Foto de libre uso/Pixabay [1]
El último día de sus 10 años de gobierno, en el 2017, Rafael Correa dejó un proyecto de ley [2] en la Asamblea Nacional para regular los actos de odio y discriminación en redes sociales e internet. Posiblemente, era una señal para dejar claro que, una vez electo Lenin Moreno [3], la lucha contra “la prensa corrupta [4]” no se iba a detener. Sin embargo, en los primeros meses del gobierno de Moreno, Correa no esperó que su ex vicepresidente decidiera dar un giro de 180 grados: distanciarse del correísmo y su retórica beligerante con la prensa.
Moreno, además, hizo lo inimaginable en la década correísta: se reunió [5] con un grupo de propietarios y directivos de medios privados. Para un sector de la opinión pública esto se entendió como una señal de que la relación con la prensa sería diferente. Para otros —sobre todo desde el correísmo—, se afirmó la idea de que el gobierno tendría el beneplácito de la prensa, una componenda política imperdonable. Lo concreto es que con Moreno se instaló un imaginario colectivo de que hubo un antes y un después, en términos de comunicación: de la dictadura pasamos a la democracia y a la libertad. Este binarismo reduccionista trajo consigo que los debates sobre la libertad de prensa y expresión en el país, incluso bajo el actual gobierno de Guillermo Lasso [6], se vayan extinguiendo.
Ciertamente, lo vivido durante el correísmo dista mucho de lo que se vive ahora. Pero es una ilusión asumir que la prensa está en un paraíso de las libertades. Veamos.
El último Informe [7] de la organización Fundamedios identificó que entre enero y diciembre del 2021 hubo 289 agresiones contra periodistas, ciudadanos y medios de comunicación, una situación que vulnera los derechos de libre expresión, prensa y acceso a la información. Si esa realidad se compara con el 2020, Fundamedios afirma que hubo un crecimiento del 35% de agresiones. Ante esa realidad la organización se pregunta, ¿es posible revertir este contexto tan negativo para el trabajo de la prensa o estamos ante una situación estructural que solo se irá agravando con el tiempo? Y, claro, posiblemente hay elementos para pensar que es un asunto estructural. Fundamedios, cuando evaluó los cuatro años de gobierno de Moreno, es decir, los primeros cuatro años del poscorreísmo, pudo notar que sí hubo un descenso notorio de las agresiones a la prensa del 2016 (con Rafael Correa aún en el gobierno) en relación al 2017 (cambio de mando, con Moreno como presidente). Pero, que el principal agresor, con Rafael Correa y después de él, seguía siendo el mismo: el Estado [8].
Es el mismo Estado el que, además, cuando pretende garantizar el ejercicio de la prensa en el país, no asume su rol. En abril del 2019, el gobierno de Moreno creó el Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación [9] que se integró por delegados de la Cancillería, el Ministerio del Interior; el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información; y de la Secretaría General de Comunicación. En dicho acto, el entonces Canciller José Valencia recordó al menos tres episodios que vivió el país que, a su juicio, dieron paso a este Comité: uno, la tensa relación entre Rafael Correa y la prensa; dos, la Ley de Comunicación, aprobada en el 2013, y que castigó severamente a los medios privados, sobre todo; y, tercero, el secuestro y asesinato del equipo de prensa de El Comercio en el 2018, un crimen que fue atribuido a un grupo disidente de las FARC, el Frente Oliver Sinisterra liderado por Walter Arízala alias “Guacho”. Este último hecho, concretamente, dio vida a este Comité ya que fue una recomendación [10] del Informe Final del Equipo de Seguimiento Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Pero, el Comité, que se presentó por todo lo alto, no ha tenido avances. Inclusive, el actual gobierno ofreció, a finales del 2021 [11], impulsar nuevamente este espacio e instalar una estructura más eficaz para su funcionamiento. Las dudas persisten. La Fundación Periodistas sin Cadenas evidenció que, al menos en los primeros cien días del gobierno de Lasso, los bloqueos informativos [12] aún permanecen como prácticas que impiden el trabajo periodístico. Es decir, las instituciones públicas cumplen a medias con la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información, un “cerrojo oficial que sigue siendo el mismo que hubo con Lenin Moreno”, sostiene la Fundación.
