Grupos de derechos humanos proponen siete primeros pasos para enmendar “malos” antecedentes de Egipto

El expresidente Donald Trump ha descrito a presidente egipcio, Abdel Fattah el-Sisi, como su “dictador favorito”. En la foto, Trump recibe al presidente egipcio en la Casa Blanca, abril de 2017. Foto: Oficina del Presidente de Estados Unidos. Dominio público.

El 8 de mayo, Human Rights Watch respaldó una lista de siete medidas presentadas días antes por varios de los principales grupos de derechos humanos egipcios que, según los grupos, pretendían poner a prueba las recientes afirmaciones del Gobierno sobre su intención de rectificar sus malos antecedentes de violaciones de derechos humanos.

Según los grupos, los siete primeros pasos presentados por la Iniciativa Egipcia para Derechos Personales, la Asociación por la Libertad de Pensamiento y Expresión, el Centro El-Nadeem contra la Violencia y la Tortura, la Red Árabe de Información por los Derechos Humanos y la Comisión Egipcia por los Derechos y las Libertades son:

the minimum to gauge meaningful improvement in the dismal human rights situation, and only include immediate measures that can implemented tomorrow morning if a political decision is made to that effect.

los mínimos necesarios para medir la significativa mejora de la pésima situación de derecho humanos, e medidas inmediatas que se pueden implementar mañana en la mañana si se toma una decisión política.

Las medidas propuesta, que también tienen el respaldo de Amnistía InternacionalPEN, incluían liberar a miles de prisioneros políticos detenidos o en prisión por sus acciones pacíficas, independientemente de sus antecedentes o creencias políticos. Egipto ha recibido críticas internacionales por tener en prisión a miles de personas desde el golpe militar de 2013. Los grupos de derechos humanos dicen que la represión al desacuerdo ha llevado al arresto o procesamiento de cerca de 41 000 personas. Un funcionario del Ministerio del Interior dijo en julio de 2014 que 22 000 personas han sido detenidas desde julio de 2013.

Los grupos también pidieron al Gobierno que pusiera fin a las “interminables” detenciones que se han usado sistemáticamente como una “táctica para tener a los críticos en detención previa al juicio indefinida con múltiples casos en su contra”. Según un informe publicado por la Instituto Tahrir para Política de Medio Oriente en febrero:

In recent years, Egyptian authorities have increasingly turned pretrial detention from an exceptional legal measure to a punitive tool used regularly against human rights defenders, journalists, and individuals perceived to be critical of the government. They have done so both using the law and working outside of it—most recently in reliance on two practices: “rotation” (tadweer) and detention pending multiple cases.

En años recientes y cada vez más, las autoridades egipcias han convertido la detención previa al juicio de una medida legal excepcional a una herramienta punitiva usada con frecuencia contra defensores de derechos humanos, periodistas y personas consideradas críticos del Gobierno. Lo han hecho con la ley y trabajando fuera de la ley, más recientemente con dos prácticas: “rotación” (tadweer) y detención pendiente de múltiples casos.

Los siete primeros pasos circularon cuando las autoridades egipcias tomaron una serie de decisiones en meses recientes que fueron bien recibidas, en medio de un espacio político y cívico restringido. El 14 de abril, las autoridades dejaron en libertad a dos periodistas locales, Solafa Magdy y su esposo, Hossam el-Sayyad, después de un año y medio en detención previa al juicio. 

Una imagen que vale mil emociones.

Los periodistas egipcios Solafa Magdy y Hossam alSayyad libres y reunidos con su }familia. Su hijo Khaled tiene ahora a sus padres de vuelta.

Ambos estaban arrestados desde noviembre de 2019.

Khaled Dawood, líder opositor y exjefe del partido político liberal Dostour que pasó más de un año y medio en detención previa al juicio, fue liberado el día anterior.

En abril, un tribunal egipcio desestimó un caso contra 20 ONG en lo que se llamó el caso del “financiamiento extranjero”. Fue la última novedad en un largo juicio que empezó en 2011, y en el que se ha acusado a docenas de ONG locales e internacionales de recibir fondos extranjeros ilícitos y de usarlos para llevar a cabo actividades prohibidas. Mientras esperaban la sentencia, a muchas organizaciones de derechos humanos locales y a docenas de activistas les congelaron los activos y le prohibieron viajar al extranjero.

