[1]Protesta ante la oficina del gobernador de Papúa en Jayapura, capital de la provincia de Papúa. Foto cortesía de Arnold Belau de Suara Papua, basada en una publicación [2] de Netizen Report.
El 27 de octubre, el Tribunal Constitucional de Indonesia dictaminó [3] que es constitucionalmente aceptable que el Gobierno indonesio bloquee y limite [4] el acceso a internet en tiempos de conflictos sociales. La sentencia puso fin a una disputa de más de dos años sobre la decisión del Gobierno de bloquear el acceso internet [5] en la isla de Papúa en medio de protestas y manifestaciones. La sentencia forma parte de un patrón más amplio [6] de disminución de los derechos de expresión en Indonesia en los últimos años.
Los activistas afirman que la decisión socava aún más las libertades digitales en el archipiélago y sienta un precedente peligroso para la libertad de expresión [7] en el sudeste asiático. Además, los reporteros señalan [8] que la decisión impiden que los periodistas informen sobre el conflicto o difundan información relevante.
SURAM. Sejumlah jurnalis yg brtugas di Papua saat blokir internet dilakukan menyebutkan, kesulitan melaporkan peristiwa yg trjadi dn byk harta dn nyawa manusia yg hilang krn mrka trlambat mendapatkan informasi. Sayang, yg bgni @dewanpers [9] abai https://t.co/UbIrRyTpvE [10]
— AJI SURABAYA (@aji_surabaya) October 27, 2021 [8]
El Tribunal Constitucional declaró que bloqueo de Gobierno al acceso a la información en internet era constitucionalmente legal.
El Tribunal Constitucional decide que el bloqueo de internet por parte del Gobierno es legal La Asamblea considera que no hay problema de constitucionalidad de las normas del artículo 40 inciso 2b de la Ley 19/2016 garantizada en el artículo 28D inciso 1 de la Constitución de 1945.
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Triste. Varios periodistas que estaban de servicio en Papúa cuando se bloqueó internet dijeron que fue difícil informar de los acontecimientos ocurridos y que se perdieron muchas vidas humanas y bienes porque tardaron en obtener información. Querido, qué grande que Dewan Pers (Consejo de Prensa, institución independiente) lo ignore.
Febriana Firdaus, destacado activista y periodista de Papúa, señala [11] que el Gobierno utiliza con frecuencia el bloqueo de internet para controlar la difusión de información y afectar la disidencia en la región.
Latest work, the internet situation in West Papua, caused anger among West Papuans. Lack of trust towards the government. Even tho the ministry has already said that it caused by a broken underwater cable.
Almost none of them that I talked with, buying it. https://t.co/p9Q8wWOIcn [12]
— Febriana Firdaus (@febrofirdaus) May 20, 2021 [13]
Indonesia dice que un cable roto causó apagón de internet en Papúa. La población local no se lo cree.
Las restricciones de internet se utilizan a menudo para perturbar a los grupos separatistas, pero los bloqueos han cerrado escuelas y hospitales.
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Último trabajo, la situación de Internet en Papúa Oeste provocó la ira de los papúes. Falta de confianza hacia el gobierno. A pesar de que el ministerio ya ha dicho que se debe a la rotura de un cable submarinoCasi ninguno de los que hablaron conmigo se lo creyó.
Demanda de 2019
En agosto de 2019, varios grupos de la sociedad civil, como la Red de Libertad de Expresión del Sudeste Asiático (SAFEnet [14]) y la Alianza de Periodistas Independientes (AJI [15] en inglés) de Indonesia, interpusieron una demanda [16] después de que el Gobierno limitó el acceso a Internet [5] en medio de protestas y manifestaciones en favor de la independencia en Papúa. Funcionarios del Ministerio de Comunicaciones y Tecnologías de la Información declararon [17] que la medida pretendía «acelerar el proceso de restauración de la situación de seguridad y orden en Papúa y sus alrededores».
Durante este periodo, el Gobierno también desplegó personal militar y policial, y limitó redes sociales y coberturas informativas del conflicto. A algunos les preocupa [18] que la decisión de decretar un apagón informativo en la región en tiempos de disturbios tenga como objetivo encubrir las violaciones de derechos humanos cometidas por la Policía y el Ejército indonesios.
En muchos sentidos, la medida fue contraproducente ya que llovieron críticas desde toda Indonesia. Durante el apagón de internet, el consejo editorial del Jakarta Post publicó un artículo que calificaba la «prohibición ilegal de Internet [7]» e instaba a «no volver a hacerlo», y pedía al Gobierno que dejara de utilizar esas tácticas tan autoritarias. Otros discutieron las implicaciones peligrosas del apagón de Internet, como señaló [19] Ika Karlina Idris en el Jakarta Post.
By shutting down access to means of online communication, not only has the government disregarded the right of Papuans to freely express themselves and inform the entire country about the events happening in their region, but also the right of all Indonesian citizens to know what’s happening on the ground.
Al cerrar el acceso a los medios en línea, el Gobierno no solo ha ignorado el derecho de los papuenses a expresarse libremente y a informar a todo el país sobre los acontecimientos que ocurren en su región, sino también el derecho de todos los ciudadanos indonesios a saber lo que ocurre sobre el terreno.
La demanda pretendía impugnar el artículo 40.2b de la Ley de Información y Transacciones Electrónicas [20] de Indonesia, que afirma: «El Gobierno protegerá el interés público de cualquier amenaza como resultado del mal uso de la información y transacciones electrónicas que ofendan el orden público, de acuerdo con las disposiciones del Reglamento». La coalición esperaba crear normas y restricciones más rigurosas en torno al bloqueo de internet.