Otro aspecto tiene que ver con la vigilancia política a opositores políticos y periodistas, sobre todo, cuando en Ecuador hubo acciones cometidas desde las oficinas de la Secretaría Nacional de Inteligencia, Senain —hoy llamado Centro de Inteligencia Estratégica—. A mediados del 2015, durante el gobierno de Correa, 400 GB de información de la empresa italiana Hacking Team se filtraron [13] y salieron a la luz pública a través de WikiLeaks. Así se pudo conocer que Ecuador, entre otros países latinoamericanos, contrataron los servicios de esta empresa. Hacking Team se dedicaba a la venta de un programa informático que se alojaba en los dispositivos —teléfonos, celulares, tablets— con el fin de espiar la actividad del usuario o usuaria a través de un malware. De esta forma, por ejemplo, la información llegaba de manera completa —calendario, llamadas, correos, páginas web visitadas, entre otros— a la persona o entidad que usaba los servicios de la empresa italiana. Todo este set de espionaje llevaba el nombre de Programa Galileo o Da Vinci, los nombres comerciales de RCS (Remote Control System).
Pero, el Senain y funcionarios públicos de alto rango de la época salieron a desmentir en diferentes formas dichas revelaciones. El propio ex presidente Rafael Correa calificó todo como un “show político [14]”. Hacking Team nunca se trató como una investigación pública, ni con Rafael Correa ni con los presidentes siguientes. Solo hubo sesiones a puerta cerrada, como parte de la rendición de cuentas del Senain a la Comisión de Soberanía de la Asamblea Nacional (poder legislativo). Tampoco la fiscalía general abrió una investigación de oficio.
Por otra parte, en el 2019, el ex presidente Lenin Moreno dijo que el Sistema de Seguridad ECU 911 se usó de forma “perversa para el espionaje a adversarios políticos y ciudadanos a los que se quería presionar [15].” Esta fue una directa referencia al decenio correísta, que instaló este sistema nacional de videovigilancia para combatir la delincuencia y el crimen relacionado con el tráfico de drogas, pero que también se usó para espiar a opositores. Sin embargo, la declaración del ex presidente no fue gratuita. Días antes, The New York Times reveló que existía un “sistema espejo [16]” entre el ECU 911 y el entonces Senain, es decir, que los registros de las cámaras del sistema de seguridad también se reflejaban en las oficinas de inteligencia. El medio estadounidense afirmó, además, que a pesar de que el gobierno de Moreno investigaba los abusos que habría cometido la agencia de inteligencia, dicha agencia aún seguía recibiendo los videos de las cámaras de vigilancia [16].
Por eso Moreno no solo acusó el «uso perverso» de los equipos de vigilancia para la seguridad ciudadana, también subrayó que en su gestión esas prácticas estaban desterradas. Su ex ministra de gobierno, María Paula Romo, siguió el mismo libreto. Lo cierto es que en Ecuador, de acuerdo a un reciente estudio regional de Access Now, existe opacidad [17] sobre el uso y compra de este tipo de tecnología masiva de videovigilancia. No extraña, por ejemplo, que las autoridades nieguen el empleo del reconocimiento facial [18] cuando se hacen pedidos de información, aunque en sus eventos públicos sí lo afirman.
Entonces, ¿qué evidencia hay de que las prácticas de espionaje político, que afectan severamente las libertades civiles y políticas de la ciudadanía y los periodistas, ya no se realizan en el país? ¿Basta la declaración de un mandatario, de que tales prácticas han quedado desterradas, para dormir tranquilos?