Desde hace casi 60 años, Papúa Occidental, región situada en el extremo este del archipiélago indonesio, está inmersa en una de las luchas independentistas más largas del mundo contra la Indonesia ocupante. A pesar de ser una campaña independentista tan larga, a menudo ha pasado desapercibida para los medios internacionales y el público occidental. Esto se debe, en parte, a los esfuerzos concertados -y en gran medida exitosos- del Gobierno de Yakarta para censurar y controlar los relatos de Papúa Occidental.
La isla de Nueva Guinea está dividida en el estado independiente de Papúa Nueva Guinea en la mitad este y Papúa controlada por Indonesia en la parte oeste. El Gobierno indonesio ha dividido a la parte de Papúa que controla en Papúa y Papúa Occidental. Estas son las provincias que han estado luchando por la independencia durante los últimos 60 años. Yakarta está considerando la posibilidad de dividir aún más la región en provincias más pequeñas, contra los deseos de los académicos y las comunidades indígenas de la región, que creen que la medida disminuirá la transparencia y aumentará la corrupción en la región.
Papúa está ocupada por Indonesia desde 1962, después de que el Ejército indonesio invadió y anexionó la provincia, a pesar de las garantías del antiguo gobierno colonial holandés de soberanía para la nación papú. Desde entonces, los papúes han enfrentado décadas de opresión brutal salpicada de masacres, torturas, censura y conflictos entre el Ejército indonesio y el Ejército de Liberación Nacional de Papúa Occidental (TPNPB) que han dejado a los civiles como daños colaterales. Algunas estimaciones sugieren que las fuerzas militares indonesias han matado a más de medio millón de papúes, aunque se trata de estimaciones algo desfasadas y el número real de víctimas es probablemente mucho mayor.
Además de sus presuntas violaciones de los derechos humanos, Indonesia tiene un pésimo historial en cuanto a la libertad de prensa en Papúa. Los activistas y los trabajadores de los medios de la región son silenciados sistemáticamente mediante censura, limitación de internet, agresiones físicas, tortura y hasta muerte. Según algunos informes internacionales, desde que el actual presidente Joko (Jokowi) Widodo llegó a la presidencia en 2014, esta persecución ha empeorado.
Acoso, violencia y amenazas
Los periodistas locales, en particular, enfrentan un intenso acoso y escrutinio del Gobierno indonesio. A los periodistas los han encarcelado, golpeado, sometido a doxeo y atacado por denunciar las enormes violaciones de los derechos humanos en Papúa Occidental. Según un informe de 2021 de la Alianza de Periodistas Independientes de Indonesia (Aliansi Jurnalis Independen – AJI), se han producido 114 casos de violencia contra periodistas papúes en los últimos 20 años.
Human Rights Watch (HRW) detalló estos casos es su informe de 2015 titulado «¿Algo que ocultar?». El informe revela que los periodistas papúes reciben habitualmente amenazas anónimas a través de mensajes de texto y de voz, que creen que proceden de las fuerzas de seguridad indonesias. Un reportero local dijo a HRW:
I cannot count how many SMS, email, or social media [threats] that I have received. The accusations are always that I am a foreign agent. The threat is often to kill me, or to attack my office. Or burn my office. That’s why I often change my cell phone numbers. I have lost count of how many times. Maybe 300 times? I always think [the harassers] want to disturb me mentally. I always delete their threats. I don’t want to be influenced by them.
No puedo contar cuántos SMS, correos electrónicos o [amenazas] en las redes sociales he recibido. Las acusaciones son siempre de que soy un agente extranjero. La amenaza suele ser matarme o atacar mi oficina. O quemar mi oficina. Por eso suelo cambiar mis números de teléfono móvil. He perdido la cuenta de cuántas veces. ¿Tal vez 300 veces? Siempre pienso que [los acosadores] quieren perturbarme mentalmente. Siempre borro sus amenazas. No quiero dejarme influir por ellos.
Otros periodistas, como Duma Tato Sando, director de Chaya Papua, diario de Manokwari (Papúa), dijeron al grupo que las fuerzas de seguridad le presionan a menudo para que no publique artículos que mencionen abusos de derechos humanos. Dijo:
For me, covering human rights abuses in Papua is not easy. In Manokwari, usually an intelligence officer will call and ask that the news story be “pending.” They like to say, “please do not publish it.” Sometimes they even ask me for background information, such as places, names, and times [of incidents of human rights abuses] because they do not know that their own men did the beating or the shooting. I have too many cases [of such harassment] to recall one-by-one.
Para mí, informar sobre abusos de derechos humanos en Papúa no es fácil. En Manokwari, normalmente un funcionario de inteligencia llama y pide que la noticia esté «pendiente». Les gusta decir: «por favor, no la publiques». A veces incluso me piden información de fondo, como lugares, nombres y horas [de incidentes de abusos de los derechos humanos] porque no saben que sus propios hombres dieron la paliza o dispararon. Tengo demasiados casos [de acosos así] para recordarlos uno por uno.
