Imagen cortesía de Ameya Nagarajan
Jaramogi Oginga, cacique luo que se convirtió en una figura destacada en la lucha por la independencia de Kenia, escribió sus memorias «Todavía no es uhuru» (en suajili significa «Todavía no es libre»), que es un dispositivo de encuadre adecuado para el estado del espacio digital de Tanzania. El nuevo régimen de Samia Suluhu [1] lleva casi un año en el poder desde la repentina muerte del anterior presidente, John Pombe Magufuli. Bajo el mandato de Magufuli, Tanzania vio opresión [2] de los medios, de los defensores de los derechos humanos y la constricción de la sociedad civil después de que nuevas leyes [2] y estrategias cerraran el estado cívico. En cinco o seis años, Tanzania pasó de ser una democracia conocida [3] a una nación autoritaria [4] que usa la ley y la práctica para controlar y regular el discurso, la expresión y los derechos. A pesar de los cambios diseñados [5] para reactivar las relaciones diplomáticas de Tanzania y fomentar un entorno [6] más seguro, Suluhu ha tardado en modificar las principales leyes opresivas que dejó Magufuli. Significativamente, la lucha por la libertad en internet continúa, y hay muchas cosas que aún deben ser revisadas y reajustadas.
Estado de la privacidad, telecomunicaciones y vigilancia
Tanzania va a la zaga [7] de sus homólogos en cuanto a la legislación sobre protección de datos y privacidad, a diferencia de Kenia, Ruanda y Uganda, que ya la tienen, aunque se ha hablado de eso intermitentemente desde 2013. Como resultado, los ciudadanos siguen sin tener derecho a navegar por el espacio en línea y que se respete su privacidad, y se les niega el anonimato [8]. La falta de una ley de protección de datos y privacidad ha permitido actos de vigilancia en el país, reforzados por las leyes promulgadas para permitir la interceptación de las comunicaciones. La ley de ciberdelincuencia promulgada en 2015 [9] permitió al Gobierno interceptar datos y pedir información personal específica a los proveedores.
Esta misma ley se volvió a usar en 2016, cuando Maxence Melo, fundador de los foros Jamii, apodado el WikiLeaks de Tanzania, fue detenido [10] por negarse a revelar la identidad de los usuarios de su plataforma que habían revelado un escándalo de corrupción gubernamental. Maxence se negó a dar detalles de las identidades de los denunciantes porque creía [11] que si daba esa información, negaría su derecho a la privacidad. Sin embargo, la ley lo acusó de «obstrucción de una investigación policial» (en virtud del artículo 22(1) de la ley de ciberdelincuentes de 2015) en el caso 456 de 2016 y lo condenó a un año de prisión o a una multa de tes millones de de chelines (unos 1290 dólares). Hasta los años previos a las elecciones de Tanzania de 2020, se filtraron las conversaciones telefónicas [12] de varios personajes públicos y se dio pruebas de que la vigilancia está ocurriendo en el país.
Vínculo con empresas de telecomunicaciones
Las empresas de telecomunicaciones están obligadas a mantener la transparencia, parte de la cual consiste en publicar sus políticas y prácticas para garantizar que sus clientes sepan cómo se manejan sus datos. Sin embargo, en un país sin legislación, hay muchas lagunas que permiten a empresas y Gobiernos vigilar y acceder a la información a su antojo.
Un análisis de algunos de los principales proveedores de servicios de telecomunicaciones en Tanzania revela que Vodacom, una de las principales empresas de telecomunicaciones de Tanzania, ha publicado su política de privacidad [13], que establece que comparten la información personal de los clientes:
«Law enforcement agencies, government bodies, regulatory organisations, courts or other public authorities if we have to, or are authorised to by law.»
«[con] fuerzas del orden, organismos gubernamentales, organizaciones reguladoras, tribunales u otras autoridades públicas si tenemos que hacerlo o estamos autorizados a hacerlo por ley».
Este tipo de política abierta de una empresa de telecomunicaciones, junto con leyes como la ley de ciberdelincuencia, facilita que los teléfonos de las personas sean objeto de vigilancia y grabación.
En noviembre de 2021, el tribunal cuestionó si el cumplimiento de la operadora TIGO con el Gobierno es más importante que la privacidad de los usuarios. El asesor jurídico de TIGO Tanzania dijo que:
compliance with authorities is a higher priority to them [14] than customers privacy.
El cumplimiento de las autoridades es más prioritario para ellos [14] que la privacidad de los clientes.
