Activistas leen la versión reescrita de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de matrimonio, Foto de iLaw

Este artículo se publicó originalmente por Prachatai, sitio de noticias independiente de Tailandia. Reproducimos una versión editada en virtud de un acuerdo de intercambio de contenidos.

El 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia (IDAHOT), los activistas se manifestaron en favor de los derechos del colectivo LGBTQ+ y pidieron la igualdad matrimonial mediante la revisión de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de matrimonio de Tailandia.

El 17 de noviembre de 2021, el Tribunal Constitucional tailandés dictaminó que el artículo 1448 del Código Civil y Comercial, que establece que el matrimonio solo puede contraerse entre un hombre y una mujer, no viola el artículo 27 de la Constitución, que establece que todas las personas son iguales y están igualmente protegidas por la ley.

La sentencia provocó la indignación de la opinión pública, ya que se consideró que el texto completo era arcaico, sexista y homófobo, como cuando define el matrimonio como «cuando un hombre y una mujer están dispuestos a vivir juntos, a construir una relación de marido y mujer para reproducir su descendencia, de acuerdo con la moral, las tradiciones, la religión y las leyes de cada sociedad», y que, por tanto, está reservado solo a un hombre y una mujer. La sentencia también menciona que las personas LGBTQ+ no pueden reproducirse y que ese matrimonio va en contra del orden natural, y que las personas LGBTQ+ no pueden formar el mismo «delicado vínculo» que el de las familias heterosexuales. También afirmaba que legalizar el matrimonio LGBTQ+ supondría una mayor «carga» para el Gobierno al dar bienestar y beneficios a esas parejas. Otra parte de la sentencia también comparaba a las personas LGBTQ+ con animales de comportamiento extraño.

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Abogados Tailandeses por los Derechos Humanos (TLHR) y el grupo activista Frente de Liberación Feminista de Tailandia lanzaron el proyecto «Juicio popular» con una mesa redonda sobre la igualdad matrimonial, en la que los panelistas afirmaron que la sentencia del Tribunal Constitucional mostraba una falta de comprensión y conexión con el pueblo, y perjudicaba la justicia de género en el país.

Tyrell Haberkorn, profesor de Lenguas y Culturas Asiáticas de la Universidad de Wisconsin-Madison, dijo en el debate que el proyecto pretendía dar la oportunidad al público de criticar la sentencia del Tribunal Constitucional para imaginar un futuro más igualitario con una nueva redacción del fallo.

Haberkorn dijo que el proyecto se inspiró en activistas y abogadas feministas de otros países, como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda y Reino Unido, que usan este método para impulsar cambios en el sistema legal.

Por su parte, la abogada de TLHR Poonsuk Poonsukcharoen, otra de las panelistas, dijo que la legislación tailandesa nunca ha definido el matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer, pero existe una estipulación en el artículo 1448 del Código Civil y Comercial, que se está cuestionando por ser discriminatoria, y no está segura de dónde sacó el Tribunal Constitucional su definición de matrimonio. También dijo que, según el Tribunal Constitucional, la tradición tailandesa es diferente a la de otros países y que una ley solo sería sostenible si no va contra la opinión del pueblo, y cuestionó cómo los jueces pueden decir cuál es la opinión del público sobre cualquier asunto.

Por su parte, la activista por la igualdad de género Chumaporn Tangkliang afirmó durante la mesa redonda que el público tiene derecho a redactar una sentencia porque todos somos humanos e iguales, y que, mientras los jueces tienen títulos de derecho y un trabajo, las personas de la comunidad LGBTQ+ deben vivir sin que se les permita registrar su matrimonio, por lo que tienen derecho a redactar su propia sentencia. Hacerlo les devolvería su poder y su dignidad humana.

Activistas reunidos en el Pathumwan Skywalk para una concentración durante el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Foto de iLaw

El 17 de mayo, los activistas se reunieron en el Pathumwan Skywalk para una concentración del IDAHOT, durante la cual presentaron una versión reescrita de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de matrimonio, redactada por activistas y miembros del público que se inscribieron para participar en el proyecto Juicio Popular. Ahí  se afirma que el artículo 1448 del Código Civil y Comercial viola los artículos 4, 25, 26 y 27 de la Constitución, señalando que aunque el artículo 27 establece que el hombre y la mujer tienen los mismos derechos, no significa que quien tenga una identidad de género u orientación sexual diferente no tenga los mismos derechos. La sentencia reformulada decía que la no discriminación por razón de género incluye a todas las personas independientemente de su identidad u orientación, y que una ley limitada al sexo asignado al nacer llevaría a la discriminación de un grupo de personas en la sociedad por razón de género, lo que supondría una falta de respeto a su dignidad humana.