En otro caso, hace poco más de un año, en abril de 2021, el auto del periodista de Papúa Occidental Victor Mambor fue objeto de vandalismo, en un claro acto de intimidación selectiva. En aquel momento, la AJI declaró que «estos actos de terror e intimidación son claramente formas de violencia contra los periodistas, y amenazan la libertad de prensa en Papúa y más ampliamente en Indonesia». Mambor es el fundador del medio de comunicación Tabloid Jubi. Tanto él como su personal se han enfrentado a numerosos casos de acoso a lo largo de los años, incluyendo ataques físicos, psicológicos y digitales.
La situación es aún más grave para las mujeres que deciden ejercer el periodismo en Papúa, como pasó con Elfira en febrero, que recibió una amenaza de violación en el tribunal del distrito de Jayapura mientras informaba sobre un proceso judicial.
A los medios, las ONG y las agencias humanitarias extranjeras se les ha negado en gran medida el acceso a Papúa Occidental, lo que ha dificultado que el Gobierno y las fuerzas de seguridad indonesios se hagan responsables. El Gobierno de Yakarta ha controlado estrictamente el flujo de información de la región.
Y aunque cuando los observadores o los medios extranjeros pueden entrar en la región, rara vez pueden hacerlo sin una escolta del Gobierno, y se exponen a ser deportados si molestan a las autoridades.
Algunos periodistas internacionales han conseguido hacer visitas no oficiales a la región, sin contar con la aprobación previa del Gobierno indonesio. Rohan Radheya, periodista holandés independiente entrevistado por HRW, declaró que durante sus visitas no oficiales a Papúa, observó un patrón de «amenazas e intimidaciones» diarias contra los periodistas papúes, y añadió: «Eran buenos periodistas, tenían una buena red, y algunos de los [periodistas papúes] que conocí, tienen agujeros de bala, han sido apuñalados por las fuerzas [de seguridad indonesias], y siguen despertándose por la mañana y siguen haciendo su trabajo».
Para ayudar a combatir esta opresión, la sección de Papúa de AJI lanzó en diciembre de 2021 la asistencia jurídica en Papúa, y señaló que «el número de casos de violencia contra los periodistas en Papúa ha hecho que los resultados de la evaluación del Índice de Independencia de la Prensa del Consejo de Prensa de los últimos cuatro años sitúen a Papúa como la región con las peores condiciones de libertad de prensa en Indonesia». El grupo pretende ofrecer asistencia jurídica a los periodistas de Papúa que son víctimas de violencia e intimidación.
Censura en Papúa Occidental
El bloqueo de información en Papúa Occidental ha provocado la condena internacional y ha empañado la reputación de Indonesia en la escena internacional
La censura es especialmente evidente en tiempos de conflicto o lucha. Los actores del movimiento por la independencia de Papúa Occidental han logrado ocasionalmente atraer la atención nacional hacia su campaña, que suele consistir en actos de desobediencia civil y protesta. En 2019 las tensiones llegaron a un punto álgido tras un incidente racista contra estudiantes papúes en Surabaya de las fuerzas militares indonesias. En respuesta, estallaron protestas en Papúa, que las fuerzas policiales sofocaron violentamente, con la muerte de 10 ciudadanos papúes en el proceso. Este acto de violencia desencadenó protestas generalizadas en toda la nación insular. Durante este periodo, el Gobierno indonesio afectó las conexiones de red en Papúa Occidental para impedir que la información fluyera hacia el exterior, algo que Jokowi dijo que era por el «bien común«.
Mientras los medios de Papúa se esforzaban por difundir sus historias durante este tiempo, surgieron denuncias sobre violaciones de derechos humanos, opresión, violencia militar contra los civiles, y más.
Entorno de prensa libre de Indonesia
Incluso fuera de los abusos de la prensa en Papúa, los medios de Indonesia enfrentan un panorama difícil. Aunque Jokowi hizo una campaña presidencial en la que prometía reforzar la libertad de prensa en Indonesia, ha fracasado estrepitosamente en sus promesas desde que fue elegido en 2014.
En 2020, Yakarta aprobó la Ley de «Informasi dan Transaksi Elektronik» (Ley de Transacciones Electrónicas y de Información), que hizo legal que el Gobierno bajó la velocidad de los servicios de internet y detuvo a los periodistas por alterar la paz y publicar «contenidos prohibidos». La controvertida ley ha suscitado las críticas de activistas y grupos de derechos humanos, pues muchos la califican de gran retroceso para la mayor democracia de la región.
El organismo de vigilancia de los derechos humanos Protection International dijo que «la Ley Ley de Transacciones Electrónicas y de Información se usa activamente para silenciar las críticas y obstruir el trabajo de los defensores de los derechos humanos», y señaló que hubo un fuerte aumento de los ataques contra los defensores de los derechos humanos en 2019 y 2020.
La situación solamente ha empeorado al centrar la atención pública en la pandemia del COVID-19.
Según la información de Reporteros sin Fronteras, los periodistas tienen prohibido publicar «información falsa relacionada con el coronavirus, y también cualquier información hostil al presidente o al Gobierno, incluso si no está relacionada con la pandemia».
Según el Índice Mundial de la Libertad de Prensa 2022 de Reporteros sin Fronteras, Indonesia ocupa el puesto 117 de 180 países.