La sentencia judicial y una similar en diciembre con respecto a varias organizaciones fueron consideradas señales de buena voluntad del Gobierno egipcio hacia el presidente estadounidense, Joe Biden, que ofreció en su campaña presidencial que no “no habría más cheques en blanco” para el “dictador favorito” de predecesor, con la frase de Donald Trump en referencia al presidente de Egipto, Abdel-Fattah el-Sisi:

“El alivio en la cara de toda la familia, cuando Mohamed Amashah llegó al aeropuerto “era indescriptible”, dijo Soltanious a CNN.

A Amashah lo arrestaron en El Cairo hace más de un año después de protestar y mostrar un cartel que decía: “Libertad para todos los prisioneros”.
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Mohamed Amashah está por fin en casa después de 486 días en una prisión egipcia por tener un cartel de protesta. El arresto, tortura y exilio de activistas como Sarah Hegazy y Mohamed Soltan o las amenazas a sus familias es inaceptable. No más cheques en blanco para el “dictador favorito” de Trump.

Aunque se han desestimado las acusaciones en varios de estos casos, otros activistas y ONG siguen enfrentando juicios. Esto llevó llevó el pedido de los siete primeros pasos para terminar con “procesos penales de activistas de derechos humanos y cerrar el infame caso 173 de 2011 (caso de la “financiación extranjera”) contra organizaciones de la sociedad civil”.

Los siete pasos de los grupos de derechos humanos también incluyeron levantar el estado de emergencia impuesto en 2017 “en violación de la Constitución que las autoridades han explotado para suspender todos los derechos a debido proceso”.

Suspender las ejecuciones de todos los casos políticos y penales hasta que los revise una junta especializada de indulto presidencial también fue uno de los pedidos del grupo. En años recientes, Egipto ha visto el aumento de la cantidad de ejecuciones. Una declaración de diciembre de Amnistía International señaló:

Las autoridades egipcias están inmersas en un terrible frenesí de ejecuciones desde hace varios meses, llevando a la muerte a decenas de personas, en algunos casos tras juicios colectivos manifiestamente injustos

Los grupos de derechos humanos también pidieron el retiro del proyecto de ley del estatuto personal que las mujeres dicen que es peor en términos de derechos legales que una actual ley que ya es restrictiva. Entre muchos asuntos, la ley evitaría que las mujeres firmaran sus certificados de matrimonio, registraran a sus hijos o viajar el extranjero sin el consentimiento de un hombre. La ley generó indignación en marzo, os grupos de derechos de la mujer la consideran discriminatoria. En medios sociales después de que la prensa filtró el proyecto de ley con la etiqueta #Guardianship_is_my_right [La tutela es mi derecho], hombres y mujeres contaron historias personales de cómo la ley les ha causado dificultades por negar a madres y esposa tutela total para ellas y sus hijos.

Finalmente, los siete primeros pasos también instó a las autoridades egipcia a revertir el bloqueo de sitios web “impuestos ilegalmente en ausencia de órdenes judiciales para censurar medios y contenido críticos”. Según Freedom House, se informó que 546 sitios  web fueron bloqueados por las autoridades a fines del primer trimestre de 2020.

La declaración conjunta que anunciaba los siete primeros pasos también decía:

The five groups called on all civil society organizations, political parties, unions, individuals, and Egyptian communities abroad and regional and international bodies to endorse these seven steps as minimum requirements to begin restoring the dignity and rights of all Egyptians.

Los cinco grupos llamaron a todas las organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, sindicatos, personas y comunidades egipcias en el extranjero y entes regionales e internacionales a respaldar los siete pasos como requisitos mínimos para empezar a restaurar la dignidad y derechos de todos los egipcios.

El Gobierno egipcio, que ya había negado tener prisioneros políticos o cometer violaciones de derechos humanos, no ha hecho comentarios públicos sobre estos llamados.

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