Líbano deportará a miembros de la oposición bareiní Al-Wefaq en una medida sin precedentes

Los miembros de la sociedad Al-Wefaq [¿es este el nombre?], que fue un grupo opositor autorizado cuyos miembros fueron elegidos como legisladores, son ahora castigados hasta fuera de Baréin por pedir reformas políticas y derechos humanos ( CC BY-SA 2.0).

Este artículo lo publicó Raseef22 el 17 de diciembre. Reproducimos una versión traducida y editada en virtud de un acuerdo con Global Voices.

Una semana después de que las autoridades bareiníes protestaran contra una conferencia sobre derechos humanos organizada por la sociedad opositora bareiní Al-Wefaq en Beirut, el ministro libanés del Interior, Bassam al-Mawlawi, ordenó la expulsión de los miembros no libaneses de la sociedad.

Según la oficina de medios del ministro del Interior, su petición se debió a que la conferencia de prensa de Al-Wefaq, celebrada el 11 de diciembre, fue una «ofensa a la relación de Líbano con el hermano Reino de Baréin, [que] causó daño a los intereses del Estado libanés». El primer ministro Najib Mikati también pidió a la Fiscalía que «investigara inmediatamente» la conferencia, tras la protesta oficial de las autoridades bareiníes al respecto.

En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Baréin, el país expresó su «profundo pesar y denuncia de que la capital libanesa, Beirut, acogiera una conferencia de prensa de elementos clasificados como hostiles, y de apoyo así como patrocinadores del terrorismo, con el fin de difundir y promover acusaciones abusivas y maliciosas contra el Reino de Baréin».

La Sociedad Nacional Islámica Al-Wefaq es el mayor grupo de oposición chiíta del pequeño reino, pero fue desmantelada por orden judicial en 2016, por acusaciones de no respetar la ley y de ser una «incubadora de terrorismo, extremismo y violencia», afimaciones que sus miembros negaron y que los grupos internacionales de derechos humanos consideraron como una intensificación de la represión de la disidencia en el país. Desde 2011, Al-Wefaq ha desempeñado un papel decisivo en las protestas que pedían una reforma política en Baréin, lo que hizo que una fuerza dirigida por Arabia Saudita interviniera para sofocar las manifestaciones.

Violaciones sin precedentes

En la conferencia, los organizadores de Al-Wefaq hablaron, como suelen hacer, de las violaciones de derechos humanos  que enfrentaron los miembros de la oposición y los defensores de los derechos humanos en el reino en los dos años anteriores. Desde que estalló la versión bareiní de la Primavera Árabe en febrero de 2011, la sociedad ha celebrado estas conferencias de prensa en Beirut.

Aunque la sociedad rechaza las afirmaciones de que pretende derrocar el régimen gobernante en Baréin, sí que pide una reforma política, que se modifique la Constitución, que se aumente el poder del Parlamento y que el pueblo sea la fuente de autoridad en lugar de la familia gobernante.

Al respecto, Al-Wefaq dijo a Raseef22: «La cuestión es internamente libanesa». Raseef22 intentó comunicarse con varios de sus miembros, hasta quienes están fuera del Líbano, pero se negaron a hacer ninguna declaración.

El director del Foro de Derechos Humanos de Baréin, Baqir Darwish, declaró a Raseef22 que la decisión «es una violación del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos», y añadió que:

The Bahraini authorities continue to create political repression, and exports forms of this repression outside Bahrain's borders, through security hunts, as the authority that cannot tolerate some letters on Twitter wouldn't stand scenes from a press conference addressing its grave violations, even if it was from outside Bahrain.

Las autoridades bareiníes siguen creando represión política, y exportando formas de esta represión fuera de las fronteras de Baréin, con cacerías de seguridad, ya que la autoridad que no puede tolerar unas letras en Twitter no soportaría escenas de una conferencia de prensa en la que se abordaran sus graves violaciones, aunque vinier de fuera de Baréin.

El 13 de diciembre, Human Rights Watch emitió una declaración en la que pedía la liberación de «todas las personas encarceladas por ejercer sus derechos a la libertad de asociación, reunión pacífica y expresión, incluidos los defensores de los derechos humanos, los activistas de la oposición y los periodistas».

La Comisión Nacional de Derechos Humanos escribió:

La Comisión Nacional de Derechos Humanos comentó sobre la solicitud del ministro del Interior y Municipalidades de la Dirección General de Seguridad Pública de “tomar todas las medidas que conduzcan a la deportación de miembros no libaneses de la Sociedad Al -Wefaq fuera del Líbano”.
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El conocimiento por parte del Gobierno libanés del posible traslado forzoso de los miembros de la asociación al Reino de Baréin, o su aceptación tácita, constituye una grave violación del principio de no devolución. La comisión dijo en un comunicado de prensa: «La Convención contra la Tortura, de la que Líbano es signatario, prohíbe la expulsión forzosa».

