Imagen cortesía de Ameya Nagarajan

Una semana después de la invasión rusa a Ucrania, que comenzó el 24 de febrero del 2022, la Duma rusa (Parlamento) aprobó una ley que sanciona con hasta 15 años de prisión la difusión de «noticias falsas» sobre la operación militar, las declaraciones que desacrediten a las fuerzas armadas rusas y los llamados a sanciones para Rusia. En este caso, el término «noticias falsas» se puede referir a cualquier opinión respecto a las acciones del Estado contrarios a la postura oficial. Esta ley se extiende a organizaciones, profesionales del periodismo y civiles que difundan desde artículos de su autoría hasta publicaciones en redes sociales e incluso que den me gusta a esas publicaciones. La Duma se tomó solo un día para analizar la ley y al día siguiente la firmó el presidente Vladimir Putin.

Este acto de censura sin precedentes se justificó como regulación de la información equivocada, debate que se sigue considerando el signo determinante de la era de la información. Surgieron partidarios y opositores de la imposición de regulaciones a la información equivocada. Ambas partes cuentan con un conjunto de argumentos, los alarmistas abogan que imponer responsabilidad es la única herramienta para detener la difusión de la desinformación y por otra parte, los opositores aseguran que infringe la libertad de expresión.

En 2017, la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión y «Noticias Falsas», Desinformación y Propaganda preparada por Naciones Unidas junto con organizaciones regionales, propuso abolir las prohibiciones generales y criminalizar la difusión de información basada en «ideas imprecisas y ambiguas, incluidas las noticias falsas». De acuerdo con la declaración, dichas leyes serían incompatibles con los parámetros internacionales de libertad de expresión. Aun así, el problema de desinformación a menudo se plantea como un tema crítico para los asuntos de democracia y de seguridad del Estado. Los Estados enfrentan múltiples desafíos provocados por la difusión de información falsa. Esto incluye una diversos problemas, desde enfrentar declaraciones difamatorias y discursos de odio hasta desinformación electoral y más recientemente, difusión de información falsa respecto a la pandemia del COVID-19.

La mayoría de los países toman medidas de regulación contra la desinformación, a pesar de la advertencia de Naciones Unidas. Esto generalmente se produce como una respuesta de la sociedad civil, los legisladores y las empresas de tecnología. Por ejemplo, Países Bajos y Nigeria que respondieron con el lanzamiento de campañas de alfabetización digital. En Alemania, los proveedores de servicios en internet, y las plataformas de redes sociales, se vieron obligados legalmente a enfrentar la desinformación y tuvieron que retirar contenido dañino que fuera «obviamente ilegal» dentro de 24 horas. La Asamblea Nacional de Francia aprobó dos proyectos de ley para limitar la desinformación electoral al proporcionar a los partidos y a los candidatos acceso a un procedimiento legal acelerado contra la información falsa difundida públicamente. El Gobierno del Reino Unido rechazó el termino «noticias falsas» en un comienzo y tomó las medidas necesarias para impulsar a las compañías de redes sociales a involucrarse en la verificación de hechos. Sin embargo, como un intento de enfrentar la desinformación difundida durante la pandemia de COVID-19, se produjo un proyecto de ley de seguridad en línea que impuso un «deber de diligencia» (responsabilidad de retirar contenido antes de que perjudique a los usuarios) a las plataformas en línea.

Estos casos se enfocan principalmente en regular los procedimientos de curación de contenido, lo que faculta a las instituciones para tomar acción en casos específicos. Sin embargo, han sido criticados por posiblemente permitir la censura. Aún no existe un consenso establecido respecto a la regulación de la desinformación y las definiciones de contenido «dañino» e «ilegal» siguen en debate. Además, en algunos países, las iniciativas legislativas que operan con el término «noticias falsas» y «desinformación» se convirtieron en instrumentos de control, silenciamiento de voces y lucha contra la disidencia.

Cuando la legislación incluye la posibilidad de realizar un procedimiento penal, es importante la definición exacta de «información falsa». Esto sucede en muchos regímenes políticos que expiden responsabilidad legal por la desinformación. En Myanmar, la difusión de «noticias falsas o desinformación» en internet con el objetivo de «difamar, dividir una asociación, alarmar al público o destruir la confianza pública» es sancionable con una pena de hasta tres años de prisión. Esta ley se enfoca en periodistas y medios. En Egipto se han impuesto restricciones severas a los medios tradicionales y a las redes sociales desde 2016. Esta ley se enfoca en los medios y en las cuentas populares en redes sociales por «publicar noticias falsas» y por «uso indebido de redes sociales». Quienes publiquen material definido como «ofensivo» por la imprecisa interpretación legal recibirán una multa importante o incluso pena de prisión.

La ley de noticias falsas en Rusia terminó con la limpieza de la información y de las interpretaciones alternativas de los hechos ocurridos en Ucrania en del ámbito de los medios. Esto se convirtió en un claro acto de silenciamiento a los medios de comunicación y al público. Las otras acciones del regulador a principios de esa semana incluían ordenar a todos los medios registrados retirar todos los materiales en donde la agresión militar en Ucrania se llame «guerra» y bloquear el acceso a los pocos medios de comunicación independientes restantes en Rusia. Las consecuencias de aprobar una legislación rápidamente y las acciones del regulador son similares a aquellas situaciones en las que se ha impuesto censura en el país debido a la guerra. En menos de una semana los rusos perdieron el acceso legal al periodismo independiente y al derecho de discutir e interpretar eventos públicos.

Además, la Duma está considerando otro proyecto de ley que otorgará a la oficina del fiscal acceso expandido a la información del personal de los rusos. La oficina tendrá el derecho de procesar la información del personal «obtenida no solamente en contacto con la supervisión procesal, sino que también en el ejercicio de otros poderes». En otras palabras, amplía las bases para solicitar información personal que puede incluir opiniones políticas de las personas.

Hacia finales de marzo, la Duma extendió la «ley de noticias falsas» para imponer responsabilidad legal y administrativa por la difusión de información falsa, no solo sobre las fuerzas armadas, sino también sobre agencias gubernamentales que trabajan en el exterior. Esto abarca el trabajo de embajadas, fiscalías, comités de investigación y otros organismos públicos. Aunque el legislador asegura que esas medidas son necesarias para proteger la imagen pública de los «defensores del país», tal legislación inevitablemente refuerza la presión de la censura. Desde que la ley está vigente, se iniciaron al menos siete casos penales por falsificación y se impusieron numerosas multas administrativas por protestas contra la guerra en las calles y por publicaciones en redes sociales.

En los tres casos, los Gobiernos legitiman la legislación como un medio de protección a sus ciudadanos. Además, esas leyes frecuentemente clasifican dentro de las características de una legislación de carácter declarativo y conllevan interpretaciones generales de los términos utilizados. Al igual que en otros países, las leyes de desinformación van de la mano con la capacidad estatal para filtrar y redirigir el tráfico en línea rápidamente. En conjunto, esto crea un vacío informacional para los ciudadanos, lo que incrementa el miedo y la desconfianza, además de contar con la capacidad de acabar con cualquier disidencia.

El caso de Rusia muestra cómo el régimen político puede utilizar como arma las noticias falsas y sancionar a cualquiera que desafíe las acciones del Gobierno. Esto nuevamente demuestra la necesidad de tener responsabilidad al establecer límites entre la información verídica y la información falsa.

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