lugar de la multa, los infractores también podrán ser sometidos a arresto administrativo (preventivo) durante un mínimo de cinco días, mientras que el periodo máximo se mantiene en 15 días.

Además, los legisladores han endurecido las sanciones por incumplimiento de las órdenes de autoridades, aumentaron las multas de mil y 4000 lari (de 290 a 1200 dólares), a 3500 y 4500 lari (de mil a 300 dólares) y el periodo mínimo de detención preventiva a siete días (el máximo seguirá siendo de 15 días).

Asimismo, el Parlamento extendió el periodo máximo de detención preventiva por cualquier motivo (Artículo 247) de 24 a 48 horas.

Grupos de control, como Trasparencia Internacional- Georgia, la Asociación de Jóvenes Abogados de Georgia (GYLA) y el Instituto de Investigación sobre la Democracia (DRI), han expresado preocupación por los efectos negativos de las enmiendas sobre la libertad de reunión pacífica, ya que las disposiciones legales que abordan las enmiendas las utilizan habitualmente la Policía para detener a los participantes en las protestas callejeras contra el Gobierno.

Embajada de Estados Unidos: «Profundamente decepcionada»

Los críticos han subrayado que la revisión acelerada del proyecto de ley complicó la supervisión pública del proceso, y además puso en peligro lo que pareció un acercamiento entre el partido gobernante Sueño Georgiano y la oposición del país.

Georgia está sumida en una crisis política desde octubre de 2020, cuando los grupos de oposición impugnaron los resultados de las elecciones parlamentarias que ganó el  partido gobernante Sueño Georgiano. En abril, se alcanzó un acuerdo tras las negociaciones con la mediación de Estados Unidos y la Unión Europea.

RFERL (Radio Europa Libre/Radio Libertad) informó:

The deal stipulates that early parliamentary elections be called in 2022 if Georgian Dream gets less than 43 percent in upcoming local elections. It also sets the rules for power-sharing in parliament, outlines reforms to the judicial system, and suggests reforms to the Central Election Commission.

El acuerdo estipula la convocatoria de elecciones parlamentarias anticipadas en 2022 si Sueño Georgiano obtiene menos del 43 % en las próximas elecciones locales. Además, establece normas de reparto del poder en el Parlamento, esboza reformas del sistema judicial, y sugiere reformas de la Comisión Central Electoral.

En una declaración emitida poco después de la aprobación de las enmiendas, la embajada de Estados Unidos expresó «su profunda decepción» por el hecho de que Sueño Georgiano racionalizara la ley del paquete de esa manera, y lo calificó de «innecesario e inútil».

«La falta de consultas significativas con los partidos de oposición, la sociedad civil y otras partes interesadas, plantea dudas sobre el propósito de las enmiendas», afirma la declaración.

La Embajada de Estados Unidos subrayó que Sueño Georgiano «se ha quedado corto» al dar pasos más inclusivos tras el acuerdo.

En respuesta a estas críticas, el diputado Dimitri Samkharadze de Sueño Georgiano culpó de la falta de debate a los grupos de la oposición, que ignoraron las audiencias parlamentarias sobre la ley.

Mientras criticaban a Sueño Georgiano por la última medida, varios grupos activistas, incluidos Movimiento por Georgia y Shetsvale (¡Cambio!), que suele organizar manifestaciones antigubernamentales, no ahorraron críticas a los grupos de oposición en el Parlamento por su «desconcertante» silencio al respecto.

El 27 de abril, en un intento de superar la crisis, los diputados de Estrategia Aghmashenebeli, Lelo, el Partido Republicano, Girchi –Nuevo Centro Político y Girchi– y Más Libertad, comenzaron a participar en la labor parlamentaria. Sin embargo, se limitaron a la ley de amnistía que se espera que libere a Nika Melia, presidente del mayor grupo opositor Movimiento Nacional Unido, en prisión desde el 23 de febrero con cargos relacionados con las protestas antigubernamentales que han arrasado el país en los últimos meses.