Pocas posibilidades de justicia para periodistas asesinados en Colombia

Illustración: Giovana Fleck/Global Voices

Casi el 80 % de los asesinatos de periodistas colombianos quedan impunes, según Ángela Caro, abogada de la organización colombiana Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). No sorprende en un país con un largo historial de violencia contra periodistas.

La FLIP registró 161 asesinatos de periodistas entre 1977 y 2000. Solo en un caso se condenó a todos los implicados en el crimen. Apenas en cuatro casos se condenó al autor intelectual, y en 29 al autor de los crímenes. Desgraciadamente, 127 quedaron en total impunidad y 92 han sido archivados por las fiscalías colombianas.

Estos 161 periodistas asesinados fueron víctimas de grupos paramilitares, grupos criminales, narcotraficantes, miembros de la seguridad pública y de la fuerza pública, y guerrillas como las FARC, el ELN y el EPL. Sesenta y uno de estos comunicadores trabajaban para medios impresos, 64 para emisoras de radio y 16 para la televisión.

Captura de pantalla de la información obtenida por la FLIP.

Los familiares de las víctimas encontraron justicia en contadas ocasiones. El caso de Orlando Sierra, redactor del periódico regional La Patria, de Manizales, asesinado en 2002, es uno de esos casos. Se necesitaron 17 años para condenar al autor intelectual de este crimen, Ferney Tapasco. Es el único caso en el que se condenó a toda la cadena criminal: el sicario, dos colaboradores y el autor intelectual.

Sin embargo, la decisión judicial dejó a sus colegas con un sabor amargo. Fernando Ramírez dijo a Global Voices:

This case was resolved with the same evidence that they had at least 10 years before. If justice is a form of dissuasion to prevent people from committing crimes, impunity in Colombia is almost an incentive, because it is really difficult that someone is convicted even though they are guilty.

Este caso se resolvió con las mismas pruebas que tenían desde hacía al menos 10 años. Si la justicia es una forma de disuasión para evitar que se cometan delitos, la impunidad en Colombia es casi un incentivo, porque es realmente difícil que se condene a alguien, aunque sea culpable.

Cuando un juez declara el asesinato de un periodista como crimen de lesa humanidad, lo que significa que no puede prescribir, el caso se retoma con renovado vigor. Uno de estos casos fue el asesinato en 1986 de Guillermo Cano, director del periódico colombiano El Espectador que había denunciado el papel de los narcotraficantes en la política. Sin embargo, Caro, de la FLIP, dijo a Global Voices:

There are no efforts from the nation's Public Prosecutor Office to get results. Guillermo Cano's case was declared a crime against humanity in 2010, but there is still impunity.

No hay esfuerzos del Ministerio Público del país para obtener resultados. El caso de Guillermo Cano fue declarado crimen de lesa humanidad en 2010, pero sigue habiendo impunidad.

Informes desde las trinchers de la vida

Según Reporteros sin Fronteras (RSF), Colombia ocupa el puesto 134 en la lista de los peores países para periodistas. Los mejores para la libertad de prensa son Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca y Costa Rica.

La impunidad de los crímenes contra los periodistas no es un problema exclusivo de Colombia. Brasil, Honduras y Ecuador también tienen altos índices de impunidad. En América Latina, apenas se persigue uno de cada diez asesinatos de periodistas, explica Ernst Sagaga, responsable de Derechos Humanos y Seguridad de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), en una entrevista con Global Voices.

Entre 2011 y 2020, México, Colombia, Brasil y Honduras fueron algunos de los países más peligrosos para periodistas, afirma RSF. La mayoría de los periodistas asesinados vivían lejos de las grandes ciudades, trabajaban en condiciones precarias a menudo para varios medios e informaban sobre sus comunidades y los agentes del Estado.

En la década de 1980, la violencia contra los periodistas era galopante. La crisis de seguridad era tal que la FIP abrió un centro de solidaridad en Bogotá para ofrecer seguridad a los periodistas, mientras presionaba por su protección ante las autoridades nacionales.

Añadió Sagaga:

Indeed, [the government of] Colombia adopted a protection program for journalists under threat, which is still running today. But the program has a mixed record, especially after journalists lost trust in it because of strong evidence of collusion between security forces running the program and those targeting journalists.

Em realidad, [el Gobierno de] Colombia adoptó un programa de protección para periodistas amenazados, que sigue funcionando hasta ahora. Pero el programa tiene un historial mixto, especialmente después de que los periodistas le perdieron la confianza por las fuertes evidencias de colusión entre las fuerzas de seguridad que dirigen el programa y los que atacan a los periodistas.

A pesar de que los años más crueles pasaron para Colombia, el peligro no desapareció y los periodistas siguen necesitando protección.

Justicia elusiva para periodistas

Según información del Ministerio Público obtenida a través de una solicitud de registro, la dependencia contabilizó 346 delitos cometidos de 1980 a 2020, en los que los periodistas fueron víctimas de homicidio, feminicidio, homicidio de personas protegidas (en referencia a homicidios de personas bajo protección gubernamental) y desaparición forzada.

Captura de pantalla de la información obtenida a través de una solicitud de registros públicos.

Organizaciones internacionales sugieren estrategias para frenar la violencia contra los periodistas en Colombia. Sagaga dice:

Authorities must publicly denounce violence on journalists, investigate, and prosecute them in a credible manner to punish those responsible and deter future similar crimes.

Las autoridades deben denunciar públicamente los actos de violencia contra periodistas, investigarlos y perseguirlos de forma creíble, para castigar a los responsables e impedir futuros crímenes similares.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) cree que Colombia debería centrarse en dotar de personal a las oficinas locales de investigación y promover la transparencia. Natalie Southwick, coordinadora de programas para América Central, del Sur y el Caribe del CPJ, dijo a Global Voices:

While Colombia's (admittedly far from perfect) protection mechanism has been a model for other countries across the region, Colombia lags behind other countries like Mexico or Guatemala that have created national- or state-level prosecutor's offices that specialize in investigating cases of violence against journalists and press freedom violations. These offices are not a solution to impunity on their own but allocating staff and resources specifically to address these crimes allows for more opportunity to investigate such cases and identify the perpetrators and sends a clear public message that the state is prioritizing these cases, which in itself can help discourage more violence against the press. Greater transparency in official processes and regular public updates on the investigations into these cases would also help encourage greater accountability from the state institutions responsible for these investigations.

Aunque el mecanismo de protección de Colombia (que dista mucho de ser perfecto) ha sido un modelo para otros países de la región, Colombia está por detrás de otros países como México o Guatemala que han creado fiscalías a nivel nacional o estatal especializadas en investigación de casos de violencia contra periodistas y violaciones de la libertad de prensa. Estas oficinas no son una solución a la impunidad, pero la asignación de personal y recursos específicamente para abordar estos delitos permite una mayor oportunidad para investigar estos casos e identificar a los autores y envía un claro mensaje público de que el Estado está dando prioridad a estos casos, lo que puede ayudar a desalentar más violencia contra la prensa. Una mayor transparencia en los procesos oficiales y una actualización pública periódica sobre las investigaciones de estos casos también contribuiría a fomentar una mayor responsabilidad de las instituciones estatales responsables de estas investigaciones.

*Esta es una de las cinco historias sobre delitos contra periodistas en Colombia, iniciativa apoyada por la Fundación Justicia para los Periodistas (JFJ), organización no gubernamental con sede en Londres. JFJ financia investigaciones periodísticas sobre crímenes violentos contra trabajadores de medios y ayuda a periodistas profesionales y ciudadanos a mitigar sus riesgos.

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