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El despliegue de tecnologías innovadoras y emergentes en Marruecos ha tenido una rápida expansión desde el brote de COVID-19 en diciembre de 2019, lo que ha suscitado varios debates sobre los riesgos y problemas asociados a la tecnología en cuestión, como vigilancia masiva, discriminación, censura, opacidad y falta de regulación sólida. La pandemia aceleró la adopción de tecnologías digitales en Marruecos, y el Gobierno ha introducido diversas medidas para controlar la propagación del COVID-19 mediante despliegue y prueba de tecnologías digitales y sistemas biométricos emergentes, como identidad digital, aplicación de rastreo de contactos del COVID-19, un pasaporte de vacunas y la instalación generalizada de software de reconocimiento facial en las cámaras de vigilancia.

En los últimos años, las autoridades marroquíes han intensificado sus esfuerzos para adoptar tecnologías digitales y han invertido millones de dólares en soluciones de inteligencia artificial y en tecnología, basándose en la idea de que las nuevas tecnologías son siempre la mejor solución y pueden resolver todos los problemas. Las autoridades dicen que su objetivo es promover crecimiento económico, aumentar la digitalización y reforzar el ecosistema de innovación del país a través de la nueva estrategia Maroc Digital 2020 y la creación de la Agencia de Desarrollo Digital. Sin embargo, estas tecnologías emergentes, unidas a la fuerte presencia política y militar en la vida pública, están perjudicando a los derechos humanos de Marruecos mucho más que el desarrollo económico que promueven, y amenazan la protección, promoción y disfrute de los derechos humanos.

Aunque la Constitución marroquí protege la libertad de expresión y el derecho a la intimidad, también permite vigilar comunicaciones privadas en determinadas circunstancias, con aprobación judicial. Existen muchos rubros ambiguas relacionadas con los poderes discrecionales otorgados a los jueces y a las agencias de inteligencia, así como desafíos relacionados con la falta de independencia judicial y la falta de escrutinio público y de una supervisión adecuada sobre el trabajo de los servicios de inteligencia y sus operaciones. Marruecos también cuenta con una normativa nacional para la protección de datos personales (nº 09-08 de 2009), pero la ley contiene conceptos imprecisos y ampliamente definidos que eximirían de la protección a los datos personales recogidos y procesados en interés de la defensa nacional y la seguridad interior o exterior del Estado..

En los últimos años, en Marruecos han aumentado los informes sobre periodistas, activistas políticos y defensores de los derechos humanos que han sido objeto de ataques ilegales por parte del programa de espionaje Pegasus de NSO. Luego estas personas fueron detenidas, procesadas por cargos de motivación política, torturadas y maltratadas. Se encuentra el destacado activista y periodista de investigación Omar Radi, detenido en múltiples ocasiones y encarcelado durante seis años tras un proceso judicial empañado por la violación de su derecho a un juicio justo.

La vigilancia digital permitió a las autoridades marroquíes ampliar su alcance autoritario y silenció las voces de la disidencia popular, los medios independientes y las figuras de la oposición. Esto viene acompañado de un creciente temor a que la vigilancia digital se mantenga más allá del final de la crisis de COVID-19.

Tecnología de reconocimiento facial

Las autoridades marroquíes han puesto la regulación del software de reconocimiento facial biométrico en manos de la Comisión Nacional Marroquí de Control de la Protección de Datos Personales, que anunció una moratoria de siete meses para su uso por parte de entidades públicas o privadas a partir del 2 de septiembre de 2019, lo que supone un importante avance en el establecimiento de directrices para el uso de sistemas de autenticación biométrica en general y de tecnologías de reconocimiento facial en particular.

La Comisión planteó su preocupación por el impacto de la tecnología en la privacidad y los derechos fundamentales de las personas, y anunció la necesidad de ampliar las consultas con las partes interesadas públicas y privadas, los representantes de la sociedad civil y los expertos locales e internacionales. Aunque la Comisión prorrogó la moratoria sobre el uso del reconocimiento facial biométrico hasta finales de 2020, no hubo más informes sobre la prohibición de los sistemas biométricos más allá de ese año.

#Morocco is listed as country using #Chinese facial recognition linked to public security/surveillance objectives .
@saillabs #securtiy #surveillance https://t.co/7XuKk9jgUc

— Ali Zoubeidi (@DrAZoubeidi) January 22, 2020

La difusión mundial de las tecnologías chinas de reconocimiento facial a través, vía de Financial Times.
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Marruecos aparece como país que usa reconocimiento facial chino vinculado a objetivos de vigilancia/seguridad pública.