Oppressing people who are different is not good morals, no matter how one defines good morals. Neither sexual nor gender bias should be a factor in deciding who can marry and nor should fears that extending the right to marry will increase the burden on the state or that people will exploit public benefits and impact state security. Equality in this country has never been a gift from the state but is a result of a long struggle.

Oprimir a las personas que son diferentes no es una buena moral, independientemente de cómo se defina la buena moral. Ni los prejuicios sexuales ni los de género deben ser un factor para decidir quién puede casarse, ni tampoco el temor a que la ampliación del derecho a casarse aumente la carga del Estado o a que la gente explote las prestaciones públicas y afecte a la seguridad del Estado. La igualdad en este país nunca ha sido un regalo del Estado, sino el resultado de una larga lucha.

En la actualidad, hay dos proyectos de ley sobre el matrimonio para las parejas LGBTQ+ que están a la espera de ir al Parlamento. Uno es el proyecto de ley de uniones civiles propuesto por el Ministerio de Justicia y aprobado por el gabinete en junio de 2020. Anteriormente fue criticado por ONG y activistas por no conceder a las parejas LGBTQ+ los mismos derechos que a las heterosexuales y por no ser claro en cuanto a la concesión de algunos derechos. Los activistas también cuestionaron la necesidad de una legislación separada que legalizara los matrimonios LGBTQ+, y plantearon la preocupación de que esto profundizara el estigma contra la comunidad LGBTQ+ en Tailandia.

Otro proyecto de ley propone enmiendas a las secciones sobre el matrimonio y la familia en el Código Civil y Comercial, o el proyecto de ley sobre la Igualdad Matrimonial, iniciado por los diputados del partido Avanzar, que cambiará la terminología usada en la ley a «cónyuge» en lugar de «marido» y «esposa», y «persona» en lugar de «hombre» y «mujer».

El proyecto de ley se presentó en el Parlamento en febrero de 2022 y se remitió al Gabinete para su consideración. El 29 de marzo, el sitio web de la Casa de Gobierno informó de que el Gabinete había votado para rechazarlo.

No obstante, el proyecto de ley de igualdad matrimonial aún puede ir al Parlamento. Según el Reglamento de 2019 de la Cámara de Representantes, un proyecto de ley propuesto por un diputado o por la sociedad civil puede remitirse al gabinete para un periodo de consideración de 60 días y debe devolverse al Parlamento una vez transcurrido el tiempo. El presidente de la Cámara también puede incluirlo en el orden del día del Parlamento aunque no haya sido devuelto.

Mientras tanto, se están recogiendo firmas para proponer al Parlamento otro proyecto de ley de igualdad matrimonial. El 28 de noviembre de 2021, durante una protesta en el cruce de Ratchaprasong, en Bangkok, la Coalición Arcoíris por la Igualdad Matrimonial, red de más de 40 organizaciones de la sociedad civil y grupos de activistas, iniciaron una petición en la que proponen enmiendas al Código Civil y Comercial. La petición propone modificar el artículo 1448 para permitir el registro del matrimonio entre dos personas de cualquier sexo. También propone sustituir los términos «hombre» y «mujer» en todos los artículos del Código Civil y Comercial relativos al matrimonio por «persona», así como sustituir «marido» y «mujer» por «cónyuge» y «padre» y «madre» por «padres».

Las enmiendas, si se aprueban, concederán a las parejas LGBTQ+ los mismos derechos, deberes y reconocimiento legal que a las parejas heterosexuales, incluido el derecho a adoptar un niño y ser reconocidos como sus padres; el derecho a tener un poder para tomar decisiones médicas en nombre de su pareja y a presentar cargos en nombre de su pareja; el derecho a usar el apellido de su pareja, y el derecho a heredar bienes del otro sin necesidad de testamento.

A las 24 horas de su inicio, la petición consiguió más de 150 000 firmas, diez veces más que el número requerido legalmente para presentar un proyecto de ley ante el Parlamento. Hasta el 20 de mayo, había conseguido más de 304 000 firmas.