Para salvar su economía, ¿puede Túnez reformar su enorme sector público?

Edificios del Gobierno en la ciudad de Túnez. Foto de Amy Keus en Wikimedia (CC BY-SA 2.0).

La contratación de trabajadores públicos ha aumentado masivamente en Túnez desde la revolución de 2011. Ahora, la recesión económica está llevando al país hacia una reforma en un intento de recortar el gasto público.

La economía de Túnez ya estaba en mala situación tras décadas de bajos salarios y alto desempleo, que fueron las raíces de la “Revolución del Jazmín”. La pandemia de COVID-19 ha empeorado las cosas, aumentó la falta de empleo y profundizado la crisis. Agobiado por las deudas, el Gobierno tunecino está recurriendo ahora al Fondo Monetario Internacional (FMI) para una rescate financiero de cuatro millones de dólares estadounidenses. Según el primer ministro, Hichem Mechichi, esta es la “última oportunidad” de salvar la economía del país, pero que depende de que Túnez reforme su economía y reduzca las remuneraciones y subsidios de su sector público.

Con frecuencia, los Gobiernos occidentales aplauden a Túnez como la historia de éxito de la Primavera Árabe, pero el estado de sus finanzas amenaza la transición política a la democracia. El país tiene acumulado un déficit crónico estimado en 11.5 % del producto interno bruto y de deuda pública del 90 % del PIB. El pago de los salarios públicos representa más de la mitad del gasto estatal y es uno de los mayores del mundo, en comparación con el tamaño de la economía tunecina, según un estudio del FMI.

El alto precio de la ‘paz social’

La cantidad de trabajadores públicos ha aumentado exponencialmente hasta casi duplicarse desde la revolución. Uno tras otro, sucesivos gobiernos han usado los empleos públicos para apaciguar el descontento público. “Trabajo, libertad y dignidad” han sido pedidos incesantes de la juventud tunecina, frustrada por la corrupción generalizada y falta de oportunidades. El derecho al trabajo con dignidad y un salario justo está consagrado en la Constitución, y los diversos gobiernos han estado bajo presión para crear empleos. Sin un sólido plan económico y un estado de bienestar, se ha contratado a gente en la administración pública no por necesidad, sino en respuesta a protestas por empleos y justicia social. Kamel Ayadi, exministro de Sector Público, afirmó que los gobiernos contrataron gente para comprar “paz social”. Las protestas callejeras en todo el país de jóvenes desempleados que exigen su “derecho al desarrollo y el trabajo” en Kassrine, Tataouine y otras ciudades resultaron en promesas de empleo público. Esto culminó en 2020, cuando tras meses de protestas de graduados tunecinos, el Parlamento aprobó una ley que garantiza que quienes no han tenido empleo al menos una década deben ser contratados por el sector público, aunque no está claro cómo se implementarán estas medidas, o si serán implementadas.

Además de responder al pedido de empleos, también se usó la contratación en el sector público para otras motivaciones políticas partidarias. Muchos han sido acusados, en particular, el partido islamista Ennahda, de haber contratado masivamente a sus partidarios y leales para garantizar su consolidación de poder. Con el régimen anterior de Zine El-Abidine Ben Ali, los islamistas eran la principal oposición, fueron procesados y se les impidió acceder al poder. Tras décadas de opresión, la nueva dirigencia tras la revolución considera los puestos públicos como una reparación justa y una compensación por la exclusión de antes. El mayor aumento en la contratación pública se dio durante el gobierno de la alianza de la “Troika” entre 2011 y 2014, dirigida por Ennahda. Según el Sindicato Tunecino de Servicios Públicos y Administración Neutral (UTSPNA), el “90 % de designaciones en el sector público con la Troika se hicieron por razones partidarias, regionales o de orientación familiar”. Embajadores y cónsules, gobernadores, magistrados y gerentes en rubros estratégicos como en medios, seguridad y tecnologías de la información fueron contratados entre partidarios, según los informes. En 2012, también se adoptó una controvertida ley de amnistía que concedía empleos en el sector público a más de 7000 personas que fueron heridas en la revolución, como compensación y reconocimiento de su sacrificio.

En entrevista con el joven ingeniero Mohamed*, me dijo “Sucesivos políticos han contribuido a profundizar la corrupción. Han convertido el Gobierno en un mamut disfuncional incapaz de cumplir sus funciones principales. Estas medidas populistas de visión reducida son una receta para el desastre”.

Deterioro de servicios públicos y aumento de salarios

Bajo la presión de la poderosa Unión General de Trabajadores Tunecinos (UGTT), el aumento incontrolado de la cantidad de funcionarios ha ido acompañado de un incremento de los salarios. Según un estudio del Instituto Nacional de Estadística (INS), los sueldos aumentaron un 23,18 % entre 2011 y 2015, y el mayor incremento se produjo bajo la Troika en 2013. Esta combinación ha provocado un fuerte aumento de la factura salarial pública en un presupuesto estatal ya de por sí ajustado. Sin embargo, el aumento de personal y de salarios no se ha traducido en un mejor rendimiento, sino todo lo contrario. La mayoría de los servicios públicos (educación, sanidad, seguridad, etc.) se han deteriorado. El sector privado está llenando el vacío con el florecimiento de escuelas y hospitales privados a un precio que la mayoría de los tunecinos no puede pagar.

“Estos diez años transcurridos desde la revolución, romantizada por Occidente, se han consolidado para nosotros como más miseria y convivencia con el fracaso de las instituciones del Estado. Teníamos servicios que eran magníficos. Pero ahora, todos los días algo se echa a perder. Los servicios básicos, como agua, es ahora de muy mala calidad como para beberla. Compramos agua embotellada. Los transportes están congestionados y son peligrosos. Escuelas y hospitales se han puesto tan malos que debemos ir al sector privado. Pero ¿quién puede pagar?”, me dijo con amargura Salwa*, servidora pública retirada.

Lo más problemático no es tanto el tamaño como el rendimiento de la administración. Como no se basa en necesidades, competencias ni méritos, la productividad y la eficiencia han caído. En 2015, un estudio de la Asociación Tunecina de Lucha contra la Corrupción concluyó que el ausentismo en el sector público era alarmantemente alto y que los funcionarios trabajaban efectivamente un promedio de apenas ocho minutos al día. Los tunecinos han perdido la confianza en las instituciones públicas. Una consulta nacional de la Instancia Nacional contra la Corrupción en 2020 mostró que el 87,2 % de los tunecinos cree que la corrupción ha aumentado gravemente y el 28,5 % declaró haber experimentado al menos una situación de corrupción en 2020.

La mayoría de la clase política y de los ciudadanos están de acuerdo en que el sector público es insostenible y necesita una reforma urgente. Ha habido numerosos intentos de reforma, pero sin ningún avance real. Como en otros sectores, Túnez ha tardado en tomar medidas, ha pospuesto o dado un paso adelante y dos atrás en beneficio de unos pocos, lo que ha obstaculizado el cambio a costa de la mayoría. Los donantes internacionales han contribuido a esta caída de la economía, lo que ha provocado que Túnez solicite urgentemente un préstamo de rescate al FMI. En una región inestable y en un país a puertas de Europa, las prioridades de los donantes han sido consolidar la transición democrática, incluso a costa de mantener a flote un sistema económico disfuncional y fallido. Esto ha tenido un efecto generalizado, creado un ciclo no virtuoso de financiación que no se corresponde con el progreso económico y que, a largo plazo, socava y no apoya la transición democrática.

*Nombres cambiados a solicitud.

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