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«Porque sabemos de lo que somos capaces como sociedad es que nos duele tanto el estómago, ¿no? Nos conocemos». El estado de Facebook que publicó la bloguera Rhoda Bharath el 10 de mayo hacía referencia a la desaparición de Kymani Francis, un pequeño de dos años que había desaparecido en el sur de Trinidad el día anterior. La nación entera estuvo en vilo esperando que regresar a salvo (después lo encontraron ahogado), pero tras un reciente informe de un grupo especial que documentaba incontables casos de abuso en hogares infantiles estatales y residencias subvencionadas, las palabras de Bharath calan más profundo que nunca.

Los hallazgos del informe del grupo especial de Judith Jones, que describían con detalle toda clase de abusos, desde operaciones con drogas hasta violación de menores, impulsó los reclamos a la Autoridad de Protección de Menores, organismo estatal a cargo de promover y garantizar los derechos infantiles según establecido en la Declaración Universal de Derechos humanos y la Declaración y Convención de los derechos del Niño de Naciones Unidas, para que hiciera su trabajo y actuara en defensa de los menores a quienes debía proteger. Sin embargo, este último informe no es el primero que documenta los horrores que ocurren en los hogares infantiles de todo el país.

Hace veinticinco años, durante el gobierno del Congreso Nacional Unido encabezado por el primer ministro Basdeo Panday, el grupo especial de Sabga redactó un informe sobre los hogares infantiles, a través del ministerio de Manohar Ramsaran, entonces ministro de desarrollo social. El informe de 1997 fue fulminante. El equipo especial de siete personas encargado de investigar las condiciones y el trato que recibían los niños en los hogares estatales y religiosos alegó que una monja de un reconocido hogar de niñas protagonizaba «episodios brutales de negligencia y abuso físico, psicológico y emocional», y un empleado de otro hogar abusaba sexualmente de los niños de manera reiterada.

El 5 de mayo, en una entrevista con Trinidad Express, alguien que conformaba aquel equipo especial declaró de forma anónima que el informe (que nunca se presentó al Parlamento) fue «muy suavizado» y tratado como «secreto máximo»:

We were advised that a copy be sent to the then-Social Development Minister and told to destroy the copies we had. Several high-profile persons were implicated when we conducted interviews, including nuns and businessmen. Racism was also uncovered at some of these homes. It was toxic. The homes were failing their charges and financial impropriety was rampant.

Nos aconsejaron enviar una copia al entonces ministro de Desarrollo Social y destruir las copias que teníamos. Estaban implicadas varias personas de alto perfil cuando dirigimos las entrevistas, incluso monjas y empresarios. También se puso en evidencia el racismo en algunos de estos hogares. Era tóxico. Los hogares no cumplían con su función y las irregularidades financieras eran desenfrenadas.

Esta persona añadió que leer décadas después el informe del equipo especial Judith Jones fue «como un déjà vu«.

El informe señalaba que las denuncias nunca fueron examinadas adecuadamente, ni por la Iglesia católica, que se declaró «incapaz de actuar en nombre de la Comisión del Servicio de Autoridades Estatutarias» (que había contratado a la monja en cuestión), ni por la Policía, ni los organismos estatales que supervisan el funcionamiento de los hogares.

Más allá de lo abominable de los delitos, es esta inacción y la nula disposición para enfrontar activamente tan horrendas injusticias lo que más golpea a los ciudadanos. El editorial de un periódico lo dijo sin rodeos:

That team’s probe unearthed layers of corruption [in 1997]. Young victims shared accounts of being groomed for the sexual gratification of politicians, business people and staff members and there was evidence of physical abuse, fraud and misappropriation of government funds.

Although the report was handed in to former social development minister Manohar Ramsaran […] and got approval from the then Basdeo Panday Cabinet for further action, to this day there have been no arrests and no one has been held accountable.

Little has changed. If anything, conditions are worse.

