Burundi libera a miles de reclusos, pero muchos presos políticos siguen tras las rejas

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Presos de la cárcel de Mpimba, en Bujumbura, plantan árboles. Burundi, 2012. Foto del usuario de Flickr Trees ForTheFuture (CC BY 2.0).

El 26 de abril, las autoridades de Burundi pusieron en libertad a 3000 presos, gracias a un indulto presidencial que excarcelará a 5225 personas, el 40 % de la población reclusa.

Su objetivo es intentar aliviar la presión que sufren las sobrepobladas cárceles del país, así como mejorar las relaciones diplomáticas. A raíz de la grave crisis política desencadenada en 2015 por la polémica tercera reelección del expresidente Pierre Nkurunziza, algunos Gobiernos y donantes internacionales, especialmente en Europa, impusieron sanciones y suspendieron las ayudas directas.

El actual presidente, Évariste Ndayishimiye, anunció el indulto el 31 de diciembre y el decreto respectivo se publicó el 5 de marzo. El indulto se dirigía a prisioneros con condenas más cortas, o parcialmente cumplidas, y a los más vulnerables, como los de edad avanzada. No incluía a encarcelados por motivos de seguridad, por ejemplo, por colaborar con grupos armados, acusación que se suele esgrimir contra opositores o activistas políticos.

A principios de abril, la ministra de Justicia, Jeanine Nibizi, declaró que todos los presos recibirían “formación patriótica” antes de ser liberados.

Para conmemorar la ocasión, el presidente dio un discurso en la cárcel de Mpimba, en Bujumbura, donde 1400 prisioneros recibieron el indulto.

Burundi: En presencia de altos funcionarios del Estado, el presidente de la república, S.E Evariste Ndayishimiye, honra con su presencia la ceremonia que da inicio a la liberación de los presos que se benefician del indulto presidencial otorgado el 31 de diciembre de 2020..

En su discurso, el presidente dijo que “nadie estaba encarcelado por motivos políticos”, en referencia a los críticos que señalan las desproporcionadas acusaciones contra varios opositores y activistas. Ndayishimiye también aseguró que las autoridades estaban dispuestas a reconocer el buen comportamiento, “igual que un padre”.

Aunque Ndayishimiye negó que los indultos tuvieran como objetivo complacer a otros Gobiernos, su discurso coincidió con la gira del ministro de Asuntos Exteriores, Albert Shingiro, por varios países europeos, como parte de las conversaciones para mejorar la imagen internacional de Burundi.

Los indultos fueron bien recibidos por los observadores de derechos humanos. Pierre-Claver Mbonimpa, activista por los derechos de los presos exiliado tras un intento de asesinato, declaró a Radio France Internationale  que eran “mejor que nada”, pero subrayó que las prisiones siguen sobrepobladas y que hay presos políticos, encarcelados.

La Comisión Nacional Independiente de Derechos Humanos también elogió el indulto y pidió más condenas alternativas, como trabajo comunitario, y evitar periodos prolongados de prisión preventiva. La comisión también informa que algunos presos han seguido en la cárcel tras el fin de su condena.

Según el informe de marzo de la Asociación para la Protección de los Derechos Humanos y de las Personas Detenidas de Burundi (APRODH), en las prisiones del país había 13 532 personas, más de tres veces su capacidad (4194 personas), y casi 5000 estaban a la espera de juicio. El documento también describía al menos 70 episodios de “detención arbitraria” y casos de personas retenidas por los servicios de inteligencia en instalaciones clandestinas.

Los datos recogidos por el periódico Iwacu mostraban que la población recluida del país, ya sobredimensionada, había crecido de forma sostenida entre 2014 y 2018, mientras que la capacidad penitenciaria permanecía invariable. Los presos también permanecen encarcelados en las celdas de las comisarías.

Los funcionarios también señalan que mantener una gran población recluida es costoso No cabe duda de que reducir su costo sería útil para las autoridades, dadas las dificultades económicas derivadas de la crisis política de 2015 y de las sanciones.

