Hilmi Hacaloğlu, Dominio público, Wikimedia Commons (CC BY-NC-ND).

El 19 de abril, las autoridades turcas detuvieron al periodista independiente İbrahim Haskoloğlu, acusado de obtener y difundir ilegalmente información personal. La detención se produjo después de que Haskoloğlu informó de un supuesto ataque informático de una base de datos del Gobierno. El periodista dijo que el grupo que afirmaba estar detrás del ataque lo contactó hace dos meses. Las autoridades locales negaron la existencia de una violación de datos, mientras que el «Ministerio del Interior presentó una denuncia contra İbrahim Haskoloğlu, que difundió en Twitter documentos de identidad supuestamente pertenecientes al presidente Recep Tayyip Erdoğan y al presidente de la Organización Nacional de Inteligencia (MİT), Hakan Fidan», informó la plataforma de noticias en línea Bianet.

Yaklaşık 2 ay önce yayındayken bana bir hacker grubu ulaştı.

E-Devlet ve devlete ait sitelerden verilerin çalındığını söylediler. Verileri hala da sızdırıyor olduklarını belirttiler. Bazı devlet yetkililerinin bilgilerini benimle paylaştılar. Buna yeni kimlik kartları da dahil. pic.twitter.com/9pICjgZWNO

— ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) April 12, 2022

Hace unos dos meses, cuando estaba en el aire, un grupo de piratas info0rmáticos me contactó. Me dijeron que habían violado los datos personales del sitio web del gobierno electrónico y de otros sitios web del Fobierno. Me dijeron que estaban filtrando esos datos. También me dieron algunos datos de funcionarios gubernamentales. Estos datos incluyen los nuevos documentos de identidad.

Antes de su detención, Haskoloğlu también tuiteó la correspondencia entre él y las autoridades tras difundir las capturas de pantalla del grupo de piratas info0rmáticos. «[Las autoridades] afirmaron que los datos (de identificación personal) publicados aquí [en Twitter] no procedían de la base de datos del gobierno electrónico, sino del ÖSYM [el Centro de Evaluación, Selección y Colocación, organismo responsable de organizar el examen de acceso a la universidad a nivel nacional]», dijo Haskoloğlu, y añadió que «no importa de dónde procedan los datos, sino que hayan sido violados».

En un comunicado emitido por el Comité para Proteger Periodistas, el director del programa del CPJ, Carlos Martínez de la Serna, afirmó que «las autoridades turcas deberían estar más preocupadas por el supuesto ataque de las bases de datos del Gobierno que por los periodistas que lo cubren».

Según ExpressionInterrupted, plataforma que documenta y supervisa procesos judiciales iniciados contra periodistas, Haskoloğlu dijo a la fiscalía que había dado toda la información que le había brindado el grupo de piratas info0rmáticos con las instituciones estatales pertinentes, como el vicepresidente del grupo del Partido Justicia y Desarrollo (AK), Mahir Ünal, presidente del Parlamento, Mustafa Şentop, y los vicepresidentes del grupo del Partido Popular Republicano, Özgür Özel y Engin Özkoç. Ünal aconsejó a Haskoloğlu «entregar la información pertinente a la Dirección General de Seguridad (EGM)». Haskoloğlu también dijo en su declaración que preguntó explícitamente a la Dirección de Comunicaciones «si informar del incidente causaría algún problema», momento en el que «no se le dio ninguna respuesta negativa».

El abogado de Haskoloğlu, Emrah Karatay, confirmó que su cliente fue detenido por no haber informado a las autoridades pertinentes, aunque según la declaración del periodista, sí lo hizo. «Pensó que tenía que avisar a la gente como periodista y publicó esto. Ahora está detenido», dijo Karatay.

El 20 de abril, el periodista Seyhan Avşar afirmó que probablemente la infracción era real. En un hilo difundido en Twitter, Avşar dijo: «Tal vez alguien tenga efectivamente acceso a todos nuestros documentos de identidad en este momento y, sin embargo, la verdad del asunto es que un periodista que trató de exponer esta filtración actualmente está entre rejas».

