Nueva obligación de vacunarse de Filipinas se considera punitiva y contra los pobres

Manifestante sostiene cartel que describe la política de «sin vacuna no vienes» como una violación de derechos humanos. Foto de Kodao Productions, socio de contenidos de Global Voices.

El presidente filipino, Rodrigo Duterte, ha impuesto restricciones de movimientos a quienes aún no se han vacunado en pleno aumento de contagios de COVID-19 que afecta al país desde Año Nuevo. La más reciente ola se atribuye a la variante ómicron, que se considera que ahora es la dominante en Filipinas.

Las nuevas medidas del gobierno de Duterte prohíben a los no vacunados usar transporte públicos y entrar negocios a puertas cerradas. Este nuevo grupo de órdenes obliga a los no vacunados a quedarse en casa a riesgo de ser arrestado. El 6 de enero de 2022 Duterte dio un discursó público en el que ordenó a funcionarios de las aldeas (barangay) a buscar activamente a ciudadanos no vacunados y arrestar a quienes desafíen sus órdenes:

I'm now giving orders to the barangay captains to look for those persons who are not vaccinated and just request them — or order them if you may — to stay put… If [they] refuse, then the barangay captain, being a person in authority, is empowered now to arrest the recalcitrant persons.

Ahora doy órdenes a los capitanes de barangay a que busquen a quienes no estén vacunados y les soliciten —o les ordenen de ser necesario— que se queden donde están… Si se niegan, entonces el capitán del barangay, como persona de autoridad, tiene facultades de arrestar a los recalcitrantes.

Días después, un informe del Gobierno dijo que siete ciudades y municipalidades en la región de la capital nacional han instituido ordenanzas que restringen los movimiento de personas sin vacunar e imponen multas a quienes incumplan. Más Gobiernos locales han hecho lo mismo.

Ahora, grupos de la sociedad civil están criticando estas medidas sostienen que los actos punitivos no hacen nada para contener efectivamente la propagación del virus, y que en cambio generan abusos de derechos. Renato Reyes, portavoz de ka coalición de la sociedad civil Bayan (El pueblo), dice que el gobierno de Duterte está transfiriendo la culpa a la gente por su respuesta negligente a la pandemia:

La política de “no vacunados no usan transporte público” de DoTr es abiertamente ilegal y absurda. Solamente el 48 % de la población está vacunada. ¿No se permitiría que la mitad de la población se traslade ahora? ¿Qué hay de quienes van a los lugares de vacunación? ¿Pretenden que vayan caminando?
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Esta medida es punitiva. La baja tasa de vacunación no debería atribuirse a la gente, sobre todo si los suministros no siempre están disponibles. La renuencia a las vacunas no se debe atribuir a la gente, sobre todo si el Gobierno no ha cumplido con instruir ni darles incentivos.

Un informe del Gobierno muestra que solo 54 millones de filipinos, de un población total de 110 millones, se han vacunado al 14 de enero de 2022. La vacunación se concentra sobre todo en la región de la capital nacional, Manila, y deja de lado a muchos de otras provincias y zonas rurales. Solamente 3.8 millones de personas han recibido la dosis de refuerzo.

Ataques a los pobres que trabajan

El 17 de enero de 2022, primer día de la prohibición de uso de transporte público para los no vacunados, se hicieron virales en medios sociales denuncias de una persona parcialmente vacunada a quien le negaron usar el transporte.

«ESTOY CANSADA, JUSKO»

Imagínate lo cansados que estamos de obedecer esta política ilógica establecida por el Gobierno. Casi tres años de pandemia y todavía tenemos esta débil respuesta.
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Me rompe el corazón ver esto. La ineptitud e incompetencia de este gobierno es tan grande que un adulto podría romper a llorar de frustración. Puedo sentirlo y es absurdo que tengamos que pasar por esto todos los días.

Las imágenes de las noticias mostraban a una Dianne visiblemente frustrada que explicaba con lágrimas en los ojos que tenía que ir a trabajar, que tenía la primera dosis de su vacuna y que no tenía la culpa que su segunda dosis estuviera programada para febrero: «No tengo nada que hacer. Diyos ko» [Estoy cansada. Dios mío].

