COVID-19: No puedes recuperarte usando la misma mala medicina

COVID-19 emergency response activities, Madartek, Basabo, Dhaka. Image via Flickr by UN Women Asia and The Pacific

Actividades de respuesta de emergencia de COVID-19, Madartek, Basabo, Dhaka. Imagen vía Flickr de UN Women Asia and The Pacific. (CC BY-NC-ND 2.0).

Jocelyn Medallo, Nadeen Madkour y Siddharth Akali son coautores de este artículo.

Comenzamos 2022 con el mundo tambaleándose bajo el aumento de los casos de ómicron. Han pasado dos años desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el coronavirus como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Todavía tenemos preguntas apremiantes sobre cómo salir de la pandemia, e ir a la recuperación: ¿Quién dará los fondos? ¿En qué se gastarán? ¿Cómo nos aseguraremos de que lleguen a quienes más lo necesitan?

Las instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y varios bancos regionales de desarrollo, se han posicionado como actores clave para la recuperación mundial de los impactos económicos y sociales de la pandemia. En 2020, cuando la primera oleada del coronavirus empezó a arrasar el mundo, los expertos económicos instaron a los países a gastar y pedir préstamos, y así lo hicieron. Las instituciones financieras internacionales acortaron sus plazos de desembolso para hacer frente a esta demanda urgente, y suprimieron formal o informalmente muchos de sus requisitos de salvaguardia ambiental y social.

Estas instituciones ya han entregado miles de millones de dólares de dinero público para la respuesta a la pandemia, y promovido una imagen positiva de su financiación destinada al sector público y a los grupos que enfrentan la marginación. Sin embargo, desde las comunidades de base surge una narrativa diferente.

Desde las primeras fases de la pandemia, grupos de la sociedad civil de todo el mundo reclamaron a las instituciones financieras internacionales un enfoque basado en los derechos humanos. Los trabajadores médicos de primera línea, los periodistas y otras personas directamente afectadas por la respuesta de las instituciones financieras internacionales al COVID-19 han planteado su preocupación por el riesgo de que se agraven las violaciones de los derechos humanos, se reduzca el espacio para la participación democrática, se produzcan daños ambientales, se diluyan las normas ambientales y sociales, se produzca corrupción y aumente la deuda. Ahora, cada vez hay más pruebas de que muchos de estos riesgos se han materializado.

Existe una preocupante falta de transparencia sobre cómo se gastó el dinero de las instituciones financieras internacionales y qué impacto tuvo para las comunidades de base. Sin embargo, una serie de estudios de casos a nivel nacional realizados por miembros y socios de la Coalición por los Derechos Humanos en el Desarrollo, han tratado de indagar, encontrar los recibos y evaluar los impactos y resultados. «Recibos perdidos» –una nueva visión general de estos informes nacionales y globales- documenta varias deficiencias en las respuestas a la pandemia financiadas por las instituciones financieras internacionales, y plantea serias preocupaciones sobre si, y en qué condiciones, la financiación de las instituciones financieras es una solución adecuada para la crisis actual y las futuras emergencias mundiales.

Screenshot from the report "Missing Receipts". Used with permission.

Recibos perdidos: ¿a dónde fue el financiamiento para el COVID-19 de las instituciones financieras internacionales?
Captura de pantalla del informe «Recibos perdidos», usada con autorización.

La investigación reveló problemas de implementación, como corrupción, capitalismo de amiguísimos y exclusión de los que más necesitan ayuda. Resulta preocupante que las mujeres, los pueblos indígenas, las poblaciones de bajos ingresos, las personas con discapacidades y los trabajadores médicos de primera línea quedaran a menudo excluidos de la configuración de los programas apoyados por las instituciones financieras internacionales como de los beneficios que de ahí se derivan.

