Imagen de Etienne Girardet [1] useada con licencia Unsplash [2].
La pandemia de coronavirus animó a los Estados a emplear herramientas digitales para controlar la propagación del virus y vigilar datos de salud pública. La ampliación del acceso y el control del Estado sobre las plataformas digitales se convirtió rápidamente en la nueva normalidad, sin apenas objeciones debido a la ansiedad por la pandemia. Aunque la expansión fue una estrategia para «aplanar la curva», ahora conlleva el riesgo de autoritarismo digital, ya que los Gobiernos persisten en profundizar sus capacidades de control digital.
Uno de los riesgos emergentes que enfrentamos ahora es la vigilancia tecnológica dirigida por el Estado. Independientemente del tipo de régimen, los Estados emplearon diversas herramientas de vigilancia durante la pandemia. Por ejemplo, los departamentos de policía de muchos lugares, como California, Florida y Nueva Jersey, usaron drones para vigilar a las personas y advertirles que siguieran las normas de distanciamiento físico cuando fuera necesario [3]. Asimismo, el Gobierno israelí puso en marcha [4] la aplicación de rastreo de contactos HaMagen (El Escudo), para controlar si los usuarios se cruzaban o no con alguien que diera positivo en la prueba de COVID-19. Aunque los ciudadanos se convirtieron voluntariamente en usuarios de estas tecnologías por su salud, abrieron la puerta, sin saberlo, a futuras violaciones de derechos humanos.
La principal razón para aumentar la vigilancia estatal era hacer frente a la pandemia con eficacia para salvar la vida de las personas. Sin embargo, los Estados no están entusiasmados con el abandono de estas herramientas digitales, a pesar de que la pandemia se está extinguiendo. Por el contrario, están decididos a preservar sus capacidades de vigilancia con el pretexto de la seguridad nacional o la preparación para futuras pandemias. Sin embargo, ante el aumento de la vigilancia estatal, deberíamos debatir a fondo el riesgo de autoritarismo digital y el posible uso de las tecnologías de vigilancia para violar la privacidad, silenciar a la oposición política y oprimir a las minorías. Por ejemplo, la sofisticada tecnología de rastreo de contactos de Corea del Sur, que incluye imágenes de cámaras de vigilancia, datos de localización de teléfonos móviles y compras con tarjeta de crédito, ha revelado información personal de los pacientes, como su nacionalidad. Ello ha suscitado preocupación por la privacidad, especialmente de las minorías étnicas, y ha puesto de manifiesto el riesgo de que la tecnología permita la elaboración de mapas étnicos y la discriminación.
En 2020, expertos de Naciones Unidas publicaron una declaración [5] sobre las repercusiones de la pandemia en la privacidad, en la que advertían que «la vigilancia omnipresente no es la panacea para el COVID-19″. Según la declaración, usar de la tecnología de rastreo de contactos ge manera generalizada durante la pandemia allanó el camino para la vigilancia incontrolada en muchos países, lo que el documento califica de tendencia preocupante. La declaración de Naciones Unidas también hace hincapié en la necesidad de una normativa legal que garantice que los Estados empleen tecnologías de vigilancia en una medida proporcional a la situación de la pandemia con estas palabras «Si un Estado decide que la vigilancia tecnológica es necesaria como respuesta a la pandemia mundial de COVID-19, debe asegurarse de que, tras demostrar tanto la necesidad como la proporcionalidad de la medida específica, dispone de una ley que contemple explícitamente dichas medidas de vigilancia. La ley debe incluir salvaguardias que, si no se detallan suficientemente, no pueden considerarse adecuadas según el derecho internacional».
La restricción del acceso y la censura son otros dos riesgos emergentes que se agravaron a lo largo de la pandemia. Los Gobiernos a menudo limitaron o bloquearon el acceso a fuentes independientes de noticias en línea con el pretexto de evitar la difusión de noticias falsas sobre el coronavirus. En muchos países, mientras los medios progubernamentales seguían difundiendo información falsa sobre la pandemia, los Gobiernos detenían [6] a personas bajo acusaciones falsas de desinformación. Por ejemplo, Vietnam inició 654 casos legales y sancionó a 146 personas, y Camboya detuvo a más de 30 activistas y opositores por difundir noticias falsas en los primeros meses [7] de 2020. La investigación de Citizen Lab también señala la cooperación del Estado con las empresas tecnológicas con fines autoritarios. Esa investigación [8] sobre cómo el Gobierno chino gestionó la información relacionada con la pandemia en las redes sociales muestra que la red china WeChat censuró contenidos que incluían críticas a las políticas del Gobierno chino sobre la pandemia.
Ante estos incidentes, podemos concluir que la represión digital alcanzó su punto álgido en democracias y en no democráticas con un pobre historial de derechos humanos. Frente a la vigilancia, el control y la censura del Estado, necesitamos un plan sólido para recuperar nuestros derechos digitales y desarrollar una normativa política y legal adecuada para protegerlos durante futuras crisis y emergencias. Una estrategia clave para lograr este objetivo puede ser la transparencia política.
La apertura y la transparencia son dos de los principales pilares de los procesos democráticos de elaboración de políticas, ya que garantizan que se asuma responsabilidad y generan confianza entre los responsables políticos y los ciudadanos. Si garantizamos la transparencia en la elaboración de políticas, podemos evitar futuras violaciones. Otra estrategia es mejorar la alfabetización tecnológica para que los ciudadanos conozcan sus derechos digitales. A pesar de la rápida adopción de los avances tecnológicos, la mayoría conoce claramente sus derechos digitales, el alcance del acceso del Estado a sus datos o cómo reclamar sus derechos digitales. Esta falta de conocimiento pone de manifiesto la necesidad de la alfabetización tecnológica de personas de todas las edades y procedencias. Para eso, escuelas, centros de investigación, organizaciones de la sociedad civil y grupos de voluntarios pueden desempeñar un papel fundamental en organizar actividades de formación y actos públicos y elaborar materiales educativos. El aumento de los niveles de alfabetización tecnológica también puede crear conciencia pública para resistir o disminuir el grado de autoritarismo digital a través de acciones e iniciativas cívicas.
