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Terminan negociaciones internacionales en Jamaica, se cierne amenaza de minería de aguas profundas sobre océanos del mundo

Categorías: Caribe, Jamaica, Activismo digital, Ambiente, Ciencia, Economía y negocios, Gobernabilidad, Medios ciudadanos, Relaciones internacionales, Tecnología
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Deep Sea'; Imagen [1] de Simon G.Bradley Roberts en Flickr, (CC BY-NC-ND 2.0 [2])..

Desde mediados de marzo hasta el 1 de abril, representantes de Greenpeace Internacional [3] se reunieron en Kingston (Jamaica) para expresar su preocupación por la posibilidad y los posibles efectos [4] nocivos de la explotación minera de los fondos marinos. Junto con la Coalición para la Conservación de las Profundidades Marinas [5], que califica a la inminente industria como «lo más imprudentemente destructivo que podríamos hacerle a nuestro planeta», Greenpeace –una de las 32 organizaciones no gubernamentales que cumple con la XXVII Sesión de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) [6]– pide una moratoria de esas actividades.

Está previsto que se celebren otras reuniones a finales de este año, con el objetivo de establecer un código minero que permita iniciar la explotación de los fondos marinos en junio de 2023. Suponiendo que este código se apruebe e instituya para esa fecha, todo el fondo marino, que comprende casi la mitad del planeta, estará abierto a la minería.

Para los defensores del ambiente es una realidad desconcertante. Aunque estas ONG no pueden participar en las actividades de toma de decisiones en el Consejo de la AIS, sí pueden hacer –e hicieron– presentaciones en las sesiones, y Greenpeace señaló que «sigue muy preocupada» por cómo avanzan las cosas en la AIS. Con sede en la capital jamaicana, la AIS fue creada en 1994 en virtud de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar [7], que tiene el mandato de «garantizar la protección eficaz del medio marino contra los efectos nocivos que puedan derivarse de las actividades relacionadas con los fondos marinos».

Sesión especial con motivo de los 20 años de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) el 20 de julio de 2014. Foto de Emma Lewis, usada con autorización.

Sus 167 países miembros, además de la Unión Europea, se reúnen en el Centro de Conferencias de Jamaica [8] una vez al año para debatir diversos temas, desde la protección del ambiente hasta la explotación minera de los fondos marinos. Sin embargo, el problema es que, si bien existe la tecnología para extraer estos minerales del fondo marino de gran valor económico, las normas que rigen estos esfuerzos –por no hablar del reparto equitativo [9] de los beneficios– son, en el mejor de los casos, imprecisas. El 21 de marzo, Greenpeace dijo [10]:

With the triggering of the two-year rule by Nauru last June, there appears to be a heightened pace within the ISA to rush into seabed mining in spite of its legal obligations, first and foremost, to ensure the protection of the marine environment, including the seabed, which is the common heritage of humankind.

Con la activación de la norma de los dos años por parte de Nauru en junio de 2921, parece que se ha acelerado el ritmo de la AIS para precipitarse en la explotación minera de los fondos marinos, a pesar de sus obligaciones legales, en primer lugar, de garantizar la protección del ambiente marino, incluidos los fondos marinos, que son patrimonio común de la humanidad.

Según el activista de Greenpeace Arlo Hemphill, que habló [11] con Petchary's Blog durante su estancia en Jamaica, la explotación minera de los fondos marinos, su ética, las leyes de gobernanza y los posibles beneficios y amenazas, se ha acelerado gracias a Nauru, isla del Pacífico de 20 kilómetros cuadrados que, por razones financieras, se está asociando con ka empresa canadiense The Metals Company [12], la que actualmente tiene mayor capacidad para iniciar la explotación minera. A mediados de 2021, Nauru informó a la ASI de que quería iniciar la explotación minera en aguas profundas, lo que desencadenó una oscura «regla de los dos años» contenida en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar [13].

Hemphill también señaló [11] que The Metals Company tiene licencias de prospección en las islas del Pacífico de Tonga y Kiribati, y la calificó de «relación muy depredadora […] que se aprovecha de las islas y los países pequeños». Y añadió: «La ISA nunca ha dicho ‘no’ [a una licencia de prospección], ni siquiera una vez».

Greenpeace calificó la idea de proceder a la explotación minera de los fondos marinos de «desfase con el resto del mundo», e instó al Consejo a prestar atención a los cientos de científicos que firmaron una declaración que advierte de la pérdida de biodiversidad, y a otros, como el Congreso Mundial de Conservación [14] de la UICN y el Parlamento Europeo, que han pedido una moratoria para la explotación minera de los fondos marinos

Los científicos ya han confirmado que «los ecosistemas de los fondos marinos no pueden recuperarse de las alteraciones en escalas de tiempo humanas». Como destacó Greenpeace el 22 de marzo

Destruction of life on the deep seabed — of species we often don’t even know yet — means losing ecosystems and most probably entire forms of life we will never see again, and that needs to be part of the discussion here.

