La crisis política y social, culpable del «desastre COVID-19″ en Bulgaria

Personal de seguridad comprueba los pasaportes COVID-19 de los visitantes a un centro comercial de Sofía, 6 de noviembre de 2021. Foto de Ruslan Trad, utilizada con autorización.

Se podría pensar que la crisis política, la falta de gobierno y la convocatoria de las terceras elecciones parlamentarias consecutivas en un año son situaciones lo suficientemente duras para Bulgaria, pero el 1 de noviembre, este país, que tiene una población de casi siete millones de personas, volvió a batir un trágico récord con el COVID-19: más de 6000 nuevos casos y más de 300 muertos. Para muchos habitantes de Bulgaria, resulta casi imposible describir el fracaso, la tragedia y la terquedad que han llevado a esta situación.

Bulgaria tiene el menor índice de vacunación de la Unión Europea, y en medio de la agitación política, medran las dudas generalizadas sobre las vacunas, azuzadas por la desinformación y por una campaña de sensibilización poco convincente. Mientras la crisis COVID-19 se acrecienta y afecta cada vez a más sectores de la economía y la sociedad, el Estado búlgaro pone fin a más de una década de gobierno del primer ministro Boyko Borisov y su partido Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria. Borisov dejó el cargo después de casi un año de protestas contra la corrupción, marcadas por la violencia policial y el espionaje a oponentes políticos e incluso a manifestantes.

Esta situación tóxica venía precedida por escándalos de impunidad relacionados con el fiscal general, Ivan Geshev, que se negó a investigar a políticos y hombres de negocios búlgaros sancionados en junio por el Gobierno estadounidense en aplicación de la ley Magnitsky por vínculos con corrupción y abusos de los derechos humanos. El escándalo se convirtió en una de las causas principales de división entre la élite política, y aunque el gobierno interino publicó una lista de 33 empresas y 21 personas conectadas con magnates en la lista negra, la judicatura todavía no ha tomado medidas contra ellas. Hay que señalar que Bulgaria es el único país miembro de la Unión Europea que tiene ciudadanos en esta lista.

Pruebas rápidas de COVID-19 para los visitantes de un centro comercial de Sofía, 6 de noviembre de 2021. Foto de Ruslan Trad, utilizada con autorización.

Aunque Bulgaria reaccionó rápidamente en un principio con medidas drásticas contra el COVID-19 en marzo de 2020, la gestión posterior de la pandemia de Borisov recibió fuertes críticas, ya que el país se vio severamente afectado durante los meses que siguieron, después de que relajaron las restricciones a mediados de ese año. Los ministros interinos nombrados por el presidente Rumen Radev, con quien Borisov ha mantenido una larga pugna, no lo han hecho mejor. Las estadísticas son sombrías: en octubre de 2021 murieron 3117 personas con COVID, y el número de casos en un solo mes fue de 100 330, según informó Sofia Globe. Noviembre puede ser incluso peor, con todas las protestas convocadas contra las medidas de contención.

Hacia comienzos de noviembre, todo el territorio de Bulgaria se encuentra en las llamadas «zonas rojo oscuro», donde las infecciones de COVID-19 sobrepasan de 800 por 100 000 habitantes. Se espera un confinamiento parcial si el número de nuevos casos superan los 1000/100 000, que ya es un hecho en la parte oeste del país, incluida la capital.

Muertes diarias confirmadas de COVID-19 por millón de personas, promedio a una semana de Bulgaria, la Unión Europea y Europa. Gráfico de Our World in Data (CC BY 4.0).

Con un trasfondo de desinformación creciente y difusión de noticias falsas, a principios de noviembre había más de 7000 personas hospitalizadas. En la mayoría de las municipalidades, no hay camas de UCI disponibles. Un médico que trabaja en una de las unidades COVID-19 más ajetreadas de Sofía dijo el 28 de octubre:

«Ruslan, I don't know when I will return home – probably not this week.»

«No sé cuándo volveré a casa, probablemente no esta semana».

Mientras los propietarios de restaurantes protestan contra los certificados COVID-19, en las zonas rurales del país la situación es sombría, y en muchos hospitales no quedan camas.

En el noroeste de Bulgaria, en las provincias de Vidin, Montana, Vratsa y Lom, no hay personal hospitalario. A menudo se ven por las carreteras ambulancias que se dirigen a hospitales regionales. La situación es similar en otras partes de Bulgaria, y aún así, una mayoría de personas sigue resistiéndose a la vacunación.

Mi prima es médica cerca de Tarnovo, tiene más de 70 años y sigue trabajando. Sí, Bulgaria tiene que vacunar a más gente, los médicos lo están pasando mal.

Como hemos mencionado, la situación política contribuye a la crisis: el país lleva más de un año de elección en elección. Se ha intensificado la difusión de noticias falsas y desinformación, incluida la aparición de sitios web de contenido falso y cuentas en medios sociales que utilizan información personal robada de médicos. Hay en marcha varias investigaciones, que no han arrojado resultados hasta ahora. Los partidos políticos no toman posiciones decisivas sobre la vacunación en este momento crucial, y según los médicos con los que hemos hablado, ya podemos hablar de un «desastre COVID-19″.

