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El 25 de febrero, el organismo de control de los medios de Turquía, RTUK, anunció que solicitaría una orden judicial para bloquear el acceso a los servicios en turco de Deutsche Welle (DW), Voice of America (VoA) y Euronews. El anuncio se produjo después de que las tres se negaron a solicitar una licencia de emisión en el plazo de 72 horas que el organismo de control concedió el 21 de febrero.

En su declaración, Voice of America dijo:

Licensing is the norm for radio and TV broadcasting, because the broadcast spectrum is a finite public resource, and governments have a recognized responsibility to regulate the spectrum to ensure it is used in the broader public’s interest. The internet, by contrast, is not a limited resource, and the only possible purpose of a licensing requirement for internet distribution is enabling censorship.

La concesión de licencias es la norma para la radiodifusión y la televisión, porque el espectro de la radiodifusión es un recurso público finito, y los Gobiernos tienen la responsabilidad reconocida de regular el espectro para garantizar que se usa en interés del público en general. Internet, por el contrario, no es un recurso limitado, y el único propósito posible de un requisito de licencia para la distribución en internet es permitir la censura.

La declararión de DW tomó ese sentir:

After having subjected the local media outlets in Turkey to such regulation, an attempt is now being made to restrict the reporting of international media services. This move does not relate to formal aspects of broadcasting, but to the journalistic content itself. It gives the Turkish authorities the option to block the entire service based on individual, critical reports unless these reports are deleted. This would open up the possibility of censorship. We will appeal against this decision and take legal action in the Turkish courts.

Después de haber sometido a los medios de Turquía a esta regulación, ahora se intenta restringir la información de los servicios de comunicación internacionales. Esta medida no se refiere a los aspectos formales de la difusión, sino al propio contenido periodístico. Ofrece a las autoridades turcas la posibilidad de bloquear todo el servicio basándose en informes individuales y críticos, a menos que se eliminen dichos informes. Esto abriría la posibilidad de la censura. Recurriremos esta decisión y emprenderemos acciones legales en los tribunales turcos.

En los últimos años, RTUK ha recibido amplios poderes para controlar el contenido de los medios en línea. La medida no era inusual, pues más del 90 % de los medios convencionales son propiedad de empresas progubernamentales. Según un informe de la Asociación para la Libertad de Expresión 2021, a finales de 2020 se habían bloqueado un total de 467 011 sitios web, seguidos de 150 000 URL bloqueadas, 7500 cuentas de Twitter, 50 000 tuits, 12 000 videos de YouTube, 8000 publicaciones de Facebook y 6800 publicaciones de Instagram. Todos los contenidos bloqueados estaban sujetos a la ley 5651 (también conocida como Ley de Internet) y a otras disposiciones legales dictadas por 764 jueces de paz y otras instituciones autorizadas.

La represión de las plataformas de medios se intensificó tras el fallido golpe militar de 2016. Pero no solo los medios independientes y críticos estaban en el punto de mira. Innumerables usuarios de redes sociales han sido perseguidos por «insultar al presidente». Según el artículo 299 del Código Penal turco, es ilegal insultar al presidente. El acusado puede enfrentar hasta cuatro años entre rejas. Desde que Erdoğan fue elegido en 2014, Freedom House informa que unas «100.000 personas han sido acusadas de difamar al presidente» e infringir el artículo 299 del Código Penal, disposición rara vez usada antes, según un informe de 2018 de Human Rights Watch. Estudiantes,  artistas, periodistas, abogados y ciudadanos de a pie han sido procesados o han enfrentado juicios. Según la Dirección General de Registros y Estadísticas Penales del Ministerio de Justicia, 36 000 personas fueron investigadas por presuntas injurias al presidente en 2019 y 31 297 en 2020. En comparación, solo cuatro personas fueron investigadas bajo este artículo en 2010.

Cuando el presidente Erdogan contrajo el COVID-19 en febrero de 2022, se iniciaron al menos 36 investigaciones contra usuarios de redes sociales que expresaron demasiado entusiasmo en torno a la noticia. Entre ellos estaba la exnadadora olímpica Derya Büyükuncu. «Tiene COVID-19 y quiere rezar. Estamos rezando, no te preocupes. He empezado a hacer 20 botes de halva. Daré un poco a todo el vecindario cuando llegue el momento», tuiteó Büyükuncu tras la noticia. Para quienes no estén familiarizados con el halva, además de ser un dulce popular, preparado con harina o sémola, mantequilla y miel, también se sirve durante las ceremonias fúnebres. Poco después de que Büyükuncu publicó ese tuit, la Fiscalía General alegó que el nadador había deseado indirectamente la muerte del presidente y que, por tanto, había cometido un acto delictivo, y emitió una orden de detención.

Otra usuaria de las redes sociales quedó bajo arresto domiciliario por los mismos cargos. En su defensa, la ciudadana dijo que el tuit no iba dirigido al presidente, sino a su novio, ya que la pareja tuvo un desencuentro. «No sabía que la etiqueta helva (postre que tradicionalmente se prepara y se come tras una muerte) se refería a que el presidente se había contagiado. Cuando vi la etiqueta y como las cosas no están bien entre mi novio y yo, escribí algo así, pensando que él lo vería. No me refería al presidente con mi tuit. No acepto la ofensa que se me imputa. Soy inocente; pido mi liberación», dijo la mujer en su testimonio.

Al presidente Erdoğan no le gustan mucho las redes sociales, especialmente Twitter. Desde que la popular protesta ambiental se convirtió en protesta antigubernamental en 2013, se ha empeñado en frenar las plataformas de medios sociales. En el momento álgido de las protestas, Erdoğan, que entonces ejercía de primer ministro del país, describió las plataformas de los medios sociales como «la peor amenaza para la sociedad». Un año después, prometió «acabar con todas estas [plataformas de medios sociales]». Ese día quedó bloqueado el acceso a Twitter en todo el país. Tuvieron que pasar años para que el acérrimo crítico de las redes sociales tomara finalmente medidas drásticas contra las plataformas. En 2020, los legisladores turcos firmaron la nueva ley de redes sociales (Ley de Regulación de las Publicaciones en Internet y Represión de los Delitos Cometidos por esas Publicaciones), que introducía una serie de requisitos que tendrían un impacto duradero en los derechos digitales y la libertad de expresión en Turquía.

Mientras tanto, continúa el control sobre las plataformas de medios independientes y críticos. La ley de insultos, con definiciones imprecisas, se usa para atacar a estos medios. El 22 de enero, la Policía de Turquía detuvo a la destacada periodista Sedef Kabas por un proverbio que la periodista usó en un programa de televisión y luego en su cuenta de Twitter. «Cuando el buey llega al palacio, no se convierte en rey. Pero el palacio se convierte en un granero», dijo Kabas, omitiendo cualquier referencia o nombre. RTUK también inició una investigación contra el canal por «declaraciones inaceptables dirigidas a nuestro presidente». Dos días después, el organismo de control del Gobierno multó a Tele1 por «incitar al pueblo a la animosidad y el odio». RTUK también suspendió el programa de Kabas durante cinco episodios, mientras que al presentador del programa también se le prohibió presentar cualquier programa en cualquier canal de televisión durante 30 días.

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