Los videos y las declaraciones del portavoz militar egipcio son la única fuente de información sobre los acontecimientos en la región, en pleno apagón mediático impuesto por el Estado. Captura de pantalla de un video de propaganda que ha provocado llamados para investigar a los soldados que supuestamente están llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales en el norte del Sinaí.

La Fundación de Derechos Humanos del Sinaí (SFHR) publicó un informe que afirma que hasta 112 civiles murieron en 2019 y 2020 como resultado de los enfrentamientos entre ambas partes. La fundaacion es un grupo de activistas e investigadores de origen local que supervisa las violaciones contra los civiles cometidas por el Ejército y los militantes extremistas en la península egipcia.

El informe se publicó el 30 de septiembre con el título «Sólo queremos vivir«, que se tomó de la frase de uno de los 212 habitantes del Sinaí citados en sus páginas. Manifiesta que que 25 de los muertos por el fuego del Ejército y de los militantes eran niños y 22 eran mujeres. Los civiles heridos durante ese periodo fueron 134, de los cuales 36 eran niños..

El norte del Sinaí, triángulo en gran parte estéril encerrado entre el enclave bloqueado de Gaza y el territorio continental de Egipto, ha sido el escenario de una campaña antiterrorista que ya lleva años, ya que la rama local del Estado Islámico, conocida como la Provincia del Sinaí, echó raíces en la región. Desde este punto de apoyo, organizó ataques mortales contra tropas, policías y funcionarios del Gobierno, y contra turistas y miembros de la minoría religiosa copta del país.

En respuesta a la muerte de miles de personas a manos de los militantes, el Ejército egipcio emprendió varias campañas militares para desarraigar a los insurgentes. Sin embargo, al mismo tiempo endureció su control sobre los habitantes de la región, que fueron víctimas de los violentos crímenes cometidos por ambas facciones en guerra. Un toque de queda restringió los movimientos dentro y fuera de la región, y negó el acceso a los periodistas independientes, e impuso una mordaza a los medios sobre las actualizaciones, a menos que las declaraciones fueran emitidas por las fuerzas gubernamentales.

Ahmed Salem, director ejecutivo de SFHR, dijo:

The number of abuses recorded in the report shows a non-written agreement between the conflicting parties on the disregard for human rights or the lives and dignity of the people of Sinai, which led to vast areas of Sinai becoming unsuitable for life, where abuses and violation of civilians are rampant.

El número de abusos registrado en el informe muestra un acuerdo no escrito entre las partes en conflicto sobre el desprecio a los derechos humanos o a la vida y la dignidad de los habitantes del Sinaí, lo que ha llevado a que vastas zonas del Sinaí se conviertan en zonas no aptas para la vida, donde proliferan los abusos y la violación contra civiles.

El informe documenta cinco incidentes de ataques aéreos militares contra viviendas civiles, en los que murieron 30 civiles y otros 22 resultaron heridos. Casas, escuelas y centros médicos han sido blanco de los ataques, según el informe. Los civiles se vieron obligados a huir de sus casas, mientras que los disparos aleatorios de los soldados –sin una amenaza real o peligro inminente– dejaron 26 civiles muertos y otros 33 heridos.

En su informe, el SFHR también pone en duda la exactitud de las afirmaciones del Ejército y del Ministerio del Interior de que los muertos por acción del fuego de las fuerzas de seguridad eran terroristas. Tras analizar decenas de declaraciones de prensa en las que se declaraba que la muerte de 158 personas fue a causa del Ministerio del Interior, y que 548 personas murieron por acciones del Ejército, el SFHR afirmó:

The Foundation found compelling evidence that government authorities provided false information in three official statements published by spokespersons for the Ministries of Defense and Interior, which raises several questions about the credibility of these statements and the legality of the killings.

La Fundación encontró pruebas convincentes de que las autoridades gubernamentales dieron información falsa en tres declaraciones oficiales publicadas por los portavoces de los Ministerios de Defensa e Interior, lo que plantea varios interrogantes sobre la credibilidad de estas declaraciones y la legalidad de los asesinatos.

