Imagen cortesía de Ameya Nagarajan
La Federación Rusa suele figurar entre los países que peor se comportan en las clasificaciones de libertad de internet, debido a un historial bien documentado de controles de la información [1] destinados a restringir la expresión en línea. La búsqueda de las autoridades para controlar la internet rusa (conocida como RuNet) comenzó en serio en 2012. En ese momento, las protestas masivas por las impugnadas elecciones rusas y las olas de disturbios en todo el mundo alertaron a los gobernantes del creciente rol de internet y las redes sociales en la vida política y cívica. Desde entonces, los legisladores y el Gobierno rusos han creado una extensa red de nuevas leyes y enmiendas para vigilar la actividad y la expresión de los ciudadanos, restringir el trabajo de los medios independientes y poner en jaque a las plataformas de medios sociales y a las empresas digitales.
Vigilancia de contenidos y expresión
El autoritarismo en red sigue siendo el principal enfoque de Rusia para la gobernabilidad de internet. En primer lugar, una serie de actos legislativos recientes tratan de normalizar la censura y la vigilancia del Estado en los espacios digitales, apuntan a los medios y a las ONG, y a las personas. Como la llamada «ley de los blogueros [2]» de 2014, que exige a los blogueros populares con más de 3000 visitas diarias que se registren ante el Estado y revelen sus datos personales, y las medidas que limitan el uso anónimo de las redes Wi-Fi públicas [3] y prohíben la venta de tarjetas SIM de prepago a clientes sin identificación estatal.
Una de las primeras leyes restrictivas se adoptó en 2012 y otorga poderes de bloqueo sin precedentes al regulador de telecomunicaciones ruso Roskomnadzor y a otros organismos estatales. La ley federal 139-FZ ordena la creación de un registro de «listas negras [4]» de sitios web con contenidos supuestamente ilegales o perjudiciales que los proveedores de servicios de internet de Rusia deben bloquear.
Después, la legislación dirigida a la expresión en línea se ramificó y se hizo más específica. La ley de información, tecnologías de la información y protección de la información N149-FZ [5] de 2016 y las correspondientes enmiendas a la ley Yarovaya contra el extremismo [6] prohíben los contenidos y discursos extremistas o terroristas, mientras que la ley N513-FZ [7] de diciembre de 2020 introduce una nueva responsabilidad administrativa por el «discurso público ofensivo» y el discurso difamatorio en línea. Las enmiendas Yarovaya [5] también simplifican los procedimientos para las solicitudes extrajudiciales de información de los usuarios.
Seguridad de la gobernabilidad en internet
En segundo lugar, se han presentado como cruciales una serie de nuevas medidas legales para garantizar la seguridad nacional de Rusia. La llamada ley Yarovaya [1], aprobada a mediados de 2016 y que entró en vigencia en 2018, es un paquete de enmiendas «antiextremismo» que incluye medidas antidisturbios como el aumento de las penas por usar lenguaje «extremista» en línea, un impulso para que las empresas de internet difundan las claves de cifrado con el Estado y descifren las comunicaciones de los usuarios, y la exigencia de que las plataformas almacenen los datos de los usuarios (contenidos) durante seis meses y los metadatos hasta tres años.
Las enmiendas [1] a la ley de información, tecnologías de la información y protección de la información N149-FZ, en el marco de las leyes Yarovaya contra el extremismo [6], obligan a las empresas clasificadas como «organizadoras de la distribución de información» (es decir, la mayoría de los servicios de internet) a formar parte de un registro estatal y a difundir datos de los usuarios con las fuerzas del orden..
Culpa a agentes extranjeros
En tercer lugar, en 2014 se aprobó la primera ley que obligaba a las organizaciones de la sociedad civil que se beneficiaban de financiación extranjera a registrarse en el Ministerio de Justicia como «agentes extranjeros». La etiqueta de «agente extranjero» y la legislación se ampliaron posteriormente: primero en 2017 para incluir a los medios, y luego [8] en 2019 para incluir a las personas [9]. La represión de los «agentes extranjeros» se intensificó [10] en torno a las elecciones parlamentarias de 2021, cuando los observadores electorales [11], los medios independientes [12], las ONG de derechos humanos y los periodistas y activistas de la oposición a título individual recibieron la etiqueta [13]. La designación exige que las organizaciones o individuos «implicados en actividades políticas» y que se considere que «reciben ayuda del extranjero» se registren ante el Estado o se enfrenten a multas [14], prohibiciones de acceso a Internet y, potencialmente, a penas de prisión. También se les exige que informen regularmente sobre sus actividades [15] e indiquen su condición de agente extranjero en cualquier material o contenido que distribuyan, incluidas las publicaciones en las redes sociales.
