Etiquetan a librerías independientes filipinas como comunistas
Foto: cortesía de librería Popular.
A finales de marzo, las librerías independientes Popular (Quezon) y Solidaridad (Manila) de la región de la capital nacional de Filipinas fueron las víctimas más recientes del etiquetado de comunismo, práctica de etiquetar a personas u organizaciones como comunistas radicales de izquierda con el fin de hacer creer que son subversivos o terroristas y justificar la violencia en su contra. En Filipinas hay un largo historial de este etiquetado.
La fachada y los letreros de la librería Popular fueron vandalizados el 22 de marzo de 2022, les escribieron las palabras “Terrorista NPA”. Este lema hace referencia al sector armado del Partido Comunista de Filipinas (CPP, por su nombre en inglés), el Nuevo Ejército del Pueblo (NPA, por su nombre en inglés) designado como grupo terrorista por el gobierno de Rodrigo Duterte. El escaparate de la librería Solidaridad también fue pintado con aerosol rojo la mañana de ese mismo día.
Ataques a la libertad de expresión y la libertad académica
Diversos académicos, libreros, editores y organizaciones de la sociedad civil han denunciado que etiquetar como comunistas a estas dos librerías independientes es un ataque a la libertad de expresión y la libertad académica.
Para los Académicos Unidos por la Democracia y los Derechos Humanos, alianza de profesores, investigadores, administradores de escuelas y otros trabajadores de la educación filipinos, no sorprende que los enemigos del pensamiento crítico y de las ideas disidentes tengan como objetivo las pocas librerías en Filipinas que venden libros con contenido intelectual y otros libros difíciles de encontrar:
Bookstore shelves are snapshots of how a nation thinks at every moment of its history. Bookstores with shelves empty of books or filled only with books containing a single idea or no ideas whatsoever reflect a nation's deep intellectual poverty. #HandsOffPopularBookstore pic.twitter.com/YnjTXVyguP
— k. (@OneDividesToTwo) March 23, 2022
Académicos Unidos por la Democracia y los Derechos Humanos condenan fuertemente que se haya etiquetado como comunistas recientemente a las librerías Popular y Solidaridad.
En la era del comercialismo desenfrenado y el acceso digital a la información se ha vuelto extremadamente difícil para las librerías vivir de su vocación de vender libros con peso y sustancia. Esta tarea se vuelve aún más difícil cuando las pocas librerías que quedan son amenazadas con violencia por tratar de ser lo que una librería debe ser.
No es de extrañar que las librerías Popular y Solidaridad hayan sido objeto de los recientes ataques sin sentido de calificación de comunistas. Muchas generaciones de lectores, estudiantes e intelectuales han caminado por sus puertas para descubrir libros raros acerca de Filipinas o tratados desafiantes que no encontrarían en otro lugar. Un idiota malintencionado fácilmente podría haber encontrado algunas obras de “izquierda” enterradas en sus estanterías y triunfantemente etiquetó a las propias librerías como subversivas.
Las librerías son una instantánea de cómo una nación piensa en cada momento de su historia. Las librerías con estantes vacíos o con estantes llenos de libros que tienen una sola idea o ninguna idea en lo absoluto solo reflejan la profunda pobreza intelectual de una nación.
Sin embargo, lo peor es que estos vándalos parecen querer a Filipinas sin librerías reales. Si no levantamos nuestras voces en contra de esta atrocidad nos volveremos una nación que merece solo vendedores de libros inspiracionales, lápices y papelería.
¡Defendamos nuestras escuelas y librerías de los ataques contra la libertad académica y de expresión!
No toquen la librería Popular. No toquen la librería Solidaridad. No toquen nuestras librerías. Defendamos la libertad académica.
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Las estanterías de las librerías son una instantánea de cómo piensa una nación en cada momento de su historia. Las librerías con estantes vacíos o llenas de libros que contienen una sola idea o ninguna idea en absoluto reflejan la profunda pobreza intelectual de una nación.
No toquen la librería Popular.
