Montaje hecho por Global Voices.

En el actual gobierno de Guillermo Lasso, quien asumió la presidencia hace casi un año, no hubo reportes periodísticos sobre las prácticas de videovigilancia en Ecuador. Sin embargo, un reciente informe de la organización no gubernamental Access Now pone foco sobre las tendencias de videovigilancia masiva en América Latina, incluyendo un capítulo sobre este país. 

El informe denuncia la opacidad del Estado ecuatoriano en cuanto al uso de tecnologías de reconocimiento facial y sus adquisiciones a empresas internacionales y la falta de marcos legales para regular la vigilancia. También cuestiona la narrativa de que la vigilancia masiva sirve en la lucha de la criminalidad.

En abril del 2019, el entonces presidente ecuatoriano Lenin Moreno dijo que el Servicio de Seguridad ECU 911, un servicio de respuesta inmediata ante emergencias nacionales, fue usado de manera perversa para actos de espionaje durante el gobierno anterior de Rafael Correa. A renglón seguido subrayó que ese tipo de prácticas ya no forman parte de su gobierno, un asunto que remarcó su ministra del interior, María Paula Romo, “el acceso de información de las personas solamente se usa con fines de seguridad.”

Anaís Córdova formó parte del equipo investigador de Access Now con LaLibre.Net, una organización de tecnologías comunitarias, para tratar la sección que corresponde a Ecuador. La siguiente entrevista con Anaís Córdova fue editada para mayor claridad.

CF: ¿Qué resultados arrojó la investigación para el caso de Ecuador? 

AC: Lo primero es que todo el tiempo se está legitimando que, la videovigilancia y todos los sistemas de vigilancia del ECU 911, es decir, de todos los sistemas integrados que hacen la vigilancia en el Ecuador, genera seguridad. Una de las conclusiones que están claras de nuestro estudio es que la seguridad no pasa por cuántas cámaras existen. No existe ningún tipo de prueba que diga que habrá mayor seguridad ciudadana mientras existan más cámaras. No existe una reducción del crimen, ni prevención de muertes violentas que esté relacionada con la cantidad de cámaras. Lo que sí existe es una persecución a defensores y defensoras de la naturaleza, de los derechos humanos, que es legitimada a través de la idea de que va a ver más seguridad ciudadana. 

Entonces frente a eso hay un panorama, por un lado, bastante complejo porque significa que tenemos que pensar qué es la seguridad y cómo se construye la seguridad ciudadana, que siempre ha estado justificado por el hecho de que mientras más tecnología o más armas se va a lograr mayor seguridad y eso clara e históricamente nos demuestra que no es así. 

Por otro lado, los millones de dólares que se están gastando en videovigilancia, en tecnologías de reconocimiento facial, como es el caso ecuatoriano, es cada vez mayor. Entonces, cuando pensamos nuestra idea de que el reconocimiento facial sucede en películas futuristas o que el reconocimiento facial sucede en países entre comillas más desarrollados, con este estudio nosotros lo que básicamente entendemos es que eso no es real, todos los ecuatorianos y ecuatorianas estamos viviendo una constante videovigilancia. 

CF: ¿Dentro de las peticiones de acceso a la información pública han encontrado alguna evidencia de vulneración de derechos en contra de dirigentes sociales o de organizaciones?

AC: Bueno, creo que está bastante claro que la videovigilancia en el Ecuador empieza realmente con el sistema de ojos de águila en el 2002. Empezamos a ver que después existe como otro momento con el uso de la videovigilancia y se empieza a comprar un montón de equipos entre el 2010 y 2014 en el gobierno de Rafael Correa. 