Aquel equipo [de 1997] desenterró las capas profundas de la corrupción. Las jóvenes víctimas contaron relatos comunes sobre haber sido objeto de acoso para satisfacción sexual de políticos, empresarios y empleados, y había pruebas de abuso físico, fraude y malversación de dinero público.

Aunque el informe se le entregó al exministro de Desarrollo Social Manohar Ramsaran […] ylo aprobó el entonces gabinete de Basdeo Panday para adoptar medidas futuras, al día de hoy no ha habido arrestos y nadie se ha hecho responsable.

No cambió casi nada, y lo que cambió fue para peor.

No obstante, luego del reciente informe del equipo especial de Judith Jones, la ministra de Asuntos de Género e Infancias, Ayanna Webster-Roy, anunció el actual plan de acción del Gobierno de 126 millones de dólares trinitenses (unos 18,5 millones de dólares estadounidenses). Se otorgó al equipo especial un plazo de seis semanas para presentar un plan de acción, contado a partir del 29 de abril, fecha en que se presentó el informe ante el Parlamento. El informe había sido presentado a las autoridades pertinentes en diciembre de 2021, lo que disparó cuestionamientos sobre por qué plantear un tema tan urgente demoró cuatro meses en llegar al Parlamento.

En Facebook, la página Newsauce, dirigida por la bloguera Rhoda Bharath, a quien se considera simpatizante del actual gobierno porque brinda servicios de comunicación para una agencia estatal, publicó este comentario:

What angers me about this story is that none of this is new. Webster-Roy has been there 6 yrs now. Why after 6 more years of exploitation and abuse we yet again discussing putting measures in place?
Why are sex abusers still working at these homes and not charged?
Until I see drastic action Webster-Roy's words [that perpetrators will be dealt with] remain lip service.

Lo que más me enfurece de esta historia es que no es ninguna novedad. Webster-Roy lleva seis años en su puesto. ¿Por qué luego de más de seis años de explotación y abusos seguimos debatiendo si se establecerán medidas?
¿Por qué los abusadores sexuales siguen trabajando en esos hogares y no tienen cargos en su contra?
Mientras no vea acciones drásticas, las declaraciones de Webster-Roy [de que se ocuparían de los perpetradores] seguirán siendo palabrerías.

En efecto, el expresidente de la Autoridad de Protección de Menores Hanif Benjamin, citando un caso reciente en que encontraron asesinados a dos adolescentes prófugos de un hogar, dio fe de que habían recibido denuncias previas contra ese hogar en particular.

Sin embargo, la propia Autoridad de Protección de Menores recibió duros ataques por su sorprendente inacción; por ejemplo, Noble Philip, colaborador de Wired868, la describió como «otro ejemplo del trabajo a medias de nuestra clase política por las personas más vulnerables»:

In the first nine months of operation, the Authority was overwhelmed by 4,158 reports. The system buckled under the load.

En los primeros nueve meses de funcionamiento, la Autoridad se desbordó con 4158 denuncias. El sistema sucumbió a la presión.

El 16 de mayo, el actual primer ministro, Keith Rowley, advirtió que él y su partido, que eran la oposición en 1997, nunca se enteraron del contenido del informe de Sabga. A la vez señaló que el equipo especial de Judith Jones «trató de ser diligente para acceder» a este informe, «pero ni con sus máximos esfuerzos lograron obtener una copia desde ninguna fuente».

Tras afirmar que estaba «conmocionado, escandalizado y enfurecido» porque «nuestras peores sospechas parecen haber sido ampliamente confirmadas y los conocidos perpetradores recibieron protección y ayuda de personas e instituciones conocidas y desconocidas», Rowley exigió al comisionado de Policía que «avanzara de inmediato para buscar este informe Sabga y las pruebas de todos quienes estaban al tanto de esta terrible situación, y que adoptara las medidas necesarias contra todas las personas implicadas en los impresionantes hechos que se han revelado […]».

