Imagen cortesía de Ameya Nagarajan

Los zimbabuenses viven en un entorno cada vez más represivo en materia de derechos digitales, sobre todo los defensores de derechos humanos y, últimamente, las organizaciones no gubernamentales. La ley es una herramienta importante para esa represión y se han aprobado leyes para socavar la disidencia legítima contra las políticas u organizaciones sin fines de lucro y la política.

El 3 de diciembre de 2021, el presidente Emmerson Mnangagwa promulgó la Ley de Protección de Datos (capítulo 11:22). Los críticos sostienen que esta ley vulnera los derechos digitales de los ciudadanos y es una artimaña del Gobierno para infiltrarse legalmente en los espacios en línea de los ciudadanos para reprimir la disidencia.

Lamentablemente, esta ley no prohíbe los bloqueos de internet, que se han usado antes para acabar con la libertad de expresión y otras libertades. El 20 de febrero de 2022, el líder opositor Nelson Chamisa, de la Coalición Ciudadana por el Cambio (CCC), atrajo a miles de simpatizantes a su primer mitin electoral en la capital, Harare. En esa ocasión, NetBlocks, organismo de vigilancia de internet informó de una importante restricción de los servicios de internet que interrumpió la transmisión en directo del mitin. Este apagón de la cobertura beneficiaría al Gobierno pues limita la información de los potenciales votantes sobre la existencia de un nuevo partido opositor. El CCC se opone al partido gobernante ZANU- PF (Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico) en las elecciones generales de 2023.

Por lo tanto, 2022 ofrecerá una amplia oportunidad para supervisar la respuesta del Gobierno a los desafíos electorales, y si incluirá el uso de los bloqueos de Internet y las leyes para reprimir a activistas, líderes opositores y medios independientes.

De una guillotina legal

El fin del régimen de 30 años de Mugabe debía anunciar una nueva era para los zimbabuenses. En cambio, el país ha retrocedido hacia un gobierno populista y con respaldo militar. Después del golpe militar que derrocó Mugabe en noviembre de 2017, su sucesor Emmerson Mnangagwa impulsó la normalización de los lazos con la comunidad internacional, pero esto no ha sucedido. En cambio, el 21 de febrero de 2022, la Unión Europea amplió un embargo de décadas contra la administración de Mnangagwa, por sus continuos abusos de derechos.

La Unión Europea emitió una declaración, «La intimidación de la oposición política y de otros críticos del Gobierno ha seguido restringiendo el espacio democrático y cívico, que está bajo la amenaza de reducirse aún más a través de la Ley de Protección de Datos y de los procesos legislativos en curso, como el proyecto de ley de enmienda de las organizaciones voluntarias Privadas y la llamada Ley Patriótica prevista. A la Unión Europea le preocupan estos acontecimientos».

Ley de protección de datos: ¿Servir o proteger?

La Ley de Protección de Datos es una de las leyes usadas para reprimir la libertad de expresión y la libertad de medios en Zimbabue, a pesar de que estas libertades están garantizadas por el artículo 61 de la Constitución de Zimbabue. Los críticos sostienen que la Ley de Protección de Datos debe establecer un equilibrio entre la protección de la seguridad nacional y el ejercicio de los derechos de las personas. Esta ley modifica las disposiciones de tres leyes: la Ley de Derecho Penal (Codificación y Reforma) (capítulo 9:23), la Ley de Procedimiento Penal y Pruebas (capítulo 9:07) y la Ley de Interceptación de las Comunicaciones (capítulo 11:20).

El artículo 164c de la ley tipifica como delito la difusión de lo que el Gobierno clasifica como información «falsa» en línea, u la sanciona con una pena de cárcel de hasta cinco años, o una multa, o ambas cosas.

A principios de febrero, en entrevista telefónica y por correo electrónico, el abogado de derechos humanos Misheck Marava señaló que esta ley no califica ni define qué califica de falso, lo que deja margen para una amplia interpretación y la hace propensa a los abusos.

«La disposición, en otras palabras, es la difamación penal rebautizada. Zimbabue había prohibido la difamación penal, pero, para sorpresa de la nación, se ha reactivado con esta disposición concreta», dijo Marava.

