Imagen de Htet Wai. Usada con autorización
Mientras estuvo al mando de una opresiva junta militar (1962-2011), Myanmar fue considerado un Estado [1] paria. En 2011, el país se abrió a la democracia seguida de las elecciones multipartidistas en 2015, lo que supuso un punto de inflexión. Mientras fue dirigido por el gobierno civil, la pobreza [2] se redujo del 48 % al 25 % entre 2005 y 2017. Aung San Suu Kyi, la líder de facto, dirigió el camino hacia la democracia del país desde 2015 hasta 2020, lo que duró el primer mandato de su gabinete. Sin embargo, el optimismo quedó destruido por el golpe militar del 1 de febrero de 2021. El golpe ocurrió luego de que la Liga Nacional para la Democracia de Aung San Suu Kyi ganó las elecciones con una victoria arrolladora en 2020. Antes de comenzar su segundo mandato, los militares que tomaron el poder encarcelaron [3] a la mayoría de los líderes de la Liga Nacional para la Democracia, incluidos el presidente U Win Myint y la consejera de Estado, Aung San Suu Kyi,.
Pero la democracia no se extendió a internet. Myanmar ha enfrentado la vigilancia y a la censura en sus espacios digitales desde que internet abrió al público a principios de la década de 2000. En 2007, tras la revolución azafrán, el acceso a internet quedó restringido con cierres de red, censura de sitios web e intervenciones telefónicas. Antes del golpe de Estado de febrero de 2021, el gobierno de la Liga Nacional para la Democracia había impuesto un cierre de internet de 20 meses en los estados de Rakáin y Chin, que fue uno de los más largos [4] que se establecieron en el mundo.
En 2017, el Ministerio de Transporte y Telecomunicación gastó furtivamente seis millones de dólares del fondo especial de la Presidencia para crear el Equipo de Vigilancia de Redes Sociales con el propósito de supervisar [5] su uso en Myanmar. Sin embargo, el Gobierno nunca publicó información alguna sobre el proyecto y sigue siendo un misterio para el público.
En general, la estrategia de vigilancia de los militares ha cambiado a ejercer poder en el ámbito de la información. Justo después del golpe, las fuerzas armadas comenzaron a hacer apagones totales de internet, apagones nocturnos de internet y luego otros según la infraestructura; solo estaba disponible el servicio de la Fibra Hasta el Hogar. Más recientemente, emplean apagones según la localización en lugares con alta intensidad de disputa. La experiencia previa del corte de internet en los estados de Rakáin y Chin en 2019 y un año de prácticas intensivas de cortes parecen haberle dado al Ejército conocimientos y prácticas articulados que han hecho que las recientes interrupciones del servicio sean más precisas y exactas.
Luego, con brutales atrocidades contra los periodistas, el Ejército trituró la libertad de prensa. En marzo de 2021, revocaron las licencias de cinco importantes medios [6]: Democratic Voice of Burma, Myanmar Now, Mizzima, Khit Thit Media y 7 Day News. En diciembre de 2021, tras cuatro días de tortura, el periodista independiente Soy Ning fue asesinado [7]. Había estado fotografiando la huelga silenciosa desde su departamento. Ya en 2022, los militares asesinaron a tiros [8] a Pui Tuidim, uno de los miembros fundadores de Burma News International (BNI), y a Sai Win Aung, redactor del Federal News Journal, . Los asesinatos ocurrieron en los municipios de Myanwaddy (estado de Kayon) y de Matuoi (estado de Chin).
Las tecnologías [9] de vigilancia proporcionadas por otros países en nombre de la democratización muestran la capacidad de vigilancia de los militares. El grupo de activistas Justice for Myanmar publicó una lista de compañías [10] que le brindan equipos y servicios de control al Ejército. Para la vigilancia de las redes sociales y el análisis forense de los dispositivos, utilizan tecnología de MSAB (Suecia), Open Text (Canadá) y BlackBag/Cellebrite (EE.UU./Israel). Las que provienen de Lumex Instruments (Canadá), Midian Electronics (Estados Unidos), Hytera (China) e Icom (Japón) son para comunicaciones policiales; y los softwares de DataWalk y VMware (ambos de Estados Unidos) facilitan el uso de importante información y de sistemas policiales de tecnologías de la información.