Durante el gobierno de Rafael Correa y posterior a este, las imágenes del ECU 911 han mostrado, y hay varias noticias que lo prueban aquí, que se ha utilizado la información de movimiento sobre todo para hacer seguimiento de personas que no fueron afines al gobierno de ese momento. Por ejemplo, algo que tenemos claro es que se ha utilizado sobre todo videovigilancia y sensores de telefonía celular para entender en qué lugares y territorios se encuentran defensores de la naturaleza en el territorio ecuatoriano. Sobre todo, personas que eran muy cercanas al tema del [Yasuní] ITT [N. de E.: Se refiere al colectivo Yasunidos, una iniciativa ciudadana que se opuso a la decisión de Rafael Correa para explotar el petróleo de la biosfera del Yasuní]. Ahí hubo persecución, igualmente hubo persecuciones políticas a personas que no estaban a favor del gobierno. 

CF: De acuerdo a la investigación, ¿qué tipo de tecnologías y de qué países se están comprando este tipo de equipos?

AC: Bueno, las tecnologías, principalmente, que compra Ecuador provienen de Hikvision de China, Axis de Suecia, Verint de Israel y Estados Unidos. Estas son las tres principales. Creo que es muy importante que pongamos un ojo sobre quiénes son estas empresas, sobre todo, Hikvision y Verint por los escándalos que han tenido anteriormente. 

Hikvision, que es de China, tiene un software que hace un reconocimiento facial, almacena los datos y parece que hay un almacenaje extra de datos. Eso implica que hay algún lugar en el que esos datos están siendo almacenados, por un lado. Por otro lado, esta tecnología fue desarrollada en campos de concentración en China. Ese es un juicio que está constantemente abierto contra China por el desarrollo de esta tecnología en ámbitos de violencia. Hay una organización que se encarga todo el tiempo de hacer las demandas a Hikvision y hace constantes seguimientos de dónde viene su tecnología y cómo se está produciendo y qué es lo que está cambiando con respecto al reconocimiento facial. 

Por otro lado, Verint que es de Israel y Estados Unidos. Esta empresa está más desarrollada en tecnología de guerra. Entonces, el hecho de que Ecuador esté comprando esas tres marcas, Suecia, Israel y China nos habla sobre ciertos acuerdos también geopolíticos con respecto a quién se le está dando información, quién le está proveyendo esto. Las empresas no entran ilusamente. Estas llegan, hacen pruebas, regalan unas cuantas cámaras; después de eso vuelven, negocian. Al parecer, dentro del gobierno de Correa hubo varios momentos donde Hikvision hizo entregas entre comillas gratuitas de cámaras que ahora ya se ven claramente reflejadas en compras, están en lugares tan lejanos como el gobierno local de Shushufindi, una ciudad dentro de la amazonía ecuatoriana. Si bien es una ciudad por donde pasa el petróleo y hay negocios petroleros, tiene una cantidad de cámaras absurda en relación al número de ciudadanos y ciudadanas. 

CF: ¿Por qué la insistencia de este tipo de tecnologías de vigilancia por parte de los gobiernos si se sabe que no hay estudios contundentes sobre la eficacia de los mismos para combatir el crimen? ¿Por qué crees tú que pasa esto, luego de todo lo que has investigado y analizado con La Libre para Access Now?

AC: Existe una idea mesiánica sobre la tecnología: va a salvarnos de algo. Lamentablemente, ese algo no sabemos qué es. Esta idea que se tiene alrededor de la tecnología implica quitar las caras de quiénes son los verdaderos responsables. 

Históricamente la tecnología ha sido desarrollada por alguien, manejada por alguien. Existe una empresa que es quien está vendiendo la tecnología y al poner la responsabilidad en una cámara, al poner la responsabilidad en una máquina que, por ejemplo, saca petróleo, es más fácil decir ahí está la responsabilidad y no quienes están detrás de esa cámara o detrás de esa máquina […]

Hay una idea sumamente patriarcal de que mientras más armas y más violencia, entonces, vamos a resolver rápidamente los problemas. Es mucho más difícil pensar en comunidad: cómo vamos a resolver realmente los problemas de inseguridad, organizarse a nivel de vecindario. No en función de la violencia sino en función del bienestar. Dentro de este sistema nada está pensado en el bienestar sino más bien en el sentido del beneficio económico y la violencia.