En lugar de crear una campaña unificada para explicar la situación y por qué es importante que la gente se vacune, políticos de todos los colores del espectro compiten en silencios y  declaraciones confusas. Con las elecciones parlamentarias y presidenciales del 14 de noviembre a la puerta, nadie dudaba de que estas posiciones se mantendrían inamovibles por temor a perder votantes. Se espera una baja participación, alimentada por la apatía y la frustración generalizada, y la crisis del COVID-19 contribuye aún más a esta situación.

La pesadilla búlgara de COVID que nadie quiere tener.
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«Cada día Bulgaria pierde el equivalente de un accidente de aviación». Bulgaria tiene la tasa de muertes más alta del mundo, pero sus líderes no parecen querer hacer nada para paliarla mientras se acercan las elecciones de noviembre.

Además, uno de los sindicatos policiales búlgaros anunció en octubre que se opone a la introducción de los certificados COVID-19. La Policía insiste en una campaña de concienciación y una moratoria, ya que solo un 30 % de los miembros del cuerpo han recibido la vacuna hasta ahora.

El uso de la crisis de COVID-19 para obtener dividendos políticos ha provocado más manifestaciones. A finales de octubre, el ministro de Educación, Nikolai Denkov, fue atacado por simpatizantes del grupo ultranacionalista Vazrazhdane (Resurgimiento), una de las principales fuerzas tras las protestas contra las medidas restrictivas por COVID-19. Afortunadamente, el ministro no sufrió heridas de consideración, pero el caso refleja las tensiones y las graves consecuencias que puede tener una crisis no resuelta.

Los simpatizantes de Vazrazhdane, cuyo líder concurre a las elecciones presidenciales, aunque está acusado de tener fuertes vínculos con el Kremlin, suelen usar el descontento social para conseguir visibilidad. Por ejemplo, el ataque al ministro Denkov se produjo durante una protesta de médicos.

Otro grupo nacionalista ha provocado también tensiones sociales aprovechando la crisis de COVID-19. Al menos un centro de vacunación ha sido atacado en los últimos meses, y varios médicos han recibido amenazas por hacer su trabajo.

Defensores autoproclamados de la «Fortaleza Europa»: Análisis de las patrullas fronterizas búlgaras.
Tal vez el punto álgido de la crisis migratoria en Europa haya pasado, pero ha dado excusas duraderas para que las protomilicias paramilitares sigan movilizando apoyos en Bulgaria. A través de su «defensa de la fortaleza europea» frente a una nueva «conquista islámica», dan una plataforma para la cooperación internacional, tanto abierta como encubierta, entre las principales figuras de la extrema derecha radical europea y los voluntarios locales, que tratan de adquirir una formación especializada de los exinstructores de operaciones especiales rusos.
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El grupo paramilitar búlgaro «BNO Shipka» atacó y consiguió cerrar un punto de vacunación hoy en Varna, Bulgaria (https://t.co/w43oy1zbKm). Hace algunos años, Ruslan Trad y Kiril Avramov publicaron un artículo sobre las agresiones de las «patrullas» de esta organización a los migrantes.

Mientras tanto, en el mercado negro, el precio de un certificado de vacunación o pruebas PCR negativas falsas ha llegado a los 350 euros (400 dólares). En septiembre, los precios oscilaban entre 200 y 300 euros (228-343 dólares), según informa Balkan Insight

Portugal, el país más vacunado de la Unión Europea, tiene una tasa de muertos de 14 días de muertes por COVID de 0.6
Bulgaria, el país menos vacunado de la Unión Europea tiene una tasa de muertos de 14 días de muertes por COVID de 26,5

Toda esta situación indica los problemas sociales de Bulgaria, que se han ido desarrollando durante años sin recibir la atención necesaria, no solo desde dentro, sino también desde el extranjero.

Una tienda búlgara exige el uso del Green Pass, el certificado digital COVID de la Unión Europea en Sofia (Bulgaria). Foto del 6 de noviembre de 2021 por Ruslan Trad, utilizada con autorización.

La falta de una vida política de calidad provoca la apatía general y la reticencia de la gente para cumplir recomendaciones si vienen de instituciones y del Gobierno. El deterioro de la confianza en líderes, políticos y autoridades se refleja actualmente en la actitud ante la crisis de COVID-19. Como han comentado algunos analistas, parte de los vínculos sociales entre las personas se están derrumbando a causa de la polarización en numerosos temas, y esta es una de las peores consecuencias de la crisis.

No obstante, hay buenos ejemplos. Los alcaldes de las ciudades están haciendo todo lo posible por incentivar a los habitantes locales para que se vacunen, y algunos con cierto éxito. Hay organizaciones que reparten alimentos y bienes esenciales a los médicos de las UCI, muchas veces de forma totalmente voluntaria.

Si se produce algún hecho positivo, no será a causa de la situación del país, sino a pesar de la situación, y gracias a los esfuerzos de ciudadanos dedicados.

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