Reconocimiento de lenguas regionales: Idas y venidas del Gobierno francés

Captura de pantalla de un video de YouTube de las manifestaciones en Euskadi para la protección de la enseñanza por inmersión.

Desde hace tiempo, Francia practica una política lingüística centrada en la imposición del francés como la única “lengua de la República” que ignora, y que incluso prohíbe el uso de más de más de una veintena de lenguas que se hablan en su territorio europeo. En el siglo XXI, las actitudes han cambiado gracias a un nuevo interés por las culturas regionales, y a nuevas medidas legislativas. Una nueva ley que busca proteger las lenguas regionales, fue aprobada en mayo de este año, ha renovado el debate.

La nueva ley se llama ley del 21 de mayo de 2021 relativa a la protección patrimonial de lenguas regionales y su promoción (conocida también como ley Molac, nombre del diputado Paul Molac que presentó el proyecto de ley) y aprueba as novedades en el uso de lenguas regionales. El texto legislativo reconoce la importancia de esas lenguas en términos generales y les confiere en parte una condición de “tesoro nacional”. De otra parte, para apoyar la enseñanza de lenguas regionales, obliga a las comunas “a contribuir con tasas para los centros públicos que imparten enseñanza bilingüe”.

Sin embargo, la ley tropieza en muchos aspectos y sigue discriminando a los hablantes de lenguas regionales en dos campos: enseñanza por inmersión y empleo de signos diacríticos específicos en lenguas regionales en los documentos de identidad.

En Francia, la enseñanza por inmersión consiste en sumergir a los niños en un curso en el que casi todas las materias se enseñan en el idioma de destino. Así, por ejemplo, historia o matemática se imparten en bretón o euskera. Esa enseñanza se aplica a 14 000 estudiantes que representan el 0,1 % de escolares franceses, cifra que aumenta regularmente.

Bretaña mostró el camino en 1977 cuando creó las escuelas Diwan que proponen una educación bilingüe en más de 50 escuelas. El occitano siguió ese movimiento (escuelas Calandreta) y otras lenguas, como el alsaciano, corso y euskera. Esas escuelas son como asociaciones, financiadas por el Estado y las familias, e imparten un programa escolar aprobado por el Ministerio de Educación nacional con condición de “enseñanza privada bajo contrato”, que también incluye a la mayoría de escuelas católicas privadas, por ejemplo.

En la redacción final del texto de la ley del 21 de mayo, el Consejo Constitucional se refiere al artículo 2 de la Constitución francesa que declara que “El idioma de la República es el francés” para justificar la prohibición de la enseñanza por inmersión en lenguas regionales.

Un estado-nación que impone una lengua única

Para el Estado francés, la centralización es un elemento constitutivo de su identidad, y eso incluye el rol del idioma francés.

El francés es un idioma romance que ha evolucionado del latín que se dividió en la Edad Media en las lenguas de oc y de oïl en el sur y el norte del territorio de la Francia actual.

En 1539, un primer documento impuso el uso del francés, que reemplazó al latín como idioma oficial para todos los documentos públicos. Es la Ia Ordenaza de Villers-Cotterêts del rey Francisco I. Al comienzo, el francés era un idioma minoritario que coexistía con otras lenguas, pero poco a poco se impuso como lengua dominante y exclusiva en todos los campos: gobernabilidad, jurisprudencia, educación, comercio, religión, literatura y medios.

En el siglo XIX, el sistema educativo refuerza ese rechazo a lenguas diferentes al francés, en particular en la esfera del ministro de Educación de la época, Jules Ferry, que prohibió el uso de lenguas regionales a la escuela bajo pena de castigo. Es famosa la frase que se decía en las escuelas públicas del país: “Prohibido escupir en la tierra o hablar en bretón (o euskera, occitano o cualquier otra lengua regional).