La librería Popular se fundó poco después del final de la Segunda Guerra Mundial, y no es primera vez que la etiquetan como comunista, sus dueños fueron víctimas de la caza de comunistas que se vivió durante la década de 1950 por vender libros marxistas. La librería Solidaridad, fundada por el novelista y artista nacional F. Sionil Jose en 1957, es desde hace mucho tiempo uno de los lugares favoritos de escritores, artistas y librepensadores de la capital de la nación.
Only those who fear knowledge and learning are threatened by bookstores like Popular Bookstore and Solidaridad. This comes after the purging of books in libraries in the #Philippines by the NTF-ELCAC.
Photos by Popular Bookstore and Joel Pablo Salud pic.twitter.com/PXtqsbf8HD
— Tinay Palabay (@TinayPalabay) March 23, 2022
Solo quienes le temen al conocimiento y al aprendizaje se sienten amenazados por librerías como Popular y Solidaridad. Este hecho ocurre luego de la depuración de libros en las librerías de Filipinas hecha por el Grupo de Trabajo Nacional para Poner Fin al Conflicto Armado Comunista Local.
Fotos de librería Popular y Joel Pablo Salud.
El Congreso de Profesores y Educadores por el Nacionalismo y la Democracia (CONTEND, por sus siglas en inglés), una organización de profesores y académicos progresistas de la Universidad de Filipinas señala al gobierno de Duterte y al Grupo de Trabajo Nacional Para Poner Fin al Conflicto Armado Comunista Local (NTF-ELCAC, por su nombre en inglés) como los únicos posibles responsables de que haya etiquetado de comunistas a las librerías.
A partir de septiembre de 2021, la NTF-ELCAC y las Fuerzas Armadas de Filipinas (AFP, por su nombre en inglés) comenzaron a retirar libros “subversivos” de un gran número de librerías de varias universidades e institutos estatales. Entre los libros retirados se incluían documentos acerca de las negociaciones de paz con el brazo político del Partido Comunista de Filipinas, el Frente Democrático Nacional de Filipinas y otros títulos acerca de la insurgencia comunista y marxista en Filipinas.
Raíces coloniales de la calificación de comunista
La etiqueta roja ha sido una característica constante de la política en Filipinas desde el período de dominio colonial estadounidense a principios del siglo XX. Los colonizadores estadounidenses y las élites locales instalaron una ideología anticomunista para suprimir la propagación de lo que creían podía ser una amenaza mayor al capitalismo estadounidense, ya que contenía el poder para movilizar a los trabajadores y granjeros en una sociedad extremadamente dividida por clases.
Uno de los primeros casos de etiquetado de comunistas en Filipinas ocurrió en 1927 con la deportación de Tan Malaka, luchador independiente de Indonesia y líder del Partido Comunista Indonesio, que entraba y salía de Filipinas para evitar la represión holandesa y ayudar a los trabajadores filipinos con su organización.
Por sus convicciones socialistas, los funcionarios estadounidenses presentaron a Malaka como un peligro para la seguridad de la colonia, y muchos periódicos lo llamaron “javanés rojo” y “agente bolchevique”.
Inspirados por la revolución rusa de 1917, los unionistas radicales liderados por Crisanto Evangelista fundaron el antiguo Partido Comunista de las Islas Filipinas (PKP, por su nombre en inglés) en 1930 para promover los derechos y el bienestar de los trabajadores y trabajar en la independencia inmediata del dominio estadounidense. A solo un año luego de la existencia del PKP el partido fue declarado ilegal, y las autoridades coloniales arrestaron a sus líderes y miembros como forma de represión.
Luego de la Segunda Guerra Mundial, el Gobierno de Filipinas, recién independizado de las autoridades estadounidenses en 1946, apuntó a la rebelión campesina huk liderada por los comunistas en el corazón rural de Luzón central (al norte de la capital Manila) y no hizo diferencia respecto disidencia o expresión política de izquierda para nombrarlos parte de la “amenaza roja”.
