Eliete Paraguassu, in Pecém, in Ilha de Maré | Photo: Eduardo Machado/Agência Mural
Este texto es de Eduardo Machado y Agência Mural [1] lo publicó originalmente en febrero de 2021. Se reproduce acá en virtud de una asociación para compartir contenido con Global Voices.
Puerto Aratu es uno de los mayores puertos industriales del estado brasileño de Bahía, al noreste del país, ha tenido un gran impacto en la vida de la comunidad en la zona.
A pescadores, recolectores de mariscos y quilombolas en Ilha da Maré les preocupa los impactos ambientales y socioeconómicas en la región. Les preocupa que la contaminación del mar, los ríos y manglares ha impedido que estas familias produzcan su propia comida y la vendan.
El término quilombola [2] se refiere a personas que son parte de comunidades de descendientes de africanos que se remontan a brasileños esclavizados que escaparon y crearon espacios de resistencia, conocidos como quilombos [3] en Brasil. Estas comunidades mantienen una fuerte conexión con su historia y legado, preservan las costumbres [4] y culturas de sus ancestros. Hay más de 500 comunidades quilombolas solamente en Bahía.
Eliete Paraguassu, de 41 años, consejera de quilombola y recolectora de mariscos de la aldea Porto dos Cavalos, dice que las comunidades locales han estado sufriendo décadas de contaminación por químicos producidos por las empresas que alquilan el puerto de Aratu [5].
Paraguassu dijo que se presentaron y se enviaron varias quejas contra la contaminación en la zona a agencias como Naciones Unidas, Amnistía Internacional [6] y la Comisión de Derechos Humanos en Brasil.
«Esta contaminación es un monstruo invisible. Tenemos varios documentos, un informe y varios socios que nos ayuden, pero la pandemia llevó a que no se respondiera al problema», explicó.
Entre los impactos enumerados en el informe está la pérdida de plantas medicinales, como aloe vera y el árbol de pimienta brasileña (conocido como aroeira); contaminación ambiental, sobre todo del agua; y la desaparición de peces, como el pez maría preta, y mariscos como chumbinho.
Los lugareños también señalan que los camiones vierten basura en la carretera, entran a los manglares y matan a los animales.
Según el Centro para Tratamiento de Efluentes Líquidos (Cetrel), empresa privada a cargo de gestionar zonas contaminadas en grandes complejos industriales, se detectaron varias sustancias químicas que el Consejo Nacional Ambiental de Brasil (Conama) califica como peligrosas o muy peligrosas.
Puerto Aratu fue inaugurado en 1975, es una extensión del Centro Industrial Aratu y el Complejo Industrial de Camaçari. Es una de las salidas más importantes de la producción química y petroquímica, que representa el 60 % de ganancias regionales, y gastos por gestión de carga para Empresa De Muelles del Estado de Bahia (Codeba).
Según la empresa, el puerto administra diversos artículos, a la vez que gestiona productos como mineral de hierro, manganeso, cobre, úrea, fertilizantes, nafta, propileno y concentrado de cobre.
Plataformas petroleras en Pecém, frente a Ilha de Maré | Foto: Eduardo Machado/Agência Mural
Según los habitantes locales, los residuos químicos de la industria local se desechan por medio de tuberías a las aguas de la bahía de Aratu.
Maria de Fátima Lima Pereira, de 63 años, es pescadora y presidenta del restaurante colectivo Tempero do Quilombo, en Alto do Tororó, que funciona como empresa cooperativa. Según dice, los proyectos industriales en la zona han empeorado la calidad de vida y transformado el lugar de una comunidad rural a una urbana.
Creció en Maré y recordó que esto empezó cuando tenía 10 años. «El manglar se vio afectado. Se puso arenoso. El barro que era puro y medicinal, se volvió lodo podrido», dijo.
Pereira culpa a las empresas por destruir Matuím, selva de manglares cercada que sirve de importante hábitat para diversos animales como camarón, peces, crustáceos y moluscos.
«Eligieron este lugar para desechar su basura porque lo llaman evolución, yo lo llamo destrucción. A nadie le importan las comunidades. Ganan dinero y la gente se enferma, se consume y muere», dijo.