Un miembro de la comisión dijo a Raseef22 que «el ministro del Interior tomó su decisión ante el silencio de otros organismos gubernamentales, sobre todo el Ministerio de Justicia», y señaló que no hay ningún organismo gubernamental especializado en cuestiones de derechos humanos al que se pueda consultar sobre esta cuestión.

En comentarios hechos a Raseef22, Amnistía Internacional señaló que «la Sociedad Al-Wefaq era una oposición legal y autorizada en Baréin, y ocupó escaños en la asamblea legislativa durante muchos años, que las autoridades bareiníes con la que incluso negociaron una serie de cuestiones de derechos humanos».

Devin Kenny, de Amnistía Internacional, también declaró a Raseef22 que «los comentarios que no se ajustan a los intereses del Gobierno, o que se consideran hostiles a las relaciones entre los Gobiernos, la crítica a los Gobiernos por los derechos humanos y la celebración de conferencias de prensa, son actividades que entran dentro de la libertad de expresión protegida internacionalmente».

Añadió que todas estas actividades no constituyen una razón válida para deportar a nadie, y los deportados serán objeto de graves violaciones de derechos humanos si llegan a Baréin. Kenny dijo además que la decisión del Gobierno libanés de deportar a los opositores bareiníes, por su expresión crítica del Gobierno de Baréin, «contradice sus obligaciones en virtud del derecho internacional».

La decisión de deportar a miembros de la oposición bareiní sienta un precedente en Líbano, y puede transmitirse a otros opositores árabes. A este respecto, Ali Yahya, periodista especializado en asuntos del Golfo, declaró a Raseef22

The decision of the Lebanese Minister of Interior violates several standards and laws. It initially violates Lebanon's historical role as a headquarters for Arab opposition movements, and violates the Lebanese constitution, which emphasizes the protection of freedom of opinion and expression, and not to punish anyone because of their opinions and beliefs.

La decisión del ministro del Interior libanés viola varias normas y leyes. En primer lugar, vulnera el papel histórico del Líbano como sede de los movimientos de oposición árabes, y viola la Constitución libanesa, que destaca la protección de la libertad de opinión y expresión, y en no castigar a nadie por sus opiniones y creencias.

Se intensifica la represión

Este incidente sin precedentes se produce en medio de una crisis entre el Líbano y el Golfo, derivada de los comentarios críticos del exministro de Información del Líbano, George Kerdahi, sobre el papel de Arabia Saudí en la guerra de Yemen, y además en el contexto de un proceso en curso de persecución de activistas y periodistas que aumentó su frecuencia tras el levantamiento del 17 de octubre de 2019. A algunos de esos activistas se les pidió que comparecieran ante el tribunal militar acusados de cometer supuestos «crímenes» que tuvieron lugar hace años.

Así ocurrió con el activista Tawfiq Braidy, más conocido como Tufalik, cuando las autoridades de seguridad del aeropuerto le confiscaron el pasaporte. Después de que Braidy compareció ante la División de Información de la Seguridad Pública para ser investigado el 14 de diciembre, le comunicaro que se le acusaba de insultar al pasaporte libanés y de ofender a la Presidencia de la República, porque el pasaporte estaba expedido a su nombre.

Durante 2021, el Centro para la Libertad de los Medios y la Cultura, con sede en Beirut, ha documentado más de 71 violaciones de la libertad de expresión y de prensa en Líbano, con un notable aumento en los últimos meses.

El 8 de diciembre, la Seguridad General libanesa puso en libertad a la periodista estadounidense Nada Homsi, que estuvo detenida durante 23 días pese a que la Fiscalía ordenó su liberación, que fue rechazada por el Directorio de la Seguridad General. El 26 de noviembre, el tribunal militar condenó en rebeldía al periodista Radwan Mortada a un año y medio de cárcel, acusado de «desacreditar al estamento militar», tras responsabilizar al Ejército libanés de la explosión del puerto de Beirut.

En  agosto, Reuters anunció que la Seguridad General libanesa había deportado a su corresponsal en Jordania y Siria, Suleiman Al-Khalidi, a Ammán, tras interrogarlo a su llegada al aeropuerto de Beirut por un encargo de prensa. También le pidieron que entregara su computador y su teléfono, pero se negó.

Líbano fue considerado en su día como el país más liberal del mundo árabe por su mayor tolerancia a la disidencia y por acoger a figuras de la oposición panárabe que huían de la opresión en sus países. Ahora sigue reduciendo su horizonte de libertades y derechos en medio de prolongadas crisis políticas.

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