Captura de pantalla del video de Facebook [1] de la página de inicio de la presidencia tunecina, que muestra al presidente Kais Said en una visita a la avenida Habib Bourguiba en la capital, Túnez.
El 25 de julio de 2021, el presidente electo de Túnez, Kais Said, anunció la destitución del primer ministro, la suspensión del Parlamento elegido y su mandato por decreto. Aunque se ha alabado a Túnez como el único país de la Primavera Árabe que ha logrado tener una transición democrática, este último anuncio alimentó la creciente preocupación de que el país esté entrando en una crisis política.
Poco después de la independencia, en 1956, el país adoptó un régimen presidencial republicano que duró más de media década, durante la cual los presidentes autoritarios asumieron amplios poderes ejecutivos y se autodenominaron «padres de la nación». Para los tunecinos, la toma de poder del presidente Said el 25 de julio recordó el régimen presidencialista en solitario, y también la imagen estereotipada de un presidente con monopolio de los poderes y poca tolerancia a la crítica pública
De las metáforas literarias a los insultos: Cómo Kais Said ataca a sus oponentes y críticos
El presidente Said es un profesor de derecho constitucional que los tunecinos conocieron a través de los segmentos de noticias de las 20:00 horas en el canal nacional de televisión, donde a menudo se le invitaba para aclarar asuntos legales. Sus apariciones estaban marcadas por su árabe formal, su tono serio y sus antiguas referencias literarias. Muchos años después, el árabe de Said es menos formal, está mezclado con palabras en el dialecto tunecino, pero, sobre todo, sus metáforas al referirse a sus oponentes -o a cualquier crítico- son ahora más duras que nunca.
En diferentes ocasiones, Said ha usado las redes sociales para publicar videos [2] de discursos y reuniones individuales con funcionarios del Gobierno o representantes de organizaciones nacionales, y se ha dirigido a críticos y a partidarios. No siempre nombra a sus oponentes, pero se refiere a ellos como insectos, traidores o incultos. Su discurso más controvertido [3] fue durante un consejo de ministros, cuando pidió a quienes designó como «ciudadanos honestos» que «purificaran el país de quienes lo agotan». En otros lugares, este lenguaje equivaldría a una incitación a la violencia.
Muchas personalidades públicas denunciaron este discurso. El diputado Yassine Ayari comentó [4] en una publicación en Facebook:
He calls for civil war, street justice, and witch hunts. […] For the one who has not understood it, the honest are his supporters, the others are insects, corrupt, mercenaries, traitors. The phase of the militias that he is going to legally protect is nodding off in Tunisia…
Llama a la guerra civil, a la justicia callejera y a la caza de brujas. […] Para quien no lo haya entendido, los honrados son sus partidarios, los otros son insectos, corruptos, mercenarios, traidores. La fase de las milicias que va a proteger legalmente se está adormeciendo en Túnez…
Procesamiento en los tribunales militares
El gobierno de Said también se ha caracterizado por un aumento del uso de los tribunales militares. En una declaración [5] de Amnistía Internacional, durante tres meses, entre el 25 de julio y noviembre de 2021, el sistema de justicia militar investigó o procesó al menos a 10 civiles. Para contextualizar, el comunicado dice que en siete años, entre 2011 y 2018, las organizaciones de derechos humanos documentaron solo seis casos de civiles llevados ante la justicia militar.
Según Heba Morayef [5], directora regional de Amnistía Internacional para Medio Oriente y el Norte de África:
In the past three months alone, more civilians have faced military courts than did in the preceding ten years.
Solo en los últimos tres meses, más civiles han enfrentado tribunales militares que en los diez años anteriores.
En este periodo de tensión política, los periodistas son un objetivo específico. El 3 de octubre de 2021, la Policía detuvo [6] al periodista Ameur Ayed y al diputado Abdellatif Aloui a raíz de sus declaraciones en las que criticaban las decisiones del presidente ficticio en «Hassad 24″, programa de Zitouna TV [7]. Ayed criticó la decisión del presidente Said de nombrar jefa de Gobierno a Najla Bouden [8], exprofesora universitaria, e hizo referencia [9] a unos versos de «El gobernante», poema de Ahmed Matar [10], poeta iraquí que vive en el exilio. El poema es un diálogo imaginario entre el poeta y un dictador.
Aunque no se ha confirmado qué declaraciones concretas provocaron la detención, el abogado de Ayed confirmó [5] que, durante las investigaciones, el interrogatorio inicial de la Policía se centró en las declaraciones de Ayed durante el programa del 1 de octubre.
Según su abogado, el tribunal militar había acusado [11] a Ayed de llamar a la insurrección, degradar la moral de los militares, cometer un acto denigrante contra el jefe de Estado y atribuir asuntos ilegales a un funcionario público.
Estos cargos se basan en el artículo 67 del Código Penal [12], que impone una multa y una pena de prisión por un delito contra el presidente, así como en los artículos 72 y 128 del Código Penal [12] y en el artículo 91 del Código de Justicia Militar [13]. Ayed permaneció detenido [14] hasta que se le concedió la libertad provisional el 25 de noviembre de 2021. La próxima vista en el Tribunal Militar para Ayed y Aloui está fijada para el 20 de enero de 2022.
Las organizaciones de derechos humanos han denunciado [15] periódicamente el uso de procesos militares contra los periodistas, y siguen preguntando por qué no se les investiga en virtud de las disposiciones del Decreto Ley 115, relativo a la libertad de prensa, impresión y publicación.