El 5 de agosto, Amnistía Internacional hizo pública una declaración en la que instaba al fiscal general de Egipto a «investigar urgentemente lo que parecen ser ejecuciones extrajudiciales por parte de miembros del ejército en el norte del Sinaí». Comentando un video de propaganda militar publicado por el portavoz de las fuerzas armadas egipcias unos días antes, Philip Luther, director de investigación y promoción de Amnistía Internacional para Oriente Medio, fue citado en la declaración:

“The deeply disturbing footage in this Egyptian military propaganda video, which celebrates the armed forces’ deliberate cold-blooded killings of two unarmed people clearly not posing a threat to life, offers a glimpse of the shocking crimes committed in the name of countering terrorism in Egypt.

Las muy perturbadoras imágenes de este video de propaganda militar egipcia que celebran los asesinatos deliberados a sangre fría de las fuerzas armadas de dos personas desarmadas que claramente no suponían una amenaza para la vida, ofrecen una visión de los espantosos crímenes cometidos en nombre de la lucha contra el terrorismo en Egipto.

El video muestra a una persona que dormía en una tienda de campaña improvisada y recibió disparos a corta distancia de un soldado. En otro video, se ve a un hombre desarmado corriendo en el desierto mientras las balas perforan su cuerpo y que finalmente cae al suelo.

A lo largo de los años, desde el inicio del toque de queda impuesto en el norte del Sinaí en octubre de 2014 y el consiguiente bloqueo de los medios, los habitantes de la región y quienes los apoyan han escrito sobre muchos casos de ejecuciones extrajudiciales, y de como otras violaciones que han enfrentado, a través la etiqueta #سيناء_خارج_التغطية o Sinaí sin cobertura.

Mientras tanto, las tropas gubernamentales egipcias han gozado de total impunidad, sin confesar nunca haber dañado intencionalmente a los civiles. Sin embargo, el 10 de febrero, en un reconocimiento sin precedentes de la pérdida de vidas civiles desde el comienzo de estas campañas antiterroristas, el Consejo Nacional para los Derechos Humanos, que tiene carácter semioficial, afirmó que 1836 civiles habían muerto en el fuego cruzado y .915 habían resultado heridos.

Según el informe del SFHR, también se han producido decenas de detenciones arbitrarias de habitantes en el norte del Sinaí, con muchos que habrían estado retenidos durante meses sin cargos, mientras que otros –incluidos mujeres y niños– fueron capturados para presionar a sus familiares para que se entregaran a las fuerzas de seguridad.

En marzo, Human Rights Watch emitió un comunicado en el que afirmaba que, entre finales de 2013 y julio de 2020, el Ejército egipcio destruyó al menos 12 350 edificios cuando creó una zona de amortiguación a lo largo de las fronteras con Gaza. HRW dijo que las continuas «demoliciones de viviendas y desalojos forzados del Ejército egipcio durante el conflicto armado en la gobernación del norte del Sinaí son violaciones del derecho internacional humanitario, o de las leyes de la guerra, y probablemente equivalen a crímenes de guerra«.

El informe añade que los militantes de la provincia del Sinaí llevaron a cabo su propio conjunto de crímenes y violencia contra los civiles en el norte del Sinaí, y que mataron, secuestraron y torturaron a cientos de habitantes a lo largo de 2019 y 2020. Esto parece haber sido principalmente por motivos religiosos, ya que sus objetivos eran coptos y sufíes. Los militantes son hostiles a estas minorías religiosas, pues las consideran partidarias de un régimen que sigue persiguiendo a los partidarios, predominantemente islamistas, del expresidente Mohamed Morsi, que fue destituido del poder en un golpe de Estado en 2013.

Según el informe, decenas de civiles fueron ejecutados por la filial local del Estado Islámico con el pretexto de que apoyaban al Gobierno o trabajaban en proyectos económicos afiliados al Ejército egipcio. Además, los militantes ejecutaron a algunos de los soldados que capturaron, lo que, según la SFHR, constituye un crimen de guerra.

El informe también documenta que 23 civiles, en su mayoría mujeres y niños, resultaron heridos por artefactos explosivos, y que otras 22 personas murieron por las bombas colocadas por el grupo terrorista.