Una diversidad lingüística en claro deterioro

Ahora, una institución estatal está a cargo de las lenguas habladas en Francia, la Delegación General de la Lengua Francesa y lenguas de Francia. Divide las lenguas en tres categorías además del francés: lenguas regionales habladas en Francia metropolitana, las lenguas no territoriales, como el yiddish, el romaní o el lenguaje de señas, y las lenguas de ultramar, de las que hay más de 50 lenguas que incluyen kanak, tahitiano y criollo.

Las 23 lenguas regionales oficialmente reconocidas representan una gran diversidad lingüística que constan de lenguas romances (catalán, corso, occitano, francoprovenzal), germánicas (flamenco, alsaciano), celtas (bretón) y no indoeuropeas, como el euskera.

Pero si esas lenguas eran las principales lenguas maternas de millones de franceses hasta el siglo XIX, ahora se estima que esas lenguas tienen dos millones de hablantes, poco menos de 3 % de la población de Francia metropolitana. Es por eso que el Estado debería movilizarse para frenar esa disminución y alentar una renovación lingüística pensada en la diversidad.

Una política cambiante que parece oponerse sistemáticamente a reconocer la pluralidad y defensa del francés

De todas maneras, el Estado francés mantiene una posición ambigua sobre las lenguas regionales, indeciso entre diversidad lingüística y protección minucioso del francés. En 1992, hubo una enmienda a la Constitución de la Quinta República para estipular por primera vez el lugar oficial del idioma francés, mencionado en el famoso artículo 2 para defender el fin de idioma francés que parecía en peligro ante el avance del inglés.

Además, Francia se rehúsa a ratificar los 39 artículos de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias que sustenta de nuevo con una contradicción con el mismo artículo de la Constitución. El tratado del Consejo de Europa de 1992 se propuso salvaguardar la diversidad lingüística en Europa e incluía la “necesidad de una acción resuelta de fomento de las lenguas regionales o minoritarias, con el fin de salvaguardarlas, facilitación y fomento del empleo oral y escrito de las lenguas regionales o minoritarias en la vida pública y en la vida privada; provisión de formas y medios adecuados para la enseñanza y el estudio de las lenguas regionales o minoritarias en todos los niveles apropiados”.

Los cambios se dieron en 2008 en una revisión constitucional que mencionan esas lenguas en el artículo 75-1 de la Constitución: “Las lenguas regionales pertenecen al patrimonio de Francia”. Sobre eso, el único campo en el que se puede notar una relativa participación del Estado es la ayuda financiera que aporta a los programas de radio y televisión que se ajustan a iniciativas privadas, principalmente para el alsaciano, euskera, bretón, corsooccitano.

Manifestaciones y retroceso del Consejo Constitucional

Luego de la aprobación de la ley del 21 de mayo, hubo numerosas manifestaciones en toda Francia, sobre  todo en mayo, para denunciar una censura de la enseñanza por inmersión que depende en gran parte del apoyo financiero del Estado. Se iniciaron peticiones que recuerdan que el artículo 2 de la Constitución se elaboró y presentó como una defensa del francés ante el inglés. Cabe destacar que muchos colegios bilingües francés-inglés practican la inmersión lingüística en Francia y no parecen estar cubiertos por esa ley.

Los activistas también recuerdan que el presidente francés, Emmanuel Macron, ya había defendido las lenguas regionales el 26 de mayo, cuando se opuso a la decisión del Consejo Constitucional que reaccionó el 16 de junio y declaró que la enseñanza por inmersión es anticonstitucional solamente en la enseñanza pública, pero está autorizada en el sector privado.

Ahora, los activistas se inclinan por la definición del término de escuela asociativa, que se puede interpretar como parte de un servicio público. Por tanto, el ping-pong político-legislativo va a continuar. Queda por saber si el 2 de septiembre, los alumnos que hablan alsaciano, euskera, bretón, corso u occitano reencontrarán el camino a sus escuelas.

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