Ilustración de Giovana Fleck, usada con permiso.

Las restricciones a la democracia del presidente venezolano, Nicolás Maduro, se han apoyado en la tecnología para establecer mecanismos de control social y coartar la libertad de expresión en internet. Quienes critican al Gobierno venezolano han señalado que este busca emular el Estado vigilante que predomina en China, que ha exportado ávidamente su modelo a Venezuela.

En junio de 2021, un informe de la relatora especial de Naciones Unidas por el Derecho a la Libertad de Reunión y Asociación Pacífica para el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló que el Gobierno venezolano restringía el acceso a Twitter, Facebook e Instagram en contextos de protestas. El informe de Libertad en la Red , publicado por Freedom House, concluye que Venezuela «no es libre».

A este respecto, la participación de China en el desarrollo de mecanismos usados para socavar la democracia y los derechos humanos en Venezuela se vuelve de particular interés cuando se analiza la naturaleza de las relaciones bilaterales. Durante años, activistas y periodistas han señalado que el Gobierno se hacía cada vez más eficaz en implementar los mismos mecanismos que se ven en China para restringir e, incluso, bloquear el acceso a internet.

Cuando Hugo Chávez llegó al poder, hace más de veinte años, Venezuela se convirtió en uno de los aliados más fervientes de China dentro de la región. Durante estas dos décadas, los países compartieron una narrativa común de antiimperialismo y resistencia frente al orden liberal internacional encabezado por Estados Unidos. Venezuela se volvió la beneficiaria y receptora de casi la mitad de los préstamos que hizo China a América Latina.

En los medios sociales y digitales, existe un debate constante sobre cuáles son los objetivos finales de la «asociación estratégica integral» que promueven ambos Gobiernos. Diversos observadores consideran que es meramente económica y solo existe porque China percibe un beneficio económico directo. En cambio, otros creen que Venezuela no es más que un peón para un objetivo mayor de China de desafiar el poder de Estados Unidos y, por lo tanto, el apoyo de China al gobierno de Maduro es también una estrategia geopolítica.

Sin embargo, las particularidades de la supuesta participación china en estas prácticas antidemocráticas de Venezuela constituyen un enigma. Existe muy poca información oficial sobre los acuerdos bilaterales de ambos países entre 2000 y 2020. Periodistas independientes y organizaciones de la sociedad civil se han dado a la tarea de unir las piezas de algunos aspectos críticos y consecuencias de estos acuerdos, pero los detalles siguen siendo escasos.

Con el aumento de la represión y la censura en Venezuela, las actividades de una empresa china en particular han despertado cada vez más interés: la empresa estatal China National Electronics Import & Export Corporation (CEIEC), una de las principales responsables de proveer al Gobierno venezolano con los medios digitales para silenciar y perseguir a quienes lo critican.

Sin embargo, CEIEC no es una empresa de tecnología más: Es una de las mayores contratistas militares de China y una de las pocas empresas de defensa autorizadas por el Gobierno chino para vender al exterior.

CEIEC en Venezuela: Una tradición de negocios opacos

No es la primera vez que CEIEC hace negocios con el Gobierno venezolano. En 2005 y 2014, Venezuela adquirió radares y puestos de mando fabricados por esta empresa en el marco de una serie de acuerdos de cooperación de defensa.

Según su página web, CEIEC ayuda a sus clientes a enfrentar los desafíos que presentan las «amenazas a la soberanía, los desastres naturales, las crisis sociales y el desarrollo económico» con software, equipamiento e infraestructura para la defensa, la seguridad pública y la identidad digital. Para 2019, contaba con 24 sucursales en el exterior y tenía presencia en 160 «países y regiones».

En 2013, Venezuela pagó a la empresa mil millones de dólares estadounidenses para desarrollar un sistema de seguridad pública que abarcaba la instalación de 30 000 cámaras de seguridad y centros de mando nacionales, regionales y municipales interconectados por sistemas de telecomunicaciones independientes. El proyecto buscaba apoyar la iniciativa del Gobierno para combatir uno de los mayores índices criminales del mundo. Pero no logró sus objetivos, entre otras razones, porque el acuerdo no se implementó en su totalidad.

En 2016, CEIEC vendió al Gobierno venezolano un sistema de vigilancia para el servicio penitenciario que apuntaba a «garantizar la seguridad, el orden, la disciplina y los derechos humanos» dentro de las prisiones venezolanas.

Resultan aún más difíciles de precisar algunos acuerdos más recientes en materia de telecomunicaciones, y esto es señal de que deben ser sumamente confidenciales para ambos países.