El director del informe de 1997, Robert Sabga, que ahora vive en Canadá, dijo que sus hallazgos incluían el acoso sexual de políticos y empresarios contra menores mediante sobornos a funcionarios. Con igual perturbación, hizo referencia al caso de Akiel Chambers, de 11 años, a quien encontraron muerto en una piscina en 1998 luego de una fiesta en un vecindario exclusivo, y dijo que su asesinato se podría haber evitado si el equipo especial hubiese podido «buscar pruebas» para exponer una presunta red de pedofilia que operaba en ese entonces. Sabga aduce que «las mismas personas implicadas en la sodomía y muerte [de Chambers] eran nombres que [los de su equipo] habían oído durante la investigación».

Sabga afirmó que estaba dispuesto a colaborar con la Policía en cualquier forma posible (es decir, dar nombres), y explicó: «Estoy totalmente a favor de hacer justicia, pero todo lo que se nos dijo fue anecdótico, en el mejor e los casos, y no se puede fundamentar […]. La Policía pedirá pruebas contundentes, y eso es algo que no puedo dar. Es el mismo problema que tuvimos cuando hicimos el informe: Nos contaron muchísimas cosas, pero fue muy poco lo que pudimos probar efectivamente».

Dado que el asesinato de Chambers sigue sin resolverse, la revelación de Sabga llevó a la ministra de Vivienda y Desarrollo Urbano, Camille Robinson-Regis, a declarar que él debería informar a la Policía la identidad de los sospechosos.

Mientras tanto, a medida que los editoriales de los medios se convirtieron en un  coro de reclamos de responsabilidades y de protección adecuada y justicia para las víctimas, la Arquidiócesis católica de Puerto España declaró que «toma muy en serio todas las denuncias de esta índole, y […] ha iniciado una investigación inmediata para verificar la veracidad de tales acusaciones».

Sin embargo, para las víctimas la verdad es demasiado real. Entre esas víctimas hay un hombre identificado como «Kerron» que habría estado en el hogar de Niños de St. Dominic cerca de las fechas en que se presentó el informe de Sabga, dio a Newsauce un poderoso testimonio en una entrevista de video. Entre sus recuerdos había episodios en que el personal usaba lenguaje soez, amenazas e intimidaciones contra los niños, además de abuso físico y sexual.

Increíblemente, cuando denunció estas «atrocidades» a la dirección del hogar y el presunto abusador fue confrontado, al parecer admitió sus delitos y se le pidió que renunciara, pero nunca se hizo una denuncia policial ni hubo un médico especializado que examinara a Kerron. «Lanzaron la pelota a otro lado», dijo. «La institución misma encubrió todo el incidente».  Kerron también declaró que, a pesar de la terrible falta, ayudaron a su abusador a encontrar otro trabajo: «Estaba en una posición de autoridad para proteger a los menores e incumplió esa responsabilidad».

Si bien hubo especialistas legales que sentían que el informe del equipo especial de Sabga se tendría que haber enviado directamente a la Dirección del Ministerio Fiscal del país, hubo otros que pensaron que, pese a la insistencia de Manohar Ramsaran de que nada se podría haber hecho durante su mandato como ministro de Desarrollo Social por la falta de pruebas, las víctimas aún podrían haber logrado justicia de haber podido contar sus historias.

Sin embargo, desde ambos lados de la política, la atención parece estar más en el juego de echar culpas que en buscar soluciones para un flagelo urgente y peligroso. El 12 de mayo, en una rueda de prensa posterior a una reunión de Gabinete, el primer ministro Keith Rowley dijo que los reclamos públicos de cierre de hogares infantiles no autorizados se tendrían que haberse canalizado a través de la Autoridad de Protección a Menores. Al menos una institución salió a la ofensiva manifestando su intención de presentar una demanda por difamación.

Mientras siguen resonando los pedidos de rendición de cuentas, y los organismos estatales siguen desbordados, son los menores que habitan estas instituciones quienes tienen todas las de perder.