Soberanía de internet
Desde 2019, los legisladores y reguladores rusos han perseguido la idea de la «soberanía de internet». Esto fue posible a través de la legislación de «internet soberano» [16]» que entró en vigencia en 2019, Efectivamente requiere [17] que todos los proveedores de internet rusos instalen equipos DPI (inspección profunda de paquetes), a quienes se refiere el regulador estatal Roskomnadzor como un «medio técnico para contrarrestar las amenazas». La ley también prevé la gestión estatal centralizada de las herramientas DPI para filtrar el tráfico y bloquear o estrangular servicios o protocolos específicos. Con el pretexto de defender al país de los enemigos externos y preservar la estabilidad y la seguridad de la red RuNet, el proyecto de ley de «soberanía» pretende en realidad neutralizar [18] aún más las que considera amenazas internas y facilitar la vigilancia y la censura del Estado..
Plataformas como rehenes
Cada vez más, los legisladores rusos han apuntado a las plataformas como conductos clave de información y decisiones de moderación en línea. La ley de localización de datos [19] que entró en vigencia en 2016 exige a las empresas de internet que almacenen los datos de los usuarios rusos en servidores ubicados en Rusia. Aunque algunas empresas (por ejemplo, Viber, Booking.com) han cumplido con las exigencias, otras (como Facebook y Twitter) se han resistido y han enfrentado multas cada vez mayores [20].
El 1 de febrero de 2021 entró en vigencia una nueva ley, la 530-FZ [21], que establece una definición oficial de «plataformas de medios sociales» y obliga a todas las plataformas de medios sociales con más de 500 000 visitantes diarios que operen en Rusia a eliminar de forma proactiva los contenidos ilegales o prohibidos por la legislación rusa (desde pornografía infantil y contenidos que promuevan el suicidio, el consumo de drogas o de alcohol hasta «llamados a desórdenes masivos» y contenidos que muestren «falta de respeto o abuso hacia el Gobierno o los funcionarios del Estado»). Dichas plataformas se añaden a un nuevo registro estatal de «medios sociales» [22] y están obligadas a vigilar sus contenidos sin necesidad de peticiones estatales ni órdenes judiciales. Las plataformas ya han enfrentado cuantiosas multas [23] con el argumento del regulador estatal de que no han bloqueado ni eliminado los contenidos ilegales con suficiente rigor. Otra medida legal dirigida a los gigantes tecnológicos es la nueva ley de «toma de rehenes» [24], que los obliga a establecer una entidad legal en Rusia. No abrir una oficina local puede acarrear sanciones que van desde la prohibición de publicidad hasta el bloqueo total del país..
Creación de realidad alterna
Tras el inicio de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el 24 de febrero de 2022, los legisladores rusos adoptaron rápidamente una ley draconiana [25] que criminaliza cualquier cobertura de los medios o las publicaciones en redes sociales sobre la guerra que se aparten de la agenda estatal. Hasta ahora, la ley ha permitido a Roskomnadzor prohibir [26] Facebook, Twitter, Instagram y Google News, y ha provocado un éxodo masivo [27] de los medios y periodistas independientes que quedan, por temor a ser procesados penalmente.
El gran número de medidas legales añadidas a la lista de gobernabilidad de internet de Rusia en los últimos diez años es engañoso: en realidad, esta actividad legislativa está lejos de ser productiva, ya que concentra el poder en manos del Estado autoritario en red, limita aún más la expresión política y exprime cualquier libertad restante de la RuNet.
Por favor, visita la página del proyecto para más artículos de Unfreedom Monitor [28].
Puedes leer más de nuestra cobertura de la invasión rusa a Ucrania aquí [29].