«Por qué The Intercept decidió que Leandro Demori no se sometiera a interrogatorio policial contra nuestro periodismo. Pese a los esfuerzos de algunos, vivimos en una democracia. Nuestra Constitución garantiza la libertad de prensa y protege a la identidad de las fuentes», dice un artículo de The Intercept Brasil | Imagen: Arte por Giovana Fleck.
A principios de junio, un mes después de publicar un boletín de noticias [1] sobre la posible existencia de un grupo de asesinos dentro de la Policía Civil del estado de Río de Janeiro, Leandro Demori [2], periodista y director ejecutivo de The Intercept Brasil [3], recibió un extraño correo electrónico.
«Lo envié a los abogados ya que no sabía si era cierto», dijo a Global Voices. El mensaje le informaba del inicio de una investigación civil por parte de la Policía para investigar su denuncia.
El motivo presentado por la Policía fue que el periodista difamaba a su departamento, la Coordinación de Recursos Especiales (Core). «Y es absurdo. La calumnia contra las instituciones no existe», afirma.
Además, no existe hay leyes brasileñas que restrinjan la difusión de contenidos periodísticos a través de boletines, y la Constitución de Brasil afirma [4]: «Ninguna ley debe contener una disposición que pueda constituir un obstáculo a la plena libertad de información periodística en cualquier plataforma de medios».
El boletín del 8 de mayo, que se envió a los suscriptores de la página web con un texto firmado por el propio Demori, se centró en las acciones del Core [5], que en 2020 se tradujeron en al menos 41 homicidios en las afueras de Río de Janeiro.
Entre los casos enumerados está la matanza de Jacarezinho de mayo de 2020, en la que la Policía mató [6] a 28 personas en una operación ilegal [7] para, supuestamente, combatir a las pandillas de narcotraficantes en la favela de Jacarezinho, en Río [8].
La operación se llevó a cabo a pesar de que el Tribunal Supremo del país había prohibido [9] este tipo de actividad policial en las favelas de la ciudad durante la pandemia. La de Jacarezinho fue la redada policial más mortífera [10] en la ciudad de Río de Janeiro hasta la fecha, según los expertos [11].
La Policía estatal de Río de Janeiro, que incluye unidades militares y civiles, es la responsable de la mayoría de los asesinatos [12] en Brasil por parte de las fuerzas de seguridad, según datos analizados por el periódico Piauí [13].
En 2019, como documentó el Foro Brasileño de Seguridad Pública, Brasil registró [14] que la Policía mató al menos a 5804, 1810 en Río. Una encuesta del instituto Datafolha [15] del mismo año reveló que el 51 % de los brasileños tenía miedo de la Policía y el 47 % no confiaba en las unidades.
En el primer semestre de 2020, las fuerzas policiales mataron a 775 personas en Río, según el medio G1 [16], el mayor número del país en medio de un aumento de asesinatos policiales.
En promedio, los policías de Río mataron a una persona cada diez horas entre enero de 1998 y marzo de 2021, afirma el periódico O Globo [17].
En su artículo, Demori pidió que se investigaran las circunstancias, las intenciones y la culpabilidad de esos asesinatos. The Intercept Brasil tiene antecedentes de reportajes [18] sobre las acciones de las «milicias» [19], nombre coloquial para los grupos paramilitares con policías corruptos [20] entre sus miembros.
Las milicias se remontan [21] a los días de la dictadura militar en Brasil, cuando los escuadrones de la muerte operaban en varios estados brasileños con el supuesto motivo de combatir el crimen organizado y el narcotráfico. En Río, cobraron fuerza como un poder paralelo que luchaba por el control territorial en zonas pobres en las que el Estado estaba casi ausente, como se describe en República de las Milicias – De los escuadrones de la muerte a la época de Bolsonaro [20], libro reciente del periodista Bruno Paes Manso.
Sin embargo, como señaló Demori en el boletín, se desconoce en gran medida cómo y dónde operan las milicias. Plantea la hipótesis de que se beneficiarían de las matanzas de Jacarezinho y otros territorios, con la complacencia de la Policía Civil de Río de Janeiro. También otros editores de varios medios [22] plantearon la misma hipótesis, y definieron la masacre de Jacarezinho como una disputa territorial [23].
Demori no revela si Intercept está trabajando en un informe con pruebas concretas sobre algunos de estos ángulos, pero dice que el boletín es un canal de comunicación «importante y fuerte» y que continuará a pesar de las amenazas.
Según O Globo [24], cuatro días después de que se enviara el correo, el 12 de mayo, los policías del Core intentaron abrir la investigación porque «se sintieron ofendidos».
Uno de los autores de la solicitud de investigación es también uno de los testigos en la investigación que apunta a Demori, el comisario Pablo Dacosta Sartori. Es el jefe de la Comisaría de Represión de Delitos Informáticos (DRCI), división de la Policía Civil.
Sartori es conocido por haber pedido [25] investigaciones contra otros periodistas y personalidades de internet, como Felipe Neto [26], youtubero contrario a Bolsonaro. Esas investigaciones acabaron archivadas [27] por tribunales superiores [28].
Para Demori, la acción del comisario parece ser un ataque personal. «Todo apunta a esto», dice. Una prueba que lo corrobora es que Sartori omitió [29] mencionar una relación previa con el Core: durante tres años, fue jefe del Servicio Aeroespacial de Core, según el medio Congresso em Foco [29].
A Demori lo citaron a declarar en la comisaría de policía el 11 de junio, pero decidió no presentarse. «El Estado policial que viene erosionando la democracia en Brasil no parece interesado en investigar a los policías. En su lugar, prefiere acosar a los periodistas», escribió The Intercept Brasil en un artículo [30] en el que explicaba la decisión de Demori de no declarar.
Los ataques contra periodistas a través de la instituciones, como la Policía, no son inusuales en Brasil. Según un informe [31] de la Federación Nacional de Periodistas (FENAJ [31]), 2020 fue el año más violento desde principios de la década de 1990 para los periodistas. Hubo 428 ataques, incluidos dos asesinatos [32], lo que representa un incremento del 105 % en comparación con 2019.
La Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji) consideró [33] la citación como un intento de coartar el trabajo de la prensa. Una carta [34] de apoyo al periodista publicada en las redes sociales comenzó a recoger firmas.
Manifesto contra intimação de jornalista Leandro Demori @demori [35] pela polícia do Rio já tem mais de 100 assinaturas.https://t.co/pWOXRGVAIU [36]
— Mônica Bergamo (@monicabergamo) June 10, 2021 [37]
«Manifiesto contra citación de periodista de Intercept ya tiene más de cien firmas»
La Policía abrió una investigación contra Leandro Demori para determinar el contenido de publicaciones del periodista sobre la operación en Jacarezinho.
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Manifiesto contra citación del periodista Leandro Demori por parte de la Policía de Río ya tiene más de cien firmas.
Demori dijo a Global Voices que está a salvo y vigilado por guardias de seguridad proporcionados por The Intercept. Según él, la página web y el boletín siguen su horario normal.
A la pregunta de si la táctica de citar a los periodistas para coartar la libertad de expresión es eficaz, respondió «Es efectiva hasta cierto punto, pero no me someto a que se coarte mi libertad constitucional de hacer mi trabajo en mi país. Mientras exista, haré uso de ese derecho como ciudadano brasileño».
En relación con la libertad de prensa en Brasil, Demori subraya que este episodio demuestra que algunos brasileños no parecen apreciar las libertades garantizadas por la Constitución.
«Tal vez no les gusta el país en el que viven y preferirían vivir en una dictadura. Si depende de nosotros, Brasil no irá por ese camino».