Con sequía y en crisis climática, un estado mexicano enfrenta la posible privatización del agua

Foto de la autora, usada con permiso.

México se encuentra en medio del recrudecimiento de síntomas de la crisis climática, con sequías, inundaciones e incendios cada vez más severos en todo el territorio. En este contexto, donde las poblaciones comienzan a resentir desabasto, las luchas por el agua han ido en aumento en el país en la última década.

Querétaro, un estado de la zona central del país con altos índices de estrés y vulnerabilidad hídrica, es el único de los estados mexicanos que nunca ha tenido legislación local específica de aguas. Actualmente, todo el territorio del estado está afectado por la sequía, y más de un tercio sufre de sequía severa. Además, las 26 principales presas de Querétaro se están vaciando.

El 31 de marzo se presentaron dos iniciativas de ley que despertaron alertas en la población.

Ambas propuestas fueron señaladas por organizaciones civiles como riesgosas al no contemplar aspectos importantes para la regulación del agua, tales como son su relación con el sostén ecológico de la vida, el contexto rural y de cambio climático; además de establecer el manejo privado del servicio de agua potable, un modelo que ha sido globalmente cuestionado por sus impactos negativos para el derecho humano al agua. 

El gobernador del Estado de Querétaro, la Comisión Estatal de Agua y algunos legisladores sostuvieron que las iniciativas de ley no buscaban la privatización del agua en el estado sino la concesión del servicio público a empresas privadas; mientras diversos grupos de la sociedad civil y activistas señalaron que la “concesión de servicios” es una forma de privatización de acuerdo con el Relator de Naciones Unidas para el derecho humano al agua. 

Redes de todo el país, entre ellas la Coordinadora de Trabajadores en Defensa del Carácter Público del Agua, la Coordinadora Nacional Agua para Todxs, la Red Mexicana de Cuencas, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho humano al agua y la Freshwater Action Network México (FANMex), alertaron sobre las posibles consecuencias de aprobarse las iniciativas, considerando los impactos que ha tenido la privatización en otros estados del país y en específico los que ha tenido en Querétaro en las últimas dos décadas.

Aunque la concesión de los servicios es una práctica vigente en la capital del Estado, la formalización de dicho modelo abriría la puerta a normalizar lo que, de acuerdo con investigaciones académicas y periodísticas, es una de las principales causantes de la actual crisis hídrica local. En los últimos años los conflictos provocados por el acaparamiento de agua han detonado manifestaciones en Amealco, Cadereyta y otros municipios de Querétaro. 

Bajo el llamado de #AguasConLaLeyDeAguas, organizaciones y pobladores exigen parlamento abierto para frenar los focos de riesgo e incluir propuestas ciudadanas.

Desde el parlamento local aún no se ha contemplado la apertura de espacios de participación, no obstante que se trata de una obligación derivada del Acuerdo de Escazú, del que México forma parte, un tratado internacional que trata sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.

*Este texto fue elaborado con aportes del equipo legal de la plataforma de acción ecológica y artística Bajo Tierra Museo del Agua de Querétaro

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