Obligación de vacunación: Foto de The Focal Project on elickr (CC BY-NC 2.0).

Mientras la variante ómicron del virus COVID-19 parece estar preparada para crear una nueva ola de la pandemia, varios países del Caribe ya están lidiando con las crecientes cifras de la variante delta, altamente transmisible. Junto con altos niveles de dudas sobre la vacuna, las correspondientes bajas tasas de vacunación, la desmesurada desinformación en las redes sociales y las dificultades económicas exacerbadas por los recurrentes confinamientos, el escenario regional está preparado desde hace tiempo para que se produzcan disturbios en torno a la obligación de vacunarse.

En agosto, después de que el Gobierno de San Vicente y las Granadinas propuso enmendar la Ley de Salud Pública del país para que las vacunas fueran obligatorias, al menos para los funcionarios de primera línea, el primer ministro Ralph Gonsalves sufrió una herida en la cabeza cuando un miembro del público lo apedreó cuando iba al Parlamento. Un mes después, con una tasa de ciudadanos vacunados de solo el 12 %, miembros de la oposición y detractores del Gobierno fueron detenidos en relación con el incidente, lo que añadió ángulos políticos y de libertad de expresión al asunto.

A finales de noviembre, las protestas por la obligación de vacunarse en el Caribe francés se tornaron violentas, fueron noticia internacional, después de que Francia propuso la vacunación obligatoria, medida que no fue bien recibida, dado que estos territorios franceses de ultramar registran mayores niveles de desigualdad económica que la Francia continental.

En Martinica, los ciudadanos que se oponen a la vacunación obligatoria de los trabajadores de salud levantaron barricadas en las calles, quemaron neumáticos. También hubo denuncias de que los manifestantes dispararon contra la Policía y los periodistas. En Guadalupe, miles protestaron contra las medidas, lo que llevó a Francia a enviar a las fuerzas de seguridad para tratar de sofocar los disturbios, aunque ahora se habla de compromiso con las poblaciones locales para concederles mayor autonomía.

En el extremo sur del archipiélago, las cifras diarias de Trinidad y Tobago han estado rozando (aunque sin llegar a) los mil, pero en la campaña anterior a las elecciones de segunda vuelta de Tobago, el 6 de diciembre, y la cercanía  de las celebraciones navideñas, el aumento de las tasas de contagio puede ser solo cuestión de tiempo. El 30 de noviembre, después de las manifestaciones en Martinica y Guadalupe, una multitud de personas opuestas a los «pinchazos forzados» se reunió en el Queen's Park Savannah de Puerto España en una protesta que fue bautizada como «Push Back Tuesday«.

Cinco días antes, el 25 de noviembre, el primer ministro Keith Rowley se había dirigido al país sobre la cuestión del COVID-19. Se esperaba el anuncio de restricciones más severas –lo que no ocurrió–, pero algunos interpretaron su recuento del origen de la pandemia, la situación local actual, la cifra de las crecientes tasas de infección mundial y las referencias a lo que estaban haciendo otros países, como una amenaza de obligación velada. Algunos países, como Austria, ya han tomado el camino de la obligación, y otros, como Alemania, parecen estar siguiendo su ejemplo. La Ciudad de Nueva York también ha instituido obligación de vacunarse para los empleadores privados.

Los países del Caribe ya han tomado medidas en este sentido. Trinidad y Tobago ha legislado sobre «zonas seguras, como restaurantes, bares y espacios de actuación, con entrada restringida a personas vacunadas. Guyana ha hecho lo mismo, exige tarjetas de vacunación para entrar en edificios públicos, bancos, supermercados y escuelas, y la mayoría de los miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM) han instituido estrictos protocolos de entrada basados en la vacunación en sus fronteras para ciudadanos y visitantes por igual. Recientemente, Jamaica y Antigua y Barbuda instituyeron sistemas a través de los cuales solo los clientes vacunados podían asistir a eventos deportivos.

Por su parte, el ex primer ministro de Trinidad y Tobago, Basdeo Panday, recomendó recientemente separar a los ciudadanos vacunados y no vacunados. Se trata de una estrategia que está llevando a cabo el Gobierno de San Vicente y las Granadinas en un esfuerzo por proteger a su población y aumentar las cifras de vacunación, y se considerará que algunas categorías de funcionarios públicos que no se hayan vacunado al 3 de diciembre – -«Día de la Separación»– han abandonado sus puestos de trabajo. Es una política contra la que los profesores locales continúan protestando.

En algunos territorios regionales, la cuestión de la vacunación obligatoria es un problema político. A pesar de la escasa aceptación de la vacuna en Jamaica y de las elevadas tasas de contagio (se calcula que solo el 17 % de la población está vacunada), el líder opositor Mark Golding se opone firmemente a la obligatoriedad de la vacuna. En cambio, el Colegio de Abogados de Jamaica sostiene que no hay ninguna ley que impida al Estado o a los empresarios del sector privado insistir en la obligatoriedad. Mientras tanto, la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, ha dicho que no tiene planes de insistir en la obligación de vacunación porque está segura de que los barbadenses seguirán haciendo lo correcto. Ella estima que la tasa de vacunación del país es de alrededor del 60 %.

Un informe de Zadie Neufville de Stabroek News, ampliamente considerado como el periódico de referencia de Guyana, hace referencia a un documento titulado «Dimensiones legales de los requisitos obligatorios de las vacunas COVID-19″, de agosto de 2021, en el que la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS) expone su posición sobre la posible búsqueda de la vacunación obligatoria:

Having demonstrated […] that mandatory vaccination is constitutionally appropriate given the leeway granted in favour of public health imperatives, it is submitted that employers could justify a requirement in a pandemic context […]

Tras demostrar […] que la vacunación obligatoria es constitucionalmente apropiada dado el margen de maniobra concedido a favor de los mandatos de salud pública, se afirma que los empleadores podrían justificar un requisito en un contexto de pandemia […]

Pero muchas personas que protestan contra estas medidas, como Ingrid Bessarion, enfermera de Guadalupe, no lo ven necesariamente así; para ellas, es una cuestión de libertad de elección y de derechos humanos. En una entrevista en vídeo durante una de las protestas, que fue ampliamente difundida en canales de redes sociales, explicó:

I am fighting with my country for my country. It's not only about the fact that we are forced to take a vaccination that we do not want […] we are fighting for our rights.

Estoy luchando con mi país por mi país. No se trata solo de que nos obliguen a ponernos una vacuna que no queremos […] estamos luchando por nuestros derechos.

Sin embargo, los derechos conllevan responsabilidades, y los Gobiernos caribeños no dudarán en elaborar estrategias sobre la mejor manera de equilibraros en medio de una pandemia mundial que no tiene fin a la vista.