En entrevista con Global Voices, Damar Juniarto, director ejecutivo de SAFEnet, expresó su decepción por la decisión del tribunal.
We were unhappy with Constitutional Court decision that neglected our request over article 40 point 2b of EIT Law in Indonesia. We requested for a better regulation where there are limitations for the govenment authority to block Internet content and to cut access to illegal content and this limitation should follow international human rights standards. Without that limitation, we were worried the Indonesia government will implement more Internet restrictions based on this Constitutional Court decision that not follow or address human rights standards like their previous actions.
No estamos satisfechos con la decisión del Tribunal Constitucional que desestimó nuestra petición sobre el artículo 40, punto 2b, de la Ley de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Indonesia. Solicitamos una mejor regulación en la que se limite la autoridad del Gobierno para bloquear contenidos de internet y cortar el acceso a contenidos ilegales, y esta limitación debería seguir las normas internacionales de derechos humanos. Sin esta limitación, nos preocupa que el Gobierno indonesio aplique más restricciones a internet basándose en esta decisión del Tribunal Constitucional, que no sigue ni aborda las normas de derechos humanos como sus acciones anteriores.
En junio de 2020, el Tribunal Administrativo del Estado de Yakarta dictaminó [21] que las acciones del Gobierno eran ilegales, aunque esta reciente decisión anula ese veredicto.
Siete de los nueve jueces votaron a favor del Gobierno en la sentencia, que es irreversible. El tribunal explicó [22] que el Gobierno tiene la responsabilidad de «impedir la difusión y el uso de información electrónica o documentos electrónicos que tengan contenidos prohibidos de acuerdo con las disposiciones legales».
El portavoz del Ministerio de Comunicaciones indonesio, Dedy Permadi, dijo que el Gobierno utilizaría la sentencia para «impedir la difusión de contenidos de internet que violen la ley».
Cualquier contenido que infrinja la ley, moleste al público, altere el orden público o informe a otros sobre cómo acceder a material prohibido es ilegal en Indonesia.
Libertad de expresión limitada en Indonesia
La isla de Papúa, situada en el este de Indonesia y rica en recursos, lleva mucho tiempo buscando la independencia [23], lo que ha provocado [24] constantes [25] reproches, violencia [26] y censura del Gobierno indonesio. Muchos señalan que el conflicto con Papúa también tiene matices racistas [27] y coloristas ya que los papuenses son étnicamente melanesios y pueden tener la piel ligeramente más oscura, mientras que la mayoría de los indonesios son austronesios.
Además, las autoridades indonesias limitan regularmente el acceso a la isla de medios extranjeros y de ONG para preservar la «seguridad nacional».
Sin embargo, Papúa no es el único objetivo de los cortes de internet del Gobierno. Tras las brutales protestas nacionales que siguieron a las elecciones presidenciales de 2019, internet también se cortó en Yakarta. Más recientemente, se cortó en medio de las protestas por la controvertida ley ómnibus de 2020 [28], que muchos consideraron que ampliaba los privilegios económicos a expensas de los derechos de los trabajadores y la protección del ambiente.
Algunas ONG advierten [29] que, con el pretexto de la pandemia de coronavirus, el Gobierno indonesio ha ido erosionando lentamente la libertad de expresión y los derechos digitales en el país.
En mayo de 2021, el Observatorio de Derechos Humanos (HRW en inglés) envió una carta [30] al ministro de comunicaciones y tecnología de la información de Indonesia en la que criticaba el reciente Reglamento Ministerial 5 [31] (MR5), que entró en vigor en noviembre de 2020. Según el HRW, el reglamento «exige a todos los servicios y plataformas digitales privados que se registren en el Ministerio de Comunicaciones y Tecnología de la Información y que se comprometan a facilitar el acceso a sus sistemas y datos tal como se especifica en el reglamento. Los que no se registren antes del 24 de mayo serán bloqueados en Indonesia. El ministro debe suspender el reglamento antes de este plazo».
El Instituto Lowly, centro de investigación australiano, ha descrito el proyecto de ley como una importante «amenaza autoritaria [32]» ya que esencialmente obliga a las empresas digitales a darle al Gobierno acceso a todos los sistemas y datos. El Gobierno ahora tiene el poder de bloquear o restringir cualquier contenido en línea que considere ofensivo, basándose en imprecisas «leyes elásticas [33]» que prohíben desde «dañar la reputación de alguien» hasta «amenazar la decencia pública».
Linda Lakhdhir, asesor jurídico para el Observatorio de Derechos Humanos en Asia, dijo:
Ministerial Regulation 5 is a tool for censorship that imposes unrealistic burdens on the many digital services and platforms that are used in Indonesia. It poses serious risks to the privacy, freedom of speech, and access to information of Indonesian internet users.
El Reglamento Ministerial 5 es una herramienta de censura que impone cargas irreales a los numerosos servicios y plataformas digitales utilizadas en Indonesia. Plantea graves riesgos para la privacidad, la libertad de expresión y al acceso a la información por parte de los usuarios indonesios.
Con las políticas de libertad de expresión cada vez más estrictas, una cosa es segura: siendo la tercera democracia mundial y la nación más libre del sudeste asiático según el índice de Freedom House [34], Indonesia y el presidente Joko Widodo se dirigen hacia un camino precario que podría tener amplias ramificaciones para la libertad de expresión en todo el sudeste asiático.