El Consejo de Administración del Estado, formado por militares, forzó una serie de manipulaciones y abusos legales para ejercer su poder sobre internet. En primer lugar, trató de resucitar [11] la no aprobada Ley de Ciberseguridad para criminalizar las movilizaciones en línea, paralizar el uso de las redes privadas virtuales (VPN) y controlar los datos de los usuarios. Además, se ha enmendado [12] la Ley de Radiodifusión para oprimir a los medios democráticos en línea. La Ley de Privacidad también se modificó para eliminar [13] las regulaciones de intercepción legales y las limitaciones a las solicitudes de datos del Gobierno a las empresas de telecomunicaciones. La tristemente célebre [14] Ley de Transacciones Electrónicas, que se ha utilizado para detener a activistas de derechos humanos, también se reformó para criminalizar actividades de manera legal, como publicar y difundir cualquier contenido que critique al Ejército y al Consejo de Administración del Estado en las redes sociales.
El Ejército y sus afiliados están intentando monopolizar el mercado de las telecomunicaciones. El 21 de enero de 2022, Reuters [15] informó que el Ejército había aprobado la adquisición común de Telenor Myanmar por parte de la empresa Shwe Byain Phyu, respaldada por los militares, y el Grupo M1 del Líbano. En Myanmar existen cuatro grandes operadores: Myanmar Post and Telecommunication (MPT), MyTel, Telenor y Ooredoo. MPT es propiedad conjunta del Gobierno y MyTel es exclusivamente militar. Ahora están intentando adquirir Telenor, por lo que solo Ooredoo seguirá en pie como operador no militar/no gubernamental en el país. El pueblo presentó una queja [16] sobre la protección de datos contra la compañía noruega Telenor, en la que 649 organizaciones se la sociedad civil firmaron una petición de transparencia sobre cómo la empresa gestionará las transferencias de datos de 18 millones de usuarios. No obstante, si se realiza la adquisición, el 75 % del sector estará controlado por las Fuerzas Armadas y sus partidarios. Por otra parte, el informe [17] «Nodos de corrupción, líneas de abuso» de Justice for Myanmar», señala que el Ejército puede llevar a cabo una monitorización del espectro que puede vigilar internet y también otras comunicaciones inalámbricas, lo que les permite rastrear a las personas que intentan enmascararse para resistir la represión digital. La combinación del control del 75 % del sector de las telecomunicaciones y la capacidad de seguimiento del espectro impulsará al máximo la capacidad de vigilancia del Ejército.
Asimismo, las fuerzas armadas hicieron subir los precios de internet y erigieron barreras a la accesibilidad. El 6 de enero de 2022, el Consejo de Administración modificó la Ley de Impuestos de la Unión y propuso la «Ley que modifica a la Ley de Impuestos de la Unión 2021″, que impuso un impuesto de 20 000 kyat (10 dólares) para la activación de la tarjeta SIM, trece veces más alto que el precio original. La ley también impuso [18]un impuesto del 15 % a los ingresos de los Proveedores de Servicios de Internet, lo que provocó enormes alzas de precios.
A pesar de la terrible represión digital, la movilización pública a través de internet es cada vez más fuerte. Las fuerzas prodemocráticas evitan constantemente el acceso a internet y a las plataformas de las redes sociales para organizar movimientos públicos antigolpistas. Los programas de financiación por colaboración colectiva se han convertido en una forma popular de apoyar al gobierno paralelo, el Gobierno de Unidad Nacional, que se opone al Consejo de Administración del Estado. Telegram llegó a ser una de las principales plataformas de movilización pública y de exploración. En los canales públicos de Telegram se realizado operaciones de información pública para evitar y localizar a las fuerzas militares que se encuentran funcionando con bastante eficacia. A través de esos canales se están organizando huelgas, manifestaciones relámpago y protestas en los municipios.
La resistencia digital de su sociedad será uno de los factores determinantes de la revolución de Myanmar. Este escenario de opresión digital es una de las muchas protestas que indican que el ciberespacio se ha convertido en un nuevo territorio soberano diferente de la tierra, el mar y el aire. La libertad de información, la libertad de internet, la alfabetización digital y la mediática ya no se pueden tener por seguras, puesto que ahora repercuten en la supervivencia física y digital de las personas. Por lo tanto, la revolución que se está llevando a cabo en Myanmar para luchar contra la dictadura militar ya no es solo física: quien aproveche adecuadamente el poder de la tecnología, será quien cambie las reglas del juego de la revolución.