Iwacu recogió el alivio que sentían los presos que eran liberados y su alegría por ver a sus familias.

Presos políticos

En general, el indulto fue bien recibido porque alivia la presión en unas cárceles sobrepobladas, en especial durante la pandemia y por el reciente aumento de casos de COVID-19 en el país, pero varios presos políticos siguen encarcelados.

Germain Rukuki, por ejemplo, de Acción Cristiana para la Abolición de la Tortura de Burundi, fue condenado a 32 años de cárcel en 2018, aunque poco a poco la sentencia se está revisando. Las organizaciones de derechos humanos, incluida Amnistía International, han pedido su liberación.

Con el ex prisionero de consciencia, juez emérito Willy Mutunga, presentamos una petición a la Embajada de Burundi en Kenia para transmitir nuestro pedido al Gobierno de Burundi para que libere al defensor de derechos humanos Germain Rukuki. Liberen a Germain Rukuki.
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Germain Rukuki fue arrestado en Bujumbura el 13 de julio de 2017 y sentenciado a 32 años de cárcel con cargos falsos de “rebelión” y “amenaza a la seguridad nacional” el 26 de abril de 2018.

Nestor Nibitanga, exrepresentante de APRODH, fue sentenciado a cinco años de cárcel en 2018.

Asimismo, en octubre de 2020, el exparlamentario independiente Fabien Banciryanino fue arrestado y acusado días después por rebelión, amenazas a la seguridad nacional y difamación. Sus abogados lo atribuyeron a sus explícitas críticas al Gobierno en el Parlamento. Estuvo en  confinamiento solitario el 28 de marzo tras haber escrito una carta en la que criticaba las malas condiciones de la prisión. El 31 de marzo, salió de ese confinamiento, al parecer gracias a la presión ministerial y pública..

El informe de 2020 de la Comisión de Investigación sobre Burundi de Naciones Unidas observó muchos arrestos de opositores cerca de las elecciones de mayo de 2020. “Aunque muchos fueron liberados tras pocos días o semanas, otros recibieron sentencias relativamente duras de varios años de prisión tras juicios organizados de forma apresurada con procedimientos abreviados, y otros permanecieron en prisión preventiva”, decía el informe, que también recogía casos de torturas a detenidos.

En su informe< de diciembre, la Coalición de Defensores de los Derechos Humanos de Burundi —varias de las organizaciones que la integran han sido prohibidas— criticó las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y los arrestados.

El informe de diciembre de la Iniciativa por los Derechos Humanos de Burundi afirma que, tras la elección de Ndayishimye, hubo signos positivos, como la liberación de muchos detenidos en el periodo previo a las elecciones. Sin embargo, “apenas dos meses más tarde”, las juventudes del partido gobernante estaban intimidando de nuevo a la gente, decía el informe. También observaba que personas con conexiones políticas reciben un mejor trato en la cárcel, como en el caso del oficial de la Policía Désiré Uwamahoro, condenado a tres meses en 2017 por extorsión, que está relacionado con el primer ministro Alain Guillaume Bunyoni.

En el marco de un amplio esfuerzo diplomático y tras años de tensiones, las autoridades podrían usar la mejora de las condiciones penitenciarias y una mayor indulgencia para proyectar una imagen más positiva y pacífica. También han tenido una acogida favorable la tan anunciada campaña anticorrupción y los gestos de apertura, como el restablecimiento de PARCEM, una de las organizaciones de la sociedad civil prohibidas en los últimos años.

En diciembre de 2020, se indultó a cuatro periodistas de Iwacu encarcelados por motivos de seguridad por haber informado de un ataque armado,. Su detención fue muy criticada en 2019.

Como observó la investigadora Carina Tertsakia, los recientes gestos positivos del Gobierno, como el indulto, son bienvenidos, pero es preciso seguir trabajando para abrir realmente el espacio político y eliminar la impunidad.

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