Protesta de ciudadanos de Sri Lanka frente a la Secretaría Presidencial en Colombo. Imagen vía Wikimedia Commons por Surekha Samarasena (CC BY-SA 4.0).

Este artículo de Savitri Hensman apareció originalmente en Groundviews, galardonado sitio web de medios ciudadanos de Sri Lanka. Publicamos versión editada como parte de un acuerdo de intercambio de contenidos con Global Voices.

El 6 de mayo de 2022, el Gobierno de Gotabaya Rajapaksa declaró otro estado de emergencia en Sri Lanka en medio de protestas que incluyen una huelga general. Esto da al Gobierno poderes estrictos para reprimir a los disidentes. La medida y los ataques a los manifestantes han recibido amplia condena en Sri Lanka e internacionalmente.

A principios de abril se declaró el estado de emergencia, pero se dejó que expirara tras las críticas generalizadas. El presidente y su círculo íntimo han hecho algunos esfuerzos para ganarse a los millones de esrilanqueses que sufren terriblemente por la mala gestión de la economía, agravada por la democracia amenazada. Pero el decreto es un recordatorio de la falta de voluntad de los políticos de alto nivel para rendir cuentas ante los ciudadanos de a pie y su disposición a responder con amenazas y violencia.

Inseguridad ciudadana, desorden y falta de suministros y servicios

Las normas de emergencia se anunciaron el 6 de mayo en virtud de la Ordenanza de Seguridad Pública, y supuestamente eran necesarias «en interés de la seguridad pública, la protección del orden público y el mantenimiento de los suministros y servicios esenciales para la vida de la comunidad». Esto resultaba irónico, ya que el liderazgo del presidente Gotabaya Rajapaksa ha provocado una inseguridad masiva para el público y ha dejado a muchos sin alimentos, servicios públicos, atención sanitaria ni otros elementos esenciales.

La seguridad y el bienestar de la población del país se vieron aún más amenazados por la respuesta, a veces violenta, a los manifestantes, que recibieron gases lacrimógenos, chorros de agua y golpes. La situación habría sido mucho peor si no fuera por la impresionante no violencia de los manifestantes, en gran parte jóvenes.

En un informe reciente, Amnistía Internacional describió cómo el Gobierno de Sri Lanka, tras aplicar dificultades que violaban los derechos económicos y sociales de la población, también pisoteaba los derechos civiles y políticos. En algunos casos en los que se produjeron actos como incendios provocados, las pruebas señalaban a la Policía o a sus asociados como autores. «La crisis de Sri Lanka es un excelente ejemplo de la interdependencia e interrelación entre derechos económicos y sociales y derechos civiles y políticos, y como tal, los derechos humanos deben estar en el centro de los debates sobre el futuro económico de Sri Lanka», afirma el informe.

Los niños y los jóvenes se han visto afectados por la represión. «A UNICEF la preocupan los informes sobre la violencia durante las protestas que afecta a los niños. Todos los actores deben garantizar el derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión, también para los niños», según una declaración de la oficina en Sri Lanka del Fondo Internacional de Emergencia de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Además, la Alianza para la Protección de la Infancia escribió a la coordinadora residente de Naciones Unidas en Sri Lanka, Hanaa Singer-Hamdy, sobre las «inquietantes escenas de niños heridos por gases lacrimógenos usados para dispersar a manifestantes desarmados».

Sin embargo, la respuesta del presidente ha sido adoptar una línea aún más dura. Ahora tiene acceso a amplios poderes, que incluyen detener y encarcelar críticos, entrar y registrar locales, confiscar bienes, anular la ley y usar a las fuerzas armadas junto con la Policía para imponer su mandato.

La reacción ha sido abrumadoramente negativa. El Colegio de Abogados de Sri Lanka (BASL) afirmó que «la declaración del estado de excepción no es la respuesta a la situación actual del país, incluida la ola de protestas públicas y huelgas que se han producido», y que «no debe usarse para reprimir las protestas pacíficas y la disidencia, ni para realizar detenciones y encarcelamientos arbitrarios». Pidió al presidente que revocara la decisión «y que garantizara los derechos fundamentales de la población, como libertad de expresión, incluida la libertad de palabra y de publicación, y la libertad de reunión pacífica».

«Instamos al Gobierno a explicar al público las razones de esta proclamación, ya que las protestas han sido en gran medida pacíficas y han estado dentro de las operaciones policiales normales», declaró la Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka en un comunicado.

«Es la segunda vez que el presidente declara otro estado de emergencia en el plazo de cinco semanas, sin dar ninguna justificación creíble, en un contexto en el que Sri Lanka ha visto protestas pacíficas durante semanas en toda la isla», comentó el Centro de Alternativas Políticas (CPA). También señaló que «el abuso de los poderes de emergencia para atender a la propia inseguridad del presidente es inconstitucional y antidemocrático, y demuestra un desprecio flagrante por la población y el estado de la economía y la estabilidad del país».

Los líderes de la oposición también condenaron la declaración.

Hanaa Singer-Hamdy, coordinadora residente de Naciones Unidas en Sri Lanka, tuiteó:

Limitations to the exercise of fundamental rights and freedoms are only acceptable when exceptional, proportional and justified. But Peaceful expression of dissent is not an emergency.Root causes for dissent must be tackled

— Hanaa Singer-Hamdy (@SingerHanaa) May 7, 2022

Las limitaciones al ejercicio de los derechos y libertades fundamentales solo son aceptables cuando son excepcionales, proporcionales y justificadas. Pero la expresión pacífica de la disidencia no es una emergencia.

Otros que se pronunciaron fueron el embajador de Estados Unidos, los altos comisionados británico y canadiense, y la delegación de la Unión Europea en Sri Lanka.

En una declaración a los medios, el Gobierno de Sri Lanka trató de justificar sus acciones. La medida era necesaria «para garantizar la estabilidad política, condición vital para superar la actual crisis socioeconómica del país, que garantiza así la seguridad pública y el suministro ininterrumpido de servicios esenciales», afirmó el director general del Departamento de Información del Gobierno.

Ya se han entablado conversaciones con las instituciones multilaterales, encabezadas por el FMI, y con países amigos para obtener ayuda financiera y reestructurar la deuda pendiente, y el resultado de esas conversaciones es positivo. La estabilidad política y la paz en la sociedad son dos condiciones importantes exigidas para crear confianza y fuerza para que estos programas logren su objetivo». Supuestamente, «el estado de emergencia se impuso como una medida a corto plazo para aliviar la crisis, y se levantará inmediatamente después de que vuelva la normalidad a la isla». Es poco probable que muchos se convenzan.

¿Qué pasará después?

Algunas noticias sugieren que el primer ministro Mahinda Rajapaksa podría renunciar, aunque parece improbable que con esto se ponga fin a las protestas. Otro informe afirma que el líder de la oposición, Sajith Premadasa, ha sido invitado a ocupar el cargo, aunque desea consultar a otros parlamentarios antes de decidirse. Si el presidente sigue en el poder, puede haber un escepticismo generalizado sobre cualquier cambio en la cúpula.

Mientras tanto, se cierne el riesgo de que se intensifique la represión con los nuevos poderes a disposición del presidente Rajapaksa. El 10 de mayo, el magistrado jefe de Colombo debe atender una solicitud de la Policía para que se desaloje a los manifestantes de Galle Face.

Si se recurre a más violencia para reprimir las protestas o manifestaciones más destacadas en otros lugares, o para victimizar a los críticos del régimen, la credibilidad del Gobierno se verá aún más afectada en el país y en el extranjero. Hay muchas cosas que siguen inciertas.