«ESTOY CANSADA, JUSKO»

Imagínate lo cansados que estamos de obedecer esta política ilógica establecida por el Gobierno. Casi tres años de pandemia y todavía tenemos esta débil respuesta
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Siempre es así. Desde anunciar confinamientos a medianoche que se hacen efectivos a la mañana siguiente hasta esto. Al final, los pobres son los más afectados. ¿Es culpa de la gente que su segunda dosis sea todavía en febrero? Sólo le recuerdo al Gobierno que nos vacunamos tarde.

Otro video viral mostraba a una vendedora de balut (huevo de pato fecundado) que maldecía al presidente Duterte por las nuevas medidas que le impedían usar el transporte público y le negaban la entrada al mercado público. Gemma Parina dijo que era partidaria de Duterte, pero que las políticas del Gobierno contra los pobres la hicieron cambiar de opinión:

You know, President, I am a fan of yours, I voted for you. When you went to Luneta, I was very enthusiastic to see you, I even wore a Duterte shirt. But, president, ever since you imposed the no vaccine, no ride [policy], I felt really bad because the person that I idolize is now making me suffer.

Mire, presidente, soy su seguidora, he votado por usted. Cuando usted fue a Luneta, me entusiasmó verlo, incluso me puse una camiseta de Duterte. Pero, presidente, desde que impuso la [política] de «no vacuna, no transporte público», me sentí muy mal porque la persona a la que idolatro me está haciendo sufrir.

En una entrevista posterior con los medios, se muestra a Parina con los ojos llorosos disculpándose por sus comentarios contra el presidente, dijo que se ha visto obligada a abandonar temporalmente su casa porque la Policía y las autoridades locales han amenazado con presentar cargos en su contra.

A Aling Gemma, que se volvió viral después de expresar su resentimiento contra la respuesta al COVID-19 del gobierno de Duterte, la buscan el presidente del barangay y la Policía para que no pueda salir de casa y ganarse la vida por el miedo.
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¡Justicia para Aling Gemma!
Tiene derecho a criticar a un Gobierno que descuida y le falla a su gente. Aling Gemma es una de las muchas que soportan la peor parte de las políticas contra el pueblo del gobierno de Duterte.
La respuesta del Estado solo demuestra que son unos cobardes

Por su parte, el senador opositor Franklin Drilon señaló que las mismas restricciones no se habían aplicado a los funcionarios de Duterte no vacunados, como la jefa de la Oficina del Fiscal General, Persida Acosta.

Respuesta no eficiente a la pandemia

Para muchos, la loca carrera del gobierno de Duterte para imponer restricciones de movimiento solo expone su falta de preparación adecuada para la llegada de la variante ómicron que había sido identificada ya en noviembre de 2021.

La Coalición por el Derecho a la Salud de las Personas dice que el gobierno de Duterte se negó a realizar pruebas masivas y otras medidas urgentes para la actual ola: «Básicamente estamos pagando el precio por descuidar nuestro sistema de salud, descuidar las pruebas y el rastreo de contactos durante mucho tiempo».

El descuido se refleja en el presupuesto de salud para 2022 del gobierno de Duterte, que ha sido criticado por no asignar fondos para las prestaciones de trabajadores sanitarios y por recortar el presupuesto de los hospitales públicos mientras se aumenta el gasto militar y de contrainsurgencia.

Los trabajadores de la salud filipinos han estado en el centro de las protestas, exigen la liberación de los subsidios por riesgo no pagados, la indemnización por riesgo y otras prestaciones en septiembre de 2021, entre acusaciones de mal uso de los fondos COVID-19.

Atención: nada cambia en la respuesta al COVID del nivel de alerta o clasificación de bloqueo, no se ajustan a las necesidades del sector salud cuando aumentan los casos.
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Sin pruebas masivas gratuitas, sin esfuerzo nacional para una mayor implementación de vacunas, sin esfuerzo nacional para hacer que el rastreo de contactos sea eficiente, incluso los mensajes son para una respuesta individual, inútil.

Mientras él COVID-19 continúa en aumento, más filipinos están cuestionando el enfoque reactivo y militarista del gobierno de Duterte que enmarca la pandemia como un problema de seguridad nacional que requiere medidas punitivas y represión. Grupos de la sociedad civil afirman que lo que se necesita es una respuesta más proactiva e integral que contrarreste las dudas sobre las vacunas con la educación, que haga que las vacunas y las pruebas sean más accesibles, y que reoriente los fondos públicos tan necesarios para la salud y otros servicios sociales.

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