«Corte Internacional de Justicia de La Haya», por Fotografía de las Naciones Unidas  (CC BY-NC-ND 2.0).

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La más alta corte de Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, ordenó a Armenia y Azerbaiyán que trabajaran para «evitar la incitación y la promoción del odio racial» tras la guerra de 44 días de 2020. La orden se emitió el 7 de diciembre de 2021, y afecta a «funcionarios e instituciones» de Azerbaiyán y a «organizaciones y personas privadas» de Armenia según informa Radio Free Europe/Radio Liberty (RFERL).

Los dos países del sur del Cáucaso anunciaron un procedimiento judicial de uno contra el otro en septiembre de 2021; se acusaron mutuamente de discriminación racial en violación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD).

«CERD es uno de los pocos tratados de los que Armenia y Azerbaiyán son signatarios, por lo que es un foro internacional poco usual en el que podrían encontrar apoyo legal para los diversos agravios de posguerra que mantienen entre sí», informó Joshua Kuchera para Eurasianet sobre la reciente decisión de la corte.

Además, la corte ordenó a Azerbaiyán que protegiera los lugares culturales armenios de su territorio del «vandalismo y profanación» y que «castigará a los autores».

Asimismo, pidió a ambos países que «se abstuvieran de cualquier acción que pudiera agravar o extender la disputa ante la Corte o dificultar su resolución».

La corte internacional no se pronunció de acuerdo con las peticiones específicas de Armenia y Azerbaiyán. Sin embargo, ordenó a Azerbaiyán «proteger de la violencia y los daños corporales» a todos los presos de guerra armenios, y «asegurar su seguridad e igualdad ante la ley», pero no ordenó su liberación.

Al mismo tiempo, la corte no ordenó a Armenia que prohibiera el uso de minas ni le exigió los mapas de las minas a Azerbaiyán. El equipo jurídico azerbaiyano argumentó que Armenia había utilizado las minas en una «larga campaña de limpieza étnica».

El tribunal dictaminó que Azerbaiyán no aportó pruebas que demostraran el uso de minas terrestres por parte de Armenia con «el propósito o el efecto de anular o perjudicar el reconocimiento, el disfrute o el ejercicio, en pie de igualdad» de los derechos de etnia o nacionalidad azerbaiyana».

«No está claro cuál será el impacto práctico de las medidas provisionales, ya que ninguna de las partes reconoce estar promoviendo el odio racial», escribió Joshua Kuchera en su análisis tras la decisión de la corte, y añadió que «es probable que el Tribunal tarde años en pronunciarse con una sentencia definitiva sobre las demandas», y que «no existe ningún mecanismo de ejecución que garantice que las partes lleven a cabo las medidas que les ha ordenado la corte».

Los funcionarios gubernamentales de ambos países declararon que las sentencias reivindicaban sus respectivas posiciones.

Tras la publicación de las sentencias, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Azerbaiyán emitió un comunicado en el que afirmaba que Azerbaiyán está «comprometido con sus obligaciones en virtud de los convenios internacionales», y que «seguirá exigiendo que Armenia rinda cuentas por las violaciones del derecho internacional».

Por su  parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Armenia, declaró que «Armenia perseguirá sistemáticamente el cumplimiento de las órdenes de la Corte por parte de Azerbaiyán y le informará de cualquier violación».

Según un informe de RFERL, «Las sentencias de la Corte Internacional de Justicia llegaron días después de que Azerbaiyán anunció, el 4 de diciembre, que había liberado a 10 soldados armenios capturados durante los mortíferos enfrentamientos fronterizos de mediados de noviembre. A cambio, Armenia entregó mapas que detallan la ubicación de los campos de minas».

El 26 de noviembre, los líderes de ambos países, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y el primer ministro de Armeni,a Nikol Pashinyan, se comprometieron en aliviar las tensiones en una reunión en Sochi.

Los dos líderes se reunieron de nuevo el 15 de diciembre en Bruselas en un reunión organizada por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en el que el presidente de la Unión Europea «acogió con satisfacción la reciente liberación de 10 presos armenios por parte de Azerbaiyán y la entrega de todos los mapas de minas restantes por parte de Armenia», según un comunicado publicado tras la reunión trilateral.