En 1949, al usar como ejemplo la caza de brujas de McCarthy en Estados Unidos, el Congreso de Filipinas estableció su propio Comité de Actividades No Filipinas para perseguir a los comunistas. La ley antisubversión fue promulgada en 1957 y Comité de Actividades No Filipinas fue renombrado como Comité de Actividades Antifilipinas.
No solo los comunistas se veían afectados por estos comités, sino cualquiera que cuestionara las políticas proestadounidenses.
La rebelión huk finalizó por una mezcla de errores estratégicos y la masiva represión del Estado durante la década de 1950. Pero los jóvenes radicales que crecieron durante el tiempo de los disturbios explosivos y el resurgimiento del activismo reestablecieron, durante la década de 1960, el Partido Comunista de Filipinas (1968) y lanzaron lo que llamaron una “guerra del pueblo” para lograr la democracia nacional con una perspectiva socialista.
De Marcos a Duterte
En respuesta a la intensa crisis social que envolvía al país, el presidente Ferdinand Marcos impuso ley marcial en 1972 y gobernó como un dictador hasta su derrocamiento en los levantamientos de 1986.
El anticomunismo fue un tablón clave para la dictadura de Marcos, que reprimió sistemáticamente el malestar social que aumentaba mientras el dictador le permitía a su familia y allegados amasar fortuna y poder. Con el respaldo de millones de dólares en ayuda militar estadounidense, la guerra de contrainsurgencia de Marco en el campo lanzó brutales operaciones de “búsqueda y destrucción”, y forzó el desplazamiento de la comunidad rural a “aldeas estratégicas” para expulsar a los rebeldes comunistas.
Miles de activistas y oponentes de la dictadura, muchos de los cuáles fueron etiquetados como “comunistas terroristas” fueron parte de la brutal estadística de más de 70 000 arrestos sin garantía, 30 000 torturas y 3257 muertes extrajudiciales.
Pero ni la caída de la dictadura de Marcos ni la relativa expansión del espacio democrático terminaron con el etiquetado como comunistas. Los líderes de las siguientes administraciones, desde Corazón Aquino hasta Duterte, implementaron una serie de programas de contrainsurgencia modelados como la Guerra de Baja Intensidad y la Doctrina de la Contrainsurgencia estadounidenses.
Las campañas de contrainsurgencia que siguieron no solo han tenido como objetivo a los rebeldes armados en bases rurales, sino también a las villas rurales que se sospechaban eran “bases masivas” de rebeldes y las organizaciones sociales etiquetadas como “organizaciones de frente comunista”. Esta campaña anticomunista llegó a un punto crítico con el ascenso de Duterte al poder, que en 2018 anunció su intención de replicar el genocidio anticomunista del dictador indonesio Suharto, que mató al menos a medio millón de personas en Indonesia durante 1965. Además, la familia Marcos está cada vez más cerca de volver al palacio presidencial con la nueva elección. El avance hacía el autoritarismo de Filipinas se consolidó con la promulgación de la draconiana ley antiterrorista de 2020.
Las repercusiones de estas acciones son impactantes para la democracia y los derechos humanos, ya que la maquinaria de Estado está lista para señalar como comunistas a toda forma de disidencia. El anticomunismo impulsado por el Estado ha llegado a niveles absurdos, un ejemplo es la saliente vicepresidenta Leni Robrero, que lidera la candidatura de oposición para las elecciones presidenciales de mayo 2022, y a quien calificaron de comunista, ya que la NTF-ELCAC señala que tiene el apoyo de comunistas.
Las organizaciones de la sociedad civil y las familias de las víctimas calificadas como comunistas han presentado varias acusaciones contra los funcionarios de la NTF-ELCAC. Lo que ocurrió con las librerías Popular y Solidaridad es solamente el acto más reciente en una larga y brutal historia de calificación como comunistas y represión del Estado para quienes tienen pensamiento crítico o disidente en Filipinas. Pero la agitación de la histeria anticomunista también avivó la larga tradición de resistencia a la tiranía de los filipinos.
Divulgación: el autor es profesor asistente de la Universidad de las Filipinas Diliman y es miembro de CONTEND y Académicos por la Democracia y Derechos Humanos.