En noviembre de 2020, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó a CEIEC por ayudar a Maduro a socavar la democracia, con «estrategias para restringir los servicios de internet, y llevar a cabo vigilancia digital y operaciones informáticas contra la oposición política». Según la OFAC, CEIEC vendió a Venezuela la versión comercial del «Gran Contrafuegos de China», sistema nacional de filtrado y serie de protocolos dictado por Pekín que impide que los contenidos políticamente sensibles ingresen a la red nacional.

Las sanciones suscitaron un debate sobre la naturaleza de las operaciones de CEIEC en Venezuela, y la falta de información oficial ha sido tierra fértil para el surgimiento de muchas teorías. No es la primera vez que Estados Unidos impone medidas coercitivas sobre CEIEC. Entre 2006 y 2008, el Departamento de Estado estadounidense sancionó a la empresa por infringir la Ley de No Proliferación de Irán, Corea del Norte y Siria, cuyo fin es impedir que estos tres países adquieran equipamiento o tecnologías que puedan usar para desarrollar armas de destrucción masiva o sistemas de control de cruceros o misil balístico.

En 2020, durante una entrevista en un conocido programa en línea, William Peña, periodista caraqueño especializado en telecomunicaciones y tecnologías de la información y la comunicación, declaró que CEIEC exportó y gestiona software que recopila datos de los venezolanos, y eso ayuda al Gobierno a ejercer control social mediante el acceso a la salud y a los muy necesarios subsidios gubernamentales. En 2019, otra empresa china, ZTE Corporation, fue sometida a escrutinio público por su rol significativo en el desarrollo de este sistema para el Gobierno.

Según explica Peña, CEIEC también brindó asistencia técnica al Gobierno venezolano para llevar a cabo actividades de espionaje a periodistas y líderes de la oposición, regular la velocidad de internet y bloquear transmisiones digitales.

La periodista opositora Ibéyise Pacheco atribuye a CEIEC un rol aún más turbio. En un artículo de opinión del Diario Las Américas de abril de 2021, escribió que la corporación china había tomado el control de la empresa estatal de telecomunicaciones venezolana, CANTV (Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela) –principal proveedora de internet en el país–, y que desde sus oficinas en Caracas sabotea e intentaba hackear el software militar de los países hostiles hacia el Gobierno de Venezuela.

Por su parte —y sin dar información alguna sobre las actividades de CEIEC en Venezuela—, el Gobierno venezolano repudió las sanciones, alega que Estados Unidos atacaba a una empresa internacional que «proveía servicios» a Venezuela. Otros funcionarios del Gobierno y medios oficialistas insinuaron que las sanciones afectarían el acceso a internet en el país, que ya está entre los más lentos del mundo. Según esta narrativa, las sanciones son un intento de sabotaje contra una empresa que busca mejorar el acceso a internet en Venezuela.

Grupos expertos independientes han refutado esas afirmaciones señalando que CEIEC no provee equipos de telecomunicaciones directamente al público venezolano, y que sus proyectos no tienen relación alguna con la infraestructura de internet.

La mayoría de las veces que los medios chinos mencionan a CEIEC y a Venezuela hacen referencia a las sanciones de Estados Unidos y a la reacción del Gobierno chino, que criticó fuertemente la medida pues considera una interferencia sobre los asuntos nacionales y una coacción indebida contra las empresas venezolanas y chinas.

La creciente influencia china sobre las telecomunicaciones

De acuerdo con un informe publicado por el Capítulo Venezolano de Transparency International sobre los acuerdos bilaterales entre China y Venezuela durante las últimas dos décadas, el sector de telecomunicaciones es el segundo con mayor cantidad de acuerdos (51), solo después de la producción de hidrocarburos en Venezuela. Entre los proyectos financiados dentro de este marco de cooperación, se destacan el lanzamiento de tres y, posiblemente, cuatro satélites y los proyectos para traer la tecnología 5G a Venezuela.

En vista del deterioro de la empresa estatal venezolana de telecomunicaciones CANTV por la corrupción, la mala administración y la falta de inversión, tanto periodistas como usuarios de redes sociales especulaban si la empresa había sido adquirida o la iban a adquirir inversionistas de China, en principio, para mejorar la provisión de acceso a internet. Entre las empresas mencionadas estaban Huawei y CEIEC.

Con la falta de transparencia en torno a la relación de China con Venezuela, es difícil confirmar qué papel juega exactamente China en las telecomunicaciones de Venezuela y cómo afecta los derechos digitales y la libertad de expresión de los venezolanos.

Este artículo es parte de una investigación de Civic Media Observatory sobre las narrativas divergentes en cuanto a la «Iniciativa de la Franja y la Ruta» de China, y que explora las diversas percepciones de las sociedades y las comunidades sobre los potenciales beneficios y perjuicios del desarrollo liderado por China. Haz clic aquí para saber más sobre este proyecto y su metodología.