Señaló que la ley deja de ser una ley de protección de datos y se convierte, más bien, en una herramienta para proteger al Estado, una herramienta de ciberdelincuencia.

Marava sostiene que la intención original al redactar la ley como herramienta de protección de datos quedó anulada por los intereses de protección del Estado, y añade que es probable que la ley sea una herramienta contra la expresión de sentir antigubernamental, que pueden interpretarse fácilmente como incitación a la violencia o falsedades injuriosas.

El artículo 12 de la ley obliga a obtener el consentimiento por escrito para procesar los datos genéticos, biométricos y sanitarios de un ciudadano. Sin embargo, no se aplica «cuando el tratamiento es necesario para cumplir las leyes de seguridad nacional o… por razones de interés público sustancial».

En otra entrevista también en febrero, el abogado de derechos humanos Kelvin Kabaya dijo a Global Voices por correo electrónico que esta disposición no cumple con las obligaciones constitucionales.

«La cláusula de la sección tiene una redacción muy amplia y puede ser objeto de abuso. Frases como interés sustancial no tienen un significado preciso. Esta salvedad puede fallar el examen constitucional, ya que es imprecisa y puede violar el derecho a la privacidad».

La ley también prevé que una autoridad de protección de datos establezca normas que autoricen y regulen el sistema de denuncias. Kabaya sostiene que esta disposición puede usarse para reprimir el trabajo periodístico legítimo y a los denunciantes de la corrupción. En 2020, por ejemplo, el periodista de investigación Hopewell Chin'ono expuso la corrupción en el uso de fondos para el COVID-19, lo que llevó a la destitución del exministro de Salud Obadiah Moyo. Luego, Chin'ono fue perseguido y detenido por cargos de incitación a la violencia.

Cómo interceptar ONG intrusivas

Otra ley controvertida es la modificación de la Ley de Organizaciones Voluntarias Privadas (capítulo 17:05). El proyecto de ley se sometió a polémicas audiencias públicas en marzo, empañadas por acusaciones que cuestionaban su contenido, y ahora se está debatiendo en el Parlamento. El principal argumento de justificación del Gobierno ha sido el cumplimiento del Grupo de Acción Financiera Internacional, organismo intergubernamental no vinculante encargado de promover medidas que ayuden a luchar contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, para combatirlo y evitar que las ONG participen en la política. Al menos cuatro relatores especiales de Naciones Unidas han advertido al presidente Mnangagwa que apruebe la propuesta de Ley de Enmienda de las organizaciones voluntarias privadas, que sostiene que inhibirá el ejercicio de numerosos derechos fundamentales en Zimbabue.

Entre otras disposiciones draconianas, la enmienda concede al ministro responsable la facultad de presentar una solicitud ante el Tribunal Superior para nombrar a personas de su elección como administradores para dirigir los asuntos de una organización voluntaria privada designada.

Kabaya señaló que el proyecto de ley sobre las organizaciones voluntarias privadas, en su estado actual, supone una amenaza existencial para el trabajo legítimo de la organización de la sociedad civil, ya que amenaza con cerrar el espacio cívico y no cumple los requisitos de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.

«Por ejemplo, el proyecto de ley no prevé la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la determinación de las organizaciones sin fines de lucro que están en riesgo. La participación de las organizaciones de la sociedad civil en este proceso es una de las recomendaciones fundamentales del Grupo de Acción Financiera Internacional. El proyecto de ley parece abarcar a todas las organizaciones de la sociedad civil de alto riesgo. Está claro que ésta no es la intención de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional», dijo Kabaya.

La promulgación de esta ley podría ser una carta largamente esperada por el gobernante ZANU PF, que lleva años acusando a las organizaciones de la sociedad civil de estar al frente de una agenda occidental de cambio de régimen en Zimbabue.

Kabaya explicó que es probable que las enmiendas afecten a los zimbabuenses que se benefician del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a los derechos digitales, y es probable que se amplíe la brecha informativa sobre los derechos digitales, ya que algunas organizaciones de la sociedad civil podrían cerrar.

Esta serie de actos legislativos que permiten la represión sigue ahogando los derechos digitales de los usuarios de internet y permitiendo el autoritarismo digital en Zimbabue.