Seis meses de prisión por una publicación en Facebook
Los usuarios de redes sociales también han recibido ataqu3es por estas leyes restrictivas. El 12 de noviembre de 2021, el Tribunal Militar Permanente de Apelación de Túnez condenó [16] a Slim Jebali, polémico bloguero y administrador de una conocida página [17] de Facebook, a seis meses de prisión por sus publicaciones en Facebook.
Jebali enfrentaba numerosos cargos, entre ellos cometer un acto despreciable contra el jefe del Estado, basado en el artículo 67 del Código Penal, el de atribuir asuntos ilegales a un funcionario público relacionados con su trabajo sin aportar pruebas, basado en el artículo 128 del Código Penal, y el de humillar al Ejército, lo que daña su dignidad, reputación y moral, y debilita el espíritu del régimen militar, en aplicación del artículo 91 del Código de Justicia Militar.
Las investigaciones iniciales se basaron [18] en denuncias, incluida una presentada por la Presidencia de la República por publicaciones en la página de Facebook de Jebali. En 2016 y 2017, Jebali enfrentó igualmente cargos por difamación a través de las redes sociales basados en denuncias, incluida una presentada por el asesor de comunicaciones de la presidencia del Gobierno, como era el cargo del primer ministro en ese momento. .
Contradicciones legales
El artículo 8 del Código de Justicia Militar de 1957 concede a los tribunales militares el derecho a juzgar a civiles, pero bajo condiciones específicas. El artículo 91 de este código se ha usado especialmente para acusar a los usuarios de las redes sociales y a los periodistas. El artículo establece [13]:
Is punished from three months to three years of imprisonment, whoever, military or civilian, in a public place and by the word, gestures, writings, drawings, photographic reproduction or by hand and films, is guilty of insults to the flag or the army, attack on the dignity, reputation, morale of the army, acts liable to undermine military discipline, obedience and respect due to superiors or criticisms of the action of the superior command or of the leaders of the army, thereby undermining their dignity.”
Será castigado con pena de tres meses a tres años de prisión, quien, militar o civil, en lugar público y de palabra, con gestos, escritos, dibujos, reproducción fotográfica o de mano y películas, sea culpable de injurias a la bandera o al Ejército, de atentar contra la dignidad, la reputación, la moral del Ejército, de actos susceptibles de atentar contra la disciplina militar, la obediencia y el respeto debidos a los superiores o de criticar la acción del mando superior o de los jefes del Ejército, lo que atenta contra su dignidad.
Términos imprecisos como «atentar contra la dignidad, la reputación o la moral del Ejército» permiten interpretaciones que coartan la libertad de expresión y violan las normas internacionales sobre libertad de expresión codificadas en convenios regionales e internacionales.
Esta ley permite restricciones limitadas y no arbitrarias a la libertad de expresión con fines «legítimos». En cambio, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [19], del que Túnez es Estado Parte, permite las restricciones si están «previstas en la ley» y son «necesarias» para «el respeto de los derechos o la reputación de los demás».
Los defensores de derechos humanos expresaron su preocupación por el control del poder ejecutivo sobre el nombramiento de jueces y fiscales en el sistema de justicia militar tunecino. En su informe tras su misión de 2012 a Túnez, el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, señaló [20] que «la independencia institucional de los jueces militares sigue siendo cuestionable ya que el ministro de Defensa preside el […] consejo judicial militar.»
Oportunidades de reforma perdidas en una carrera política de 10 años
Los llamados para reformar y revocar las leyes represivas comenzaron en 2011 con la suspensión [21] por parte del gobierno provisional de la Constitución de Túnez de 1959. Sin embargo, siguen vigentes muchos textos legales y decretos que contradicen la Constitución de 2014 y violan los derechos humanos.
Por ejemplo, la Constitución de 2014 garantiza el derecho a un juicio justo en el artículo 27 y protege la libertad de expresión en el artículo 31. Establece que los tribunales militares solo son «competentes para conocer de los delitos militares», pero también afirma que «los tribunales militares seguirán ejerciendo las competencias que les confieren las leyes vigentes hasta que se modifiquen». Los decretos 69 y 70 de julio de 2011, que modifican el Código de Justicia Militar de 1957, introdujeron elementos importantes como la creación de un tribunal militar de apelación, pero estas reformas no protegen suficientemente la libertad de expresión y el derecho a un juicio justo y, durante los últimos 10 años, se ha juzgado a ciudadanos ante tribunales militares y civiles por opiniones difundidas en redes sociales.
En 2017 y 2018, el bloque democrático de la oposición en el Parlamento propuso un proyecto de ley para modificar el Código de Justicia Militar. El proyecto de ley, similar a los esfuerzos para revisar el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales y otras leyes, nunca llegó al orden del día de la sesión general del Parlamento. Los partidos gobernantes en el Parlamento no impulsaron la revisión de estas leyes para cumplir con la Constitución de 2014 y las normas internacionales de derechos humanos.
Para los tunecinos, estas leyes contribuyen a su continua sensación de ya haber vivido esta situación. Las lagunas de estas legislaciones se han usado para restringir [22] libertades, interferir en el proceso judicial y reprimir a los críticos. El régimen de Ben Ali, gobernantes posteriores a la revolución de 2011 a 2021, y ahora después del 25 de julio de 2021 usaron tácticas similares. Hasta que no se aborden, la pesadilla puede seguir repitiéndose.