Guardia Indigena del pueblo Awá. Foto de Silvio Fernández, usada con permiso.

Este reportaje fue originalmente publicada en Servindi, editada por Global Voices.

En Colombia, el pueblo Awá y su tierra están en medio de un conflicto armado y socio ambiental ajeno, pero con víctimas propias. El pasado lunes 7 de junio otros tres comuneros fueron asesinados por un grupo armado ilegal.

Aunque la Corte Constitucional colombiana y la entidad encargada de administrar la justicia transicional del conflicto armado colombiano, la Justicia Especial para la Paz (JEP), reconocieron que el pueblo Awá y su tierra, que llaman Katsa Su (Casa Grande), fueron víctimas de ese conflicto, las violencias siguen. El pueblo Awá se encuentra desplazado y buscando soluciones para sobrevivir.

Silvio Fernández, comunero del Resguardo de Magüí del pueblo Awá en Ricaurte Nariño, explica:

Si bien es cierto que las instituciones y organismos de derechos humanos conocen la realidad de los actores armados en el territorio y cada uno de ellos cumplen su misión de vigilar la violencia, en este último año hemos tenido masacres.

El pueblo Awá, es uno de los aproximadamente 115 pueblos indígenas que hay en Colombia, está ubicado en el suroccidente del departamento de Nariño y el noroccidente de Ecuador en una extensión aproximada de 610 mil hectáreas. Son más de 29 000 personas, quienes en su mayoría viven en Colombia. De enero a abril 2021 se registro 41 asesinatos de personas del pueblo Awá por enfrentamientos entre grupos armados. Se desconoce las cifras exactas de las masacres perpetradas contra el pueblo Awá en años recientes.

En el año 2019, los 32 cabildos agrupados en la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) y su territorio, Katsa Su, casa grande, fueron reconocidos como víctimas del conflicto armado por las acciones violentas entre los años 1990-2016 — cometidas presuntamente por la guerrilla de las FARC y la Fuerza pública.

En la actualidad, no solo han sido víctimas del desplazamiento forzado y el despojo de sus tierras a causa de la llegada de personas provenientes de otras regiones del país, llamados colonos, sino también de los actores armados que disputan el territorio para explotarlo a través del cultivo ilícito de coca, la minería, explotación forestal, megaproyectos e hidrocarburos y otros monocultivos como palma aceitera. Actualmente, enfrentan también el reinicio de la fumigación con glifosato, un herbicido usado para erradicar la planta de coca y que puede tener un impacto negativo en la salud, incluyendo el cáncer.

Tan solo este año, el pueblo Awá dio a conocer las acciones violentas a través de varios comunicados publicados, de grupos armados legales e ilegales, que siguen presentándose: desplazamientos forzados, homicidios, detenciones arbitrarias, minas antipersonal, reclutamiento forzado, confinamientos y falta de libertad para circular, hostigamiento y masacres que impiden el relacionamiento con Katsa Su como lo aprendieron de sus ancestros.

Foto de Claudia Pai, usada con permiso.

“Katsa Su y el pueblo Awá es uno”

El pueblo Awá considera que toda acción contra su medio ambiente, Katsa Su, es una violencia hecha contra ellos mismos. Leidy Pai, mujer Awá, explica:

Como familias Awá, creo que cualquier situación que afecte al territorio, al tejido social, cultural y espiritual de nuestro pueblo y nuestras familias Awá implica ser víctima directa.

La violencia contra la Casa Grande los afecta a todos. En igual sentido se expresa Leidy:

En el territorio es un daño que no se puede entender ni explicar porque el hecho de que los pueblos indígenas creemos en espíritus que viven allí, que convivimos con ellos; al suceder esas masacres y derramamiento de sangre, que hayan torturado a familias enteras, que hayan sacado niños del vientre de dos mujeres, desarmoniza.

Foto de Leydi Pai, usada con permiso.

Las consecuencias del desplazamiento forzado

La violencia interrumpe sueños y proyectos de vida. Al desplazarse forzadamente dejan atrás la Gran Casa, la cultura y las chagras donde cultivan. En Pasto, capital del departamento de Nariño a donde llegan algunos desplazados, añoran cuidar sus animales, cultivar la tierra y cocinar en el fogón, actividades que no pueden realizar en la ciudad.

Claudia Pai, Consejera de la Mujer y la Familia de Unidad Indígena Del Pueblo Awá (Unipa), reflexiona:

Es difícil para los niños en la ciudad y las mujeres son más vulnerables. El rol de transmitir el legado cultural a sus hijos y estar en familia se rompe porque deben trabajar afuera y se aprovechan de ellas, a veces, por su condición de víctimas y desplazadas. Falta que el gobierno ayude en la parte de reparación y ayudas humanitarias porque las que no saben leer y escribir lo pasan peor.

Los habitantes son atemorizados, la circulación en el Katsa Su restringida. Viven con zozobra, no pueden cultivar las chagras usadas por actores armados, hay algunos puntos de los caminos públicos restringidos, horas establecidas para circular debido a los peligros que representan los actores armados.

Otro de los efectos negativos ha sido la militarización. Leidy Pai recuerda:

El ejército llega a unos sitios donde nosotros los Awá no habíamos caminado. Llegaron a unos sitios vírgenes, selvas vírgenes, ellos se ubicaron derribaron árboles para descender sus helicópteros.

A sus 35 años, Aura López, quien vive en Resguardo Nunalbí Alto Ulbí del municipio de Barbacoas (Nariño) ha sido amenazada verbalmente y desplazada forzadamente, varias veces, a la ciudad de Pasto. Se opone al reclutamiento forzado de menores de los grupos armados. Lo explica en este audio:

El pueblo Awá resiste y busca soluciones

Sin embargo, ellos resisten. Las constantes acciones contra su pueblo los llevaron a organizarse, como explica el Plan de Salvaguarda Ëtnica del Pueblo Awá. Crearon la UNIPA, el Cabildo Mayor Awá de Ricaurte (Camawari) y la Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Awá del Putumayo (Acipap) para adelantar acciones conjuntas en favor de su comunidad.

Silvio Fernández sostiene:

Una alternativa de resistencia es no cometer el error de desplazarnos de un lugar a otro, implementar la guardia indígena como control social y territorial y capacitarlos. En Ricaurte, tenemos sitios de concentración en planteles educativos, adecuados para el alojamiento, para que la gente pueda estar y fomentamos la alimentación propia para no depender tanto del pueblo porque en caso de bombardeos y combates, no se puede salir a comprar.

Claudia Pai añade:

Además, cumplir con los acuerdos de paz, la Ley 1448/11 de víctimas y el Decreto 4633 de 2011 de plan de reparación con enfoque étnico y de género. El sistema judicial es lento en atender las necesidades de los pueblos originarios.

La abogada Buitrago de la Comisión Colombiana de Juristas está de acuerdo:

Es indispensable la implementación del Acuerdo Final de Paz, principalmente la aplicación del apartado sobre sustitución de cultivos ilícitos, los cuales mantienen a estas comunidades en constantes enfrentas con los grupos armados en Nariño y Putumayo al negarse a las dinámicas del narcotráfico, desconfigurando a su vez el tejido social y la preservación cultural Awá.

El pueblo Awá resiste en medio de un conflicto que afecta su salud física, su cultura, sus costumbres y la ancestral relación espiritual con otros seres que habitan el Katsa Su. Ante la destrucción, ellos siembran, intentan garantizar su soberanía alimentaria y recuperar la medicina tradicional mientras la justicia llega y las garantías de no repetición se hacen realidad para este pueblo.