Este artículo fue escrito por un@ autor@ en Cuba bajo el pseudonimo de Luis Rodriguez para su seguridad. Esta selección de música cubana es cortesía de Global Voices y Spotify.
Han transcurrido más de dos meses después de las inéditas protestas del 11 de julio en Cuba, donde miles de cubanos salieron a las calles para exigir libertad de expresión y necesidades básicas como comida y medicina. De esos históricos días solamente ha prevalecido en el imaginario social el descontento ante problemas que lejos de solucionarse se agravan cada día más. Muchos dentro de la isla y fuera de ella se han preguntado las razones por las cuales el estallido social del 11J que sorprendió al régimen no trajo los resultados esperados.
La represión desatada sobre los manifestantes ha instaurado un miedo generalizado entre aquellos que han intentado volver a salir a las calles a protestar. El Estado mantiene un control absoluto de los medios de comunicación y ha apelado a todos los recursos disponibles para manipular la narrativa sobre los hechos, pues declaró que los que protestaron son «delincuentes e insatisfechos».
Por tanto, ¿qué ha cambiado en Cuba? Es una pregunta que suelen hacérsela millones de cubanos que continúan agobiados con la escasez de alimentos, los continuos apagones, la falta de medicamentos y la permanente represión que continúan sometidos por un régimen que intenta imponer su ideología.
Hasta la fecha, aún hay 437 detenidos de las protestas de los 949 originalemente retenidos, segun la ONG de defensa de derechos humanos Cubalex, basada en los EEUU. Además, «solamente 62 personas han sido juzgadas y el delito predominante imputado a 53 de los procesados — ha sido desorden público, aunque también hay acusaciones de desacato, resistencia, instigación a delinquir y daños, según el diario oficial Granma», pero son cifras oficiales divulgadas por medios internacionales. Prácticamente nadie dentro de Cuba tiene acceso a la información definitiva de los arrestados.
Las claves sobre la desinformación al respecto radican en que, a diferencia de otros países, en Cuba el gobierno no permite que las instituciones penitenciarias ni judiciales sean monitoreadas por organizaciones u ONGs como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
Por tanto, la escasa información que les llega sobre el tema a través de fuentes cubanas como El Observatorio Cubano de Derechos Humanos y otras asociaciones disidentes que operan bajo la ilegalidad con escaso acceso a información confiable al respecto, razones que explican lo poco que conocemos sobre la situación de los detenidos.
Los arrestados son en su gran mayoría personas corrientes y líderes de la oposición, como Luis Manuel Otero Alcántara, el primer líder del Movimiento San Isidro que había sido liberado tras permanecer recluido en el Hospital Calixto García durante un prolongado tiempo pero al intentar sumarse a las protestas fue encarcelado en una prisión de máxima seguridad, donde permanece todavía.
En el caso de José Daniel Ferrer, líder de organización conocida como UMPACU en Santiago de Cuba, encarcelado en Cuba en diversas ocasiones y considerado el líder más importante de la oposición tradicional fue sentenciado nuevamente a cuatro años de prisión. Otra figura como el rapero Maikel Osorbo, protagonista en el video clip Patria y Vida, había sido arrestado antes de las protestas del 11J y aún no ha sido juzgado.
El sector de los artistas e intelectuales no permaneció al margen de las protestas, al protagonizar uno de los hechos menos conocidos de los acontecimientos cuando un grupo de artistas acudieron a las afueras del ICRT (Instituto de Cine, Radio y Televisión) exigiendo el derecho legítimo de comparecer en la televisión con el fin de brindar a la población información trasparente sobre los sucesos y fueron reprimidos violentamente.
Diágolos y Ley Mordaza
En la Cuba post-11J hay el intento desesperado del régimen por minimizar el descontento social y cambiar su imagen ante el mundo al crear supuestos espacios de diálogo con diferentes sectores de la sociedad civil, como artistas, religiosos, líderes populares de los barrios, sin promover espacios de diálogo con sectores de la oposición política como suele ser en otros países, inclusive hasta en Venezuela, aliado político de Cuba.
Según Julio Cesar Guanche, para profundizar ese impostergable diálogo con la sociedad civil el gobierno debe “revisar la situación judicial y legal de los detenidos, los juicios sumarios y reconocer el derecho de manifestación pacífica”. No actuar sobre ello seguiría siendo un gran problema para esa misma posibilidad de diálogo que el Gobierno está tratando de desarrollar.
En la esfera de las comunicaciones, dos aspectos nos ofrecen luces sobre cómo el Estado ha intentado manejar la crisis, al rebajar los precios para acceder a internet y contradictoriamente ha promulgado el nuevo Decreto No. 35 sobre el flujo de información en las redes sociales. Este expresa que cualquier ciudadano que promueva falsas noticias e incite a la violencia en las redes puede ser juzgado. Muchos en Cuba han asociado el referido decreto a su agónico intento por aplicar una ley mordaza a la libertad de expresión de los cubanos.
Ante ese panorama frustrante pudiera llegar a la conclusión que ese despertar de la nación cubana fue algo estéril que no trajo los cambios que queríamos, pero las lecciones históricas derivadas de esas jornadas también nos ofrecen luces sobre esos sucesos. Por primera vez en décadas, los cubanos salieron masivamente a lo largo de la isla a reclamar sus derechos, la gran mayoría de manera pacífica. En las palabras del el politólogo e historiador cubano, Armando Chaguaceda, “Cuba entendió que tenía el derecho de tener derechos”.
El 20 de noviembre habrá una nueva marcha para pedir que liberen a los presos políticos y abogar por más democracia. Nada ni nadie podrá detener el curso de la historia de una nación que el 11J comprendió que el único camino para la libertad es a través de una transición política y pacífica en Cuba.