En año electoral, la libertad de prensa disminuye en Angola

En abril de 2021, el Gobierno de Angola ordenó la suspensión de las actividades de TV Record África en el país, por irregularidades. Imagen: Giovana Fleck/Global Voices

Angola celebrará elecciones en agosto de 2022 para el nuevo Parlamento y presidente de la República. El actual jefe de Estado, João Lourenço, del partido Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA), fue elegido en 2017. Lourenço fue elegido después de que su predecesor, José Eduardo dos Santos, abandonpo el poder tras más de 30 años.

El Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA) fue fundado en 1956 y ha gobernado Angola desde que se independizó de Portugal en 1975. Desde entonces, es el mayor partido del país y, por tanto, controla varios sectores sociales y de Gobierno, incluidos los medios.

Durante el mandato de José Eduardo dos Santos, Angola se consideraba un país con libertad de expresión y de prensa amenazadas, principalmente por las prohibición de manifestaciones públicas y detenciones contra activistas y políticos de la oposición.

Uno de los casos emblemáticos, del que informó Global Voices en 2016, fue cuando 17 activistas fueron detenidos después de debatir sobre un libro que el gobierno anterior consideró un «arma de guerra». Fueron liberados unos meses después.

Los votantes esperaban un cambio cuando eligieron al actual presidente en 2017. Aunque parecía prometedor cuando comenzó su mandato, ha quedado demostrado que su tiempo en el cargo ha sido más de lo mismo. Bajo su mandato, los ciudadanos siguen sin tener derecho a manifestarse y enfrentan arrestos y detenciones injustificadas.

Libertades fundamentales en un año electoral

Angola ha visto aumentar la tensión desde sus elecciones de 2017, marcadas por protestas y disputas políticas. En 2021 los ciudadanos tomaron las calles tras la aprobación de una ley electoral, a pesar de que los principales actores políticos del país no habían llegado a un consenso.

Además de las protestas, los medios (tradicionalmente dominados por el Estado en Angola) también han sufrido un retroceso, especialmente en los canales de televisión y los periódicos de mayor tiraje. El incidente más reciente tiene que ver con la suspensión de los canales de televisión privados que operaban en el país.

El primer caso data de abril de 2021, cuando el Gobierno de Angola ordenó la suspensión de las actividades de TV Record África en el país, por presuntas irregularidades. Record es uno de los mayores grupos de televisión comercial de Brasil. El Ministerio de Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Comunicación Social (MINTTICS) justificó la suspensión de la filial de la televisora brasileña porque su director ejecutivo es un ciudadano «no nacional».

En la misma ocasión, el grupo de medios ZAP, que opera canales de televisión de difusión, también fue suspendido por sospechas de ilegalidad en sus operaciones. En ese momento, las autoridades dijeron que la evaluación realizada por ese Ministerio reveló que había periódicos, revistas y emisoras de radio registrados en el país, pero que no son operaciones efectivas.

En reacción, Ángela Quintal, coordinadora del programa para África del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), ha pedido al Gobierno que ponga fin a la suspensión, y ha solicitado al ejecutivo que deje de perseguir a los medios críticos con el Gobierno :

Com a aproximação das eleições do próximo ano, o Presidente João Lourenço e a sua administração deveriam promover a pluralidade de perspetivas nos ‘media’ e assegurar que o Estado não tem o monopólio da informação crucial para o público tomar decisões fundamentadas.

Ante la proximidad de las elecciones del año que viene, el presidente João Lourenço y su administración deben promover la pluralidad de perspectivas en los medios y garantizar que el Estado no tenga el monopolio de la información crucial para que el público pueda tomar decisiones informadas.

En enero de 2022, se anunció finalmente que los canales pasarían a ser gestionados por el Estado. Se da la circunstancia de que la Fiscalía General decidió que la gestión de las empresas ZAP Media S.A y Finstar pasara a manos del Ministerio que supervisa los medios en Angola, que debe garantizar la reintegración de los trabajadores despedidos del canal.

En su reciente informe sobre Angola, Human Rights Watch llamó la atención sobre el creciente número de violaciones de libertades fundamentales en Angola, centrado en el sector de la prensa.

O Comité de Protecção dos Jornalistas, CPJ, relatou pelo menos seis outros casos de queixas por difamação criminal contra jornalistas em Angola desde Março de 2021. Milhões de angolanos em todo o país continuam a ter acesso a informação livre, diversa e imparcial, uma vez que Angola continuou a ser o único país da África Austral sem estações de rádio comunitárias.

El Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, ha informado de al menos otros seis casos de denuncias por difamación criminal contra periodistas en Angola desde marzo de 2021. Millones de angoleños de todo el país siguen teniendo acceso a una información libre, diversa e imparcial, ya que Angola sigue siendo el único país del sur de África que carece de radios comunitarias.

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