En abril de 2021, el Ministerio del Interior supuestamente distribuyó una licitación no pública por valor de 500 millones de dirhams marroquíes (51 millones de dólares estadounidenses) para equipar drones y cámaras de circuito cerrado con sistemas de reconocimiento facial en Casablanca para vigilar los movimientos de los ciudadanos, limitar la «delincuencia» y detectar a quienes no lleven mascarilla o respeten las medidas de distanciamiento social de COVID-19. El sistema biométrico también se apoyará en centros de datos centralizados, bases de datos y algoritmos que analizan los movimientos y comportamientos de los ciudadanos.

La tecnología de detección de rostros supone una profunda amenaza de violación del derecho fundamental a la intimidad de las personas mediante una explotación creciente y potencialmente a gran escala de los datos personales, incluidos datos delicados. Sin mecanismos de control adecuados que regulen la adquisición y el uso de reconocimiento facial, las herramientas de vigilancia y supervisión en los espacios públicos representan una amenaza real para el derecho a la libre asociación, la libre expresión y otras libertades civiles de millones de ciudadanos en el país. De hecho, en su deliberación de 2019, la Comisión destacó la «necesidad de que se establezca un marco regulador sólido en Marruecos para usar reconocimiento facial que garantice que la tecnología respeta la privacidad individual».

Pasaporte de vacunas

En octubre de 2021, las autoridades marroquíes impusieron la obligatoriedad de los pases de vacunación, también conocidos como «pasaportes de vacunación», como condición para entrar a todos los centros de trabajo y lugares públicos, así como para viajes nacionales entre ciudades marroquíes, con el pretexto de frenar la propagación del COVID-19, reactivar la economía y evitar la aparición de nuevas variantes. Quienes no cumplan las nuevas medidas enfrentarán consecuencias como deducción salarial y despido laboral. En respuesta, el Partido Marroquí de la Justicia y el Desarrollo, el Partido Socialista Unido (oposición), el Colegio de Abogados y la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (la mayor organización de derechos humanos), anunciaron en numerosas declaraciones su rechazo a la decisión, por considerarla «contraria a la Constitución y restrictiva de las libertades».

Más de 30 000 defensores de derechos humanos, activistas y políticos de Marruecos firmaron una petición en línea para que el Gobierno revocara el pasaporte de vacunas, dadas las restricciones que supone para el derecho de circulación y otros derechos fundamentales, y se exigía que el pasaporte fuera voluntario, ya que se cuestiona la eficacia de la iniciativa para combatir el COVID-19.

Tras el llamado de grupos locales de la sociedad civil, miles de manifestantes salieron a la calle en varias ciudades, como Casablanca, Fez, Marrakech y Meknes, denunciaron la imposición obligatoria del pasaporte vacunal. La Policía respondió con mano de hierro, hubo decenas de manifestantes detenidos y procesaron a cuatro activistas por «incumplir la normativa sanitaria y del estado de excepción» y por «insultar a las fuerzas de seguridad y a los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones».

Tangier, Morocco Anti Vaccine passport protest 👏 pic.twitter.com/Zy50tPgNkN

— Muslima (@M11slima) October 31, 2021

Tánger, Marruecos Protesta contra el pasaporte de vacunas.
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Aunque la Comisión considera que el pasaporte vacunal es un medio proporcionado y necesario para controlar la propagación del COVID-19, y no implica el riesgo de seguimiento automático ni acceso a información personal. Sin embargo, activistas de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil siguen sin estar convencidos de que esa iniciativa no vaya a suponer una recopilación y un tratamiento de datos a gran escala, lo que supondría una amenaza para la protección de los datos personales.

Qué sigue

Aunque las tecnologías de datos pueden aportar gran valor añadido, conllevan riesgos muy importantes para la dignidad humana, la autonomía y la privacidad y el ejercicio de los derechos humanos en general si no se gestionan adecuadamente. El Gobierno marroquí no debe usar el COVID-19 como excusa para implantar ni ampliar sistemas existentes que tendrán consecuencias a largo plazo y que pueden conducir a prácticas de vigilancia masiva sin la debida diligencia y sin evaluación adecuada del impacto sobre los derechos humanos. Marruecos tiene que garantizar que las tecnologías nuevas y emergentes se diseñan, desarrollan, despliegan y regulan de forma que permitan, y no socaven, las normas y principios de derechos humanos en el país.

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