La destrucción de la vida en los fondos marinos –de especies que a menudo ni siquiera conocemos– significa la pérdida de ecosistemas y, muy probablemente, de formas enteras de vida que nunca volveremos a ver, y eso debe formar parte del debate.

La Coalición para la Conservación de las Profundidades Marinas recordó [10] a la ASI su mandato de «proteger eficazmente el medio ambiente marino de los efectos nocivos derivados de las actividades mineras». Añadió, irónicamente:

[A]nd yet, environmental externalities are not included in this exercise, leaving the environment and damage to the environment to one side.

The environment cannot be put to one side.

Y, sin embargo, las externalidades ambientales no se incluyen en este ejercicio, deja de lado el ambiente y los daños que se le causan.

El ambiente no puede dejarse de lado.

A continuación [10], detalló los «daños irreversibles» que se producirían, «daños en los fondos marinos, daños de los penachos, incluso en las comunidades costeras y daños en la pesca», y elogió al menos a una nación caribeña, Trinidad y Tobago, que se ha unido a otros Estados miembros y a Greenpeace para reconocer «la importancia de las externalidades y el ambiente», explicando:

The payment mechanism cannot be finalised until the externalities including damage to natural capital and ecosystem services have been quantified and it has been demonstrated that deep-sea mining would not result in significant damage to biodiversity and ecosystem functioning.

El mecanismo de pago no puede concluirse hasta que se hayan cuantificado las externalidades, incluidos los daños al capital natural y a los servicios de los ecosistemas, y se haya demostrado que la explotación minera de los fondos marinos no provocaría daños significativos a la biodiversidad y al funcionamiento de los ecosistemas.

Desde entonces, la AIS ha recibido numerosas críticas por no haber renovado el contrato con Earth Negotiations Bulletin [15] (ENB), organismo independiente que ha estado informando sobre las negociaciones en un esfuerzo por aportar transparencia al proceso. A raíz de la no renovación, la ASI ha sido acusada [16] de trazar autocráticamente el futuro de la industria minera de los fondos marinos. El comunicado de prensa que emitió al concluir el Consejo solo sirvió para aumentar esta percepción, ya que la ISA se centró [17] en «el proyecto de Reglamento de explotación de los recursos minerales en la Zona».

Para complicarlo aún más, se ha dicho que cualquier abandono de los combustibles fósiles y el paso a las energías renovables requiere los tipos de minerales disponibles en el lecho marino. La posición [11] de Greenpeace, que comparten muchas otras ONG ambientales, científicos e incluso fabricantes, es que no es necesario ir al fondo marino para obtener estos materiales. La investigación en este campo continúa; solo necesita más tiempo.

«El problema», explicó Hemphill, «es que la tecnología va muy por delante de la ciencia, y aún no entendemos toda la ciencia de las profundidades marinas». Comparando la minería de los fondos marinos con la destrucción [18] del ecosistema marino, como un «cortacésped gigante o una aspiradora» que retirara el lecho marino, añadió que esa actividad «crearía enormes penachos de desechos que asfixiarían los arrecifes de coral y tendrían un gran impacto en todo lo que vive en el mar».

Por su parte, la jamaicana Tanya Brooks, especialista en comunicación estratégica de Greenpeace Estados Unidos, señaló que los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) como el Caribe deben ser muy conscientes y protectores de nuestro océano, que es un pilar [19] de todo, desde seguridad alimentaria y vida comunitaria hasta el turismo. Brooks y Greenpeace apoyan plenamente la iniciativa mundial «30 By 30″ de la Coalición de Gtan Ambición [20], cuyo objetivo es lograr un acuerdo mundial para proteger al menos el 30 % de la tierra y los océanos del mundo para 2030.

En su declaración final [21] sobre las sesiones de la AIS, Greenpeace señaló que los delegados han «destacado constantemente los defectos fundamentales de la AIS, incluida la falta de transparencia en la Comisión Jurídica y Técnica de la Autoridad», en la que recae la aprobación de las licencias de minería comercial:

If the LTC recommends that an application for mining be approved, the Council (the decision-making arm of the ISA) would need to overturn the recommendation with a ⅔ majority, plus a majority in 4 ‘Chambers’. This clearly demonstrates the skew of the authority towards mining, rather than ocean protection.

Si el LTC recomienda que se apruebe una solicitud de explotación minera, el Consejo (brazo decisorio de la ISA) tendría que anular la recomendación con una mayoría de ⅔, más una mayoría en cuatro «Cámaras». Esto demuestra claramente el sesgo de la autoridad hacia la minería, en lugar de la protección de los océanos.

Matthew Gianni de Earthworks [22] agregó:

International commitments on nature and climate need to translate into urgent action on the floor of the ISA council. Anything less than a moratorium on the industry would be a failure.

Los compromisos internacionales sobre la naturaleza y el clima deben traducirse en acciones urgentes en el consejo de la ISA. Todo lo que no sea una moratoria para el rubro sería un fracaso.

Igual de apremiante es para las pequeñas naciones insulares como las del Caribe, que estarán en primera línea de las consecuencias ambientales.