[1]Primer ministro británico, Boris Johnson, primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, y secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, se saludan a su llegada a la Cumbre de Líderes Mundiales de la COP26 de la XXVI Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en el SEC, Glasgow. Foto de Karwai Tang/Gobierno del Reino Unido en la página de Flickr de COP26 (CC BY-NC-ND 2.0 [2]).
Este artículo se publicó originalmente en Friedrich Ebert Stiftung [3] a través de la beca de periodismo COP26 de Climate Tracker [4]. Una versión editada se publica aquí con permiso, como parte de la cobertura de Global Voices de la COP26 [5].
En 2017, el huracán Irma [6] redujo la pequeña isla caribeña de Barbuda «literalmente a escombros», lo que obligó a evacuar a toda la población de 1400 residentes a su isla hermana, Antigua. La evaluación de las necesidades de recuperación [7] dirigida por el Grupo del Banco Mundial concluyó que Irma, combinado con el huracán María (que golpeó Antigua poco después), costaría a la nación insular 377,2 millones de dólares estadounidenses en daños, pérdidas y necesidades de recuperación, factura que equivale al 25 % del producto interior bruto [8] (PIB) del país ese año.
La capacidad destructiva de Irma, que tocó tierra en Barbuda como una tormenta de categoría 5, se intensificó [9] probablemente por el calentamiento de las aguas del océano Atlántico a causa del cambio climático.
Antigua y Barbuda [10] –junto con los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) del mundo– emiten menos del 1 % [11] de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI); sin embargo, no existe ningún mecanismo activo para que los mayores emisores del mundo se responsabilicen por los esfuerzos de recuperación a través de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
Es más, las normas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estipulan que Antigua y Barbuda es demasiado rica para poder optar a la mayoría de las subvenciones de ayuda necesarias para reconstruir y repoblar Barbuda tras Irma.
Mia Mottley [12], primera ministra de Barbados, calificó de «inmoral e injusto» que no se hayan concedido fondos para pérdidas y daños críticos a las islas pequeñas, en su discurso en la Cumbre de Líderes Mundiales de la COP26. Añadió que el costo de la crisis climática para los PEID se estaba midiendo en «vidas y medios de vida».
Con las tendencias actuales de las emisiones, las islas pequeñas enfrentan una amenaza existencial. El Informe sobre la Brecha de Emisiones [13] muestra que, aunque cada país cumpliera con sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) en el marco del Acuerdo de París [14], la temperatura promedio del mundo seguiría aumentando en 2,7 °C, en comparación con los niveles preindustriales, para 2100. Un informe especial [15] del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) demuestra que esta diferencia de medio grado es una cuestión de vida o muerte para los PEID.
En vista de esto, Antigua y Barbuda decidió iniciar la COP26 con un gran y audaz movimiento realizado en colaboración con Tuvalu [16], nación insular del Pacífico que está desapareciendo como consecuencia de la subida del nivel del mar y la erosión costera. Las dos islas anunciaron una plataforma para responsabilizar legalmente a los grandes emisores por pérdidas y daños causados por el clima extremo.
Responsabilizar a quienes contaminan
Barbuda todavía está afectada por los efectos de Irma cinco años después –algo que reconoció el presidente de la COP26, Alok Sharma, durante la sesión plenaria de inauguración– su primer ministro, Gaston Browne, llegó a la COP26 con un ambicioso plan: hacer que los contaminadores asuman responsabilidad.
El día de la Cumbre de Líderes Mundiales, se unió al primer ministro de Tuvalu, Kausea Natano, para lanzar una comisión que investigaría las vías legales para responsabilizar a los grandes emisores de pérdidas y daños sufridos en sus países de origen y en otros PEID.
«El que contamina debe pagar», dijo, y aclaró que la declaración no pretendía ser un acto de agresión. Sin embargo, las discusiones sobre pérdidas y daños son un tema delicado para las islas pequeñas, según los expertos.
«Durante mucho tiempo, los países desarrollados se han resistido a cualquier esfuerzo por reconocer pérdidas y daños, debido a las responsabilidades y a las posibles reclamaciones de compensación que podrían derivarse», dijo Colin Young, director ejecutivo del Centro de Cambio Climático de la Comunidad del Caribe (CCCCC).
El señor Gurry reconoció el mérito de la Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS) y de los negociadores caribeños por la inclusión del artículo 8 [17] sobre pérdidas y daños, en el Acuerdo de París. Sin embargo, la ausencia de cualquier mención a que las naciones desarrolladas acepten la responsabilidad fue el resultado de un compromiso.
Según Young, los temas críticos de la COP26 para las islas pequeñas son limitar el calentamiento global a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales, obtener financiación para la adaptación al cambio climático, finalizar del reglamento de París y la creación de un fondo para pérdidas y daños.
En su intervención en un acto paralelo de alto nivel de la COP26 en el pabellón de la AOSIS, el ministro de Finanzas de Tuvalu, Seve Paeniu, dijo que ese fondo tendría que ser accesible para los países más vulnerables en la primera línea de la crisis climática. «Esto es fundamental, porque hasta con los mecanismos de financiación actuales, como el Fondo Mundial para el Clima, algunos PEID han tardado años en acceder a ese fondo mundial», dijo Natano.
Nuevas contribuciones
Un país desarrollado que ha asumido un papel de liderazgo público en la promoción de las pérdidas y los daños es Escocia. En la COP26, el país anunció una donación de un millón de libras (1340 millones de dólares) para un posible fondo de pérdidas y daños.
«Es una cuestión de justicia climática», dijo Young. «Nosotros [los PEID] no somos la causa de este problema que estamos sufriendo. Así que cuando un país como Escocia muestra su liderazgo mundial y es el primero en destinar un millón de libras a pérdidas y daños, es significativo», añadió.
Por pequeña que pueda parecer esta cantidad, según el mayor conglomerado de ONG dedicadas al clima, Climate Action Network (CAN), es la primera vez que un país desarrollado adopta el término «pérdidas y daños» y la implicación asociada de responsabilidad. Escocia está «sentando un precedente que los países más ricos deben seguir», dijo CAN en un comunicado.
Este sentir fue expresado también por Caroline Mair-Toby, directora y fundadora del Instituto Caribeño de las Pequeñas Islas, que consideró el gesto digno de mención, especialmente teniendo en cuenta que Escocia no es un país independiente. «Que no estén obligados a hacerlo pone de manifiesto la reticencia de países que son ricos y plenamente capaces», dijo.
El profesor Payam Akhaven, abogado que dirigirá la comisión en nombre de Antigua y Barbuda y Tuvalu, dijo a Climate Tracker que este paso de Escocia era un «reflejo del creciente reconocimiento de que el cambio climático es consecuencia de una conducta deliberada que causa daño». Dijo que esto era una prueba de que el cambio climático debe enmarcarse en términos de daños.
Antigua y Barbuda preside actualmente la AOSIS. Sin embargo, la comisión lanzada con Tuvalu es independiente de la AOSIS y tratará de tener el apoyo de otros miembros de la AOSIS en los próximos meses.