En un artículo publicado el 14 de abril en el sitio de noticias en línea Yetkinreport, se dijo que, sí hubo una violación de datos, pero que no fue la base de datos del Gobierno la afectada, sino la información de unos 30 000-40 000 usuarios de la base de datos del Gobierno que se filtró en línea a través de phishing.

Patrón de arresto de periodistas de Turquía

Haskoloğlu no es el primer periodista que es juzgado por obtener y difundir ilegalmente información personal. El periodista Yakup Önal fue acusado del mismo delito en noviembre de 2021. El tribunal absolvió a Önal.

En otro caso, seis periodistas fueron acusados del mismo delito por ocultar la filtración del correo electrónico del exministro Berat Albayrak. Los seis periodistas también fueron acusados de difundir «propaganda terrorista», participar en la «obstaculización o destrucción de un sistema de procesamiento de datos», «cometer delitos en nombre de una organización terrorista sin ser miembro» y «pertenecer a una organización terrorista». El periodista ciudadano Metin Cihan enfrenta hasta seis años de prisión por el mismo cargo de «publicar documentos que apuntan a un nepotismo generalizado en los nombramientos para puestos estatales a través de una fundación cercana al Gobierno». En 2019, seis periodistas fueron condenados a 40 meses de prisión por «violación de la intimidad» y por «asegurar y divulgar datos personales ilegalmente».

Sin embargo, lo que hace que el caso de Haskoloğlu destaque es que informó a las autoridades del ataque y publicó la información después. También es la primera vez que se acusa a un periodista por sacar a la luz la filtración de una base de datos gubernamental. En 2016, la base de Datos de Ciudadanía de Turquía fue pirateada, lo que expuso la información personal de casi 50 millones de ciudadanos, y no se detuvo a nadie que denunció la filtración. Del mismo modo, en 2010, cuando los periodistas informaron sobre una red de delincuencia que vendía datos personales de turcos, no se acusó a nadie.

Según información de la BBC turca, «los expertos coinciden en que esta vez no hay ninguna fuga de datos importante de MERNIS [Sistema Central de Administración de la Población]. Sin embargo, se cree que esta vez los atacantes pueden haberse apoderado de un servidor o de cuentas de usuarios finales que tienen acceso a MERNIS».

En Turquía, a los periodistas se les silencia a través del artículo 136 del Código Penal turco. Según ese artículo, «Toda persona que obtenga, difunda o entregue a otra persona de forma ilegal los datos personales de alguien será condenada a pena de prisión de dos a cuatro años». Además:

Article 135 sets out that a person who records personal data unlawfully will be punished with a prison sentence of one to three years. Apart from this, under Article 135/2, it is stipulated that (i) the recording of personal data concerning political, philosophical or religious opinions, racial origins; (ii) illegally recording of personal data revealing moral tendencies, sex life, health conditions or trade union relationship is sentenced to a term of imprisonment. In the event that a person charged with the erasure of personal data does not implement his/her duty in spite of expiration dates prescribed by law, he/she will be imprisoned from one to two years (Article 138/1).

El artículo 135 establece que quien registre ilegalmente datos personales será sancionado con una pena de prisión de uno a tres años. Además, en el artículo 135/2 se estipula que (i) el registro de datos personales relativos a las opiniones políticas, filosóficas o religiosas, a los orígenes raciales; (ii) el registro ilegal de datos personales que revelen tendencias morales, vida sexual, condiciones de salud o relaciones sindicales será castigado con prisión. En caso de que la persona encargada de borrar los datos personales no cumpla con su deber a pesar de las fechas de vencimiento prescritas por la ley, será condenada a una pena de prisión de uno a dos años (artículo 138/1).

Es extenso el historial de Turquía para aplicar una amplia legislación nacional en un intento de silenciar a los críticos. Los periodistas suelen ser los más perjudicados. Por eso, en vísperas del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el ambiente de la libertad de prensa en Turquía es sombrío. Según la plataforma #FreeTurkeyJournalists, que destaca casos de periodistas detenidos y encarcelados, actualmente hay 36 periodistas entre rejas. Solo en 2021, las autoridades procesaron a 241 periodistas, según el rastreador de la plataforma.