Marcella Gomes, bióloga y educadora que vive en Ilha de Maré, destacó las posibles consecuencias y riesgos a los quilombolas de la región y comunidades pesqueras. «Muchos de estos contaminantes son carcinógenos», observó.
Alex Santos recoge mariscos en Pecém, distrito de Praia Grande | Foto: Eduardo Machado/Agência Mural
Gomes también señaló otros cambios ambientales. «Las sustancias contaminantes, sobre todo a largo plazo, causa impactos en el ecosistema marinos con alteraciones en la calidad de agua y en la dinámica de la cadena trófica [7], mientras la muerte de de los organismos más vulnerables desequilibra toda la cadena alimenticia».
Alex Santos da Silva, de 19 años, es recolector de mariscos y vive en la comunidad quilombola de Bananeiras cerca de Puerto Aratu, es uno de los pocos hombres del sector marisquero en Pecém, distrito de Praia Grande. Para él, estos impactos ya se notan en la flora local.
«Todos los huertos de mango, limón y árbol de jaca están muriendo por la contaminación. No conozco las sustancias, pero Puerto Aratu las ha estado devastando», dijo.
Reconocimiento y silenciamiento
Las comunidades quilombolas de Ilha de Maré y Alto do Tororó han estado luchando por el reconocimiento de su identidad étnica y la demarcación de sus tierras tradicionales desde comienzo de la década de 1990.
Cerca de 400 familias de las comunidades tradicionales de Ilha de Maré en los distritos de Bananeiras, Martelo, Ponta Grossa, Porto dos Cavalos y Praia Grande fueron reconocidas oficialmente entre diciembre de 2004 y septiembre de 2005, de la Fundación Cultural Palmares [8], agencia [8] vinculada al Ministerio de Ciudadanía, responsable de registrar y emitir documentos oficiales para las comunidades quilombolas.
Sin embargo, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) aún debe demarcar las tierras de quilombolas que ya han reconocido y certificarlas.
El territorio quilombola de Ilha de Maré, que abarca 644.7 hectáreas, está en la región metropolitana de Salvador [9]. La historia de estas comunidades está entremezclada con las historias conocidas y desconocidas de Brasil, pues están ubicadas donde empezó la colonización portuguesa, refugio seguro de tierras fértiles para producción de tierras y agua.
Con la muerte y desplazamiento de los pueblos indígenas y el tráfico de africanos, los negros esclavizados que huyeron de las plantaciones azucareras lo convirtieron en su «lugar en la isla».
Fernanda Bianca Gonçalves Galo, graduada de historia con grado en Estudios Éticos del Centro para Estudios Afroorientales (Ceao), cuestionó la violación del derecho quilombola a la consulta previa. Pese a que la zona de la tierra está reconocida por la Fundación Palmares y el territorio es un Área de Protección Ambiental (APA), sostuvo que hay centros industriales que se han desarrollado en la región a expensas de esta «zona sacrificada».
Afirmó que no se consultó a ninguna comunidad quilombola o pesquera. «Uno de los factores que contribuyen con este no reconocimiento o silencio son las grandes empresas que están en la zona circundante. Hay desarrollo, pero no se escucha a las comunidades, obviamente porque son poblaciones que a nadie interesan», dijo.
En un comunicado, el Instituto de Ambiente y Recursos Hídricos (Inema), organización gubernamental del estado de Bahía, dijo que supervisa la calidad del agua a través de sus direcciones técnicas en la bahía de Aratu, que trabaja con diversas actividades ambientales para supervisar las empresas que operan en la región.
El instituto también dijo que actualmente hace estudios sobre la región, y verifica el cumplimiento de las normas que emite.
Codeba afirma que no hay «industrias petroquímicas» que operen en el Puerto Organizado de Aratu-Candeias, por lo que no hay «procesamiento» de productos químicos.
Entendiendo que el ambiente pertenece al público y que se debe salvaguardar y proteger, la empresa dice que actúa sistemáticamente en línea con las buenas prácticas ambientales en la zona del Puerto Aratu, incluido Ilha de Maré, en cumplimiento de las normas legales establecidas para las actividades portuarias.