Muchos países en desarrollo, de ingresos bajos y medios y poscoloniales, entraron en la pandemia ya en un estado de vulnerabilidad nacido de las prescripciones neoliberales. Durante décadas, las instituciones financieras internacionales han impulsado la financiación basada en deuda, las economías basadas en extractivismo, privatización de servicios básicos y flexibilización de los mercados laborales. Esto condujo al que se vaciara el sector público, a la eliminación de los programas de protección social y permitió la captura de las empresas. Las instituciones financieras no asumieron la responsabilidad de estas acciones y de la pobreza y desigualdad resultantes. Tampoco cambiaron de rumbo en su respuesta a la pandemia. En su lugar, las instituciones financieras promovieron enérgicamente el paradigma de «el sector privado primero«, se centraron en el aprovechamiento de la inversión privada en lugar de apoyar a los países en la reconstrucción de la capacidad estatal de resiliencia a largo plazo.

Las instituciones financieras internacionales han desembolsado una importante cantidad de dinero como parte de su respuesta a la pandemia: el sistema de alerta temprana de la sociedad civil COVID-19 ha identificado al menos 1500 proyectos conocidos por un total de más de 160 000 millones de dólares de la financiación revelada por 15 bancos de desarrollo. Pero el sistema de alerta temprana muestra que la cantidad gastada en beneficios directos para las personas es significativamente menor que la destinada al sector privado. Y aunque la mayor parte del apoyo de las instituciones financieras internacionales se entregó a los países y no a las empresas, esa no es la historia completa, ya que el dinero que se destinó al sector público pasó en gran parte a las grandes corporaciones.

Las conversaciones políticas de alto nivel. sobre la respuesta a la crisis, el desarrollo y la arquitectura financiera deberían incorporar esa información de las bases y sus aliados sobre el impacto real de la financiación de las instituciones financieras durante la pandemia.

En 2020, la escritora y activista Arundhati Roy nos recordó que «históricamente, las pandemias han obligado a los seres humanos a romper con el pasado e imaginar su mundo de nuevo». Sugirió que la pandemia de coronavirus es un portal, y podemos elegir cómo lo atravesamos y el tipo de mundo al que queremos llegar.

Hoy en día, cuando los países empiezan a lidiar con los efectos a largo plazo de la pandemia, con millones de personas más en la pobreza, una desigualdad aún más arraigada, una crisis económica y de deuda creciente, y nuevas oleadas de COVID-19 que siguen apareciendo muchos se preguntan: ¿A dónde ha ido el dinero de las instituciones financieras? ¿Cómo pagarán nuestros Gobiernos estas obligaciones de deuda? ¿Qué programas sociales se recortarán a cambio? ¿Hay una forma mejor de capear las crisis? ¿Es esto un desarrollo sostenible?

Para responder a estas preguntas, las instituciones financieras tienen que mostrar los recibos. Los ciudadanos necesitamos ver a dónde fue a parar el dinero y qué impacto tuvo. También necesitamos que las instituciones financieras pongan remedio a los proyectos que excluyeron a los grupos marginados, en los que se robaron fondos o en los que se perjudicó a los seres vivos y al planeta. Tiene que haber una rendición de cuentas significativa. Los Gobiernos, los académicos y los foros políticos de alto nivel deben exigir a las instituciones financieras que muestren los recibos antes de darles un papel más importante en la pandemia y la recuperación.

Y mientras las noticias sobre la variante de ómicron inundan nuestras noticias, como sociedad civil tenemos que recordar que el portal de la pandemia sigue abierto. Podemos optar por atravesarlo, arrastrando los cadáveres de las ideas muertas de las instituciones financieras internacionales que reproducen el imperialismo económico, la misoginia y la crisis ecológica. O podemos caminar con valentía, con amor y generosidad, dispuestos a imaginar y luchar por otro mundo en el que las instituciones que financian el desarrollo y la crisis estén dirigidas por comunidades, sean democráticas, equitativas y adopten un enfoque de derechos humanos.

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