Lo dijo en el tribunal como testigo en el caso contra el líder opositor Mbowe. Esta declaración sacó a relucir mucha información en torno a TIGO y su política de privacidad [15], en la que se afirma que «MIC [Millicom, proveedor internacional de servicios de telecomunicaciones] no distribuye información de ningún cliente a terceros a menos que el cliente lo solicite o sea legalmente necesario….MIC puede verse obligado a revelar información personal para cumplir con cualquier requisito legal o reglamentario de las leyes aplicables».
Censura
La censura de internet en Tanzania ha dado un giro bastante opresivo en los últimos cinco años, con la represión de medios a la cabeza [16]. Esta represión aumentó al principio de la pandemia del COVID-19, cuando la ley acusó a varios medios de difundir información inexacta, desinformación, etc. El Gobierno ha usado leyes como la ley de servicios de medios y la ley de periódicos para suprimir la libertad de los medios. El 11 de agosto de 2021, las autoridades suspendieron otro periódico, Uhuru, durante catorce días. Dijeron que había publicado un informe [17] falso en el que se afirmaba que el presidente no tenía intención de presentarse a las elecciones de 2025.
Asimismo, el 5 de septiembre de 2021, el Departamento de Servicios de Información suspendió al periódico Raia Mwema durante 30 días, afirmó que había violado repetidamente las normas periodísticas profesionales e infringido la ley al publicar informes «engañosos» que equivalían a una «incitación a la violencia». Recientemente, el ministro de Tecnologías de la Información y la Comunicación anunció el levantamiento de la prohibición de los periódicos que habían enfrentado el cierre por violación de dichas leyes. Sin embargo, las mismas normas usadas para la represión no han cambiado, lo que deja margen para que pronto se conviertan en armas.
En agosto de 2021, Tanzania prohibió el acceso a contenidos para adultos; varias personas recurrieron a Twitter para decir que solo podían acceder a esos contenidos a través de redes privadas virtuales (VPN). El famoso comediante y actor tanzano Idris Sultan publicó en las redes sociales una pregunta al nuevo ministro de Tecnologías de la Información y la Comunicación sobre cuándo se podría acceder a esos sitios sin usar una VPN, pero no recibió respuesta. La cuestión de qué contenidos deben ser censurados por el Gobierno y qué contenidos deben caer bajo la autorregulación es crucial en este momento. ¿Qué es lo que sigue a censurar contenidos? Bloquear sitios web sin previo aviso deja margen para más censura.
Existe una estrecha relación entre la privacidad y la censura en Tanzania, y esto se manifiesta en las leyes promulgadas y en las prácticas que usan diferentes entidades gubernamentales. La presencia de la ley de ciberdelincuencia resulta decisiva en este caso, ya que da al Gobierno la posibilidad de acceder a la información cuando le conviene. Sin embargo, la censura no siempre es fomentada por el Gobierno; a veces las personas eligen autocensurarse porque no tienen acceso -.en términos de asequibilidad de la conectividad y los dispositivos.- pero también eligen autocensurarse porque no confían en que su privacidad esté protegida. El Gobierno usa las cláusulas de la ley de ciberdelincuencia como resquicios para acceder a los datos por razones autoritarias, como vigilar a figuras políticas clave o a activistas y defensores de los derechos humanos. En estos casos, el acceso a la información (por parte del Gobierno) acaba invocando la censura, ya sea autoimpuesta o impuesta por el Gobierno.
Un denominador común en todo esto es que, aunque el régimen ha cambiado, las leyes y las prácticas aún no han cambiado; sin cambios en las leyes y las prácticas, Tanzania no puede decir que es realmente libre en internet. Los nuevos dirigentes han mostrado su intención de abrir el diálogo, como demuestran los ejemplos en los que el actual presidente se ha reunido con líderes de la oposición y organizaciones de la sociedad civil. La formación de coaliciones de organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, activistas y políticos puede servir para impulsar la revisión de las leyes y asegurarse de que se ajustan a los derechos de las personas. Las partes interesadas, como las organizaciones de la sociedad civil, deben presionar para que se respeten la libertad y los privilegios que otorga la Constitución, y para que se reconozca a internet como un espacio cívico. Al igual que Odinga, nos vemos obligados a decir «todavía no es uhuru». Tanzania sigue aferrada a la vieja forma de hacer las cosas; si eso no cambia, la práctica tampoco lo cambiará.