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Periodistas de Turquía podrían enfrentar tres años de cárcel por difundir «información falsa» en línea

Categorías: Medio Oriente y Norte de África, Turquía, Censura, Derecho, Derechos humanos, Elecciones, Gobernabilidad, Libertad de expresión, Medios ciudadanos, Periodismo y medios, Política, GV Advox

Foto de Markus Winkler [1] en Unsplash [2]

El 17 de mayo, el partido de extrema derecha Movimiento Nacionalista (MH) de Turquía anunció que había finalizado la revisión del controvertido proyecto de ley sobre desinformación [3], y que el proyecto de ley estaría tramitándose [4] en el Parlamento [5] a partir del 26 de mayo [3]. Los críticos afirman que el proyecto de ley es otro intento de reprimir [6] la libertad de expresión y de prensa.

El proyecto de ley de desinformación fue elaborado por los miembros del partido gobernante Justicia y Desarrollo (AK) y del Movimiento Nacionalista (MH), y se viene trabajando desde 2921 [7]. Los representantes de la coalición afirman [8] que el proyecto de ley es similar a la legislación existente en Europa, como la alemana NetzDG [9], pero los críticos, como el Instituto Internacional de la Prensa [10], discrepan [11].

En una declaración [12] emitida el 27 de mayo por siete organizaciones internacionales y locales dedicadas a la libertad de medios y al periodismo, se afirma que el nuevo proyecto de ley, si se aprueba, «impulsará la censura sistemática y la autocensura en Turquía en lugar de luchar contra la desinformación».

En su versión actual, el proyecto de ley pretende convertir [7] la difusión de «desinformación» y «noticias falsas» en delitos penados hasta con tres años de cárce [13]l. El proyecto de ley establece que «cualquiera que distribuya públicamente información falsa sobre la seguridad interna y externa de Turquía, el orden público y el bienestar podría enfrentarse a entre uno y tres años de cárcel por instigar la preocupación, el miedo y el pánico en la sociedad, enfrenta penas de prisión de uno y hasta tres años», informó [14] Bloomberg News.

Según informa [5] Hurriyet Daily News, el proyecto de ley, de 40 artículos [15], pretende responsabilizar [16] a los periodistas por ocultar la identidad de fuentes anónimas en casos de «desinformación».

El 31 de mayo, el periodista Gurkan Ozturan escribió [13]: «El proyecto de ley se ha hecho esperar». «La alianza gobernante en Turquía ha afirmado durante mucho tiempo que la verdadera versión de las cosas que ocurrían en el país y en el mundo solo la publicaban los medios progubernamentales; la implicación era que los medios críticos e independientes publicaban información falsa».

En los últimos años, el Estado ha recurrido a las órdenes de mordaza de los medios y ha prohibido a los informativos tradicionales publicar críticas al Estado. Pero estas órdenes no afectaron a las plataformas de noticias en línea ni a las redes sociales.

Muchas de las recientes modificaciones fueron impulsadas por el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, que mantiene una relación polémica con los medios en línea del país. En respuesta a los insultos dirigidos a él y a su familia en 2020, dijo [17] a los miembros del AKP durante un discurso televisado: «¿Entienden por qué estamos contra las redes sociales como YouTube, Twitter y Netflix? Para erradicar esa inmoralidad. Estas plataformas no convienen a este país. Queremos que se prohíban estas plataformas, que se controlen». El mismo mes, se aprobaron [18] polémicas enmiendas relativas a las plataformas de medios sociales a la ley 5651: sobre regulación de emisiones por internet y prevención de delitos cometidos a través de esas emisiones.

El nuevo proyecto de ley también ha sido criticado [13] por sus imprecisas definiciones legales de términos como desinformación, noticias falsas, información sin fundamento, información distorsionada, seguridad, orden público y paz pública.

Siete organizaciones de la sociedad civil publicaron una declaración [12] de rechazo al proyecto de ley, citando las imprecisas referencias a «seguridad, orden público y paz pública». Señalan que estos términos amplios se usan a menudo «contra periodistas en los casos de acoso legal, lo que da al tribunal un delito más para el juicio. Este enfoque deja las leyes expuestas a graves abusos por parte de un sistema judicial que ya sufre la captura política y la pérdida de independencia. Rechazamos esta iniciativa».

Pocos días después de que el vicepresidente del grupo parlamentario, Mahir Ünal, del Partido Justicia y Desarrollo, defendiera [8] el proyecto de ley, el Instituto Internacional de la Prensa (IPI) publicó [10] un nuevo informe sobre el país en el que destaca el aumento de la «censura digital» en Turquía, ya que el Estado se mueve para «controlar aún más la información en línea» antes de las elecciones previstas para 2023. El informe también sostiene que:

…any legislation that seeks to criminalize «fake news» is inherently problematic due to the question of who defines which news is legitimate and how these definitions are implemented, all the more so in a context in which courts and prosecutors interpret legislation according to the will of the executive branch. The «disinformation law,» if passed, is highly likely to further restrict space for critical speech in Turkey.

…cualquier legislación que pretenda criminalizar las «noticias falsas» es intrínsecamente problemática por quién define qué noticias son legítimas y cómo se aplican estas definiciones, más aún en un contexto en el que los tribunales y los fiscales interpretan la legislación según la voluntad del poder ejecutivo. La «ley de desinformación», si se aprueba, es muy probable que restrinja aún más el espacio para la expresión crítica en Turquía.

En declaraciones [19] al servicio turco de la Voz de América, el profesor de Derecho y fundador de la Asociación para la Libertad de Expresión [20], Yaman Akdeniz, afirmó que, aunque la censura digital ha sido omnipresente en Turquía desde 2007, el nuevo proyecto de ley restringirá aún más la libertad de expresión, silenciaría a activistas de la oposición y a periodistas, y crearía un entorno de miedo y autocensura.

En el negocio de la censura desde 2004

Aunque muchos consideran que 2007 fue el punto de inflexión de la censura y la vigilancia estatal de internet en Turquía, con la infame ley 5651, también conocida como proyecto de ley de internet, solo tres años antes, en 2004, se modificó un proyecto de ley [21] titulado «Proyecto de ley de informática» (adoptado en 1991), que introdujo seis nuevos delitos. Estos delitos incluían [21] la «violación del secreto de las comunicaciones, la intervención y grabación de conversaciones, la violación de la intimidad, la grabación de datos personales, la entrega ilegal de adquisición de datos y la destrucción de datos».

En 2005, Turquía creó la Presidencia de Telecomunicaciones y Comunicaciones [21] (TiB), institución estatal que, hasta 2016, actuó como principal censora de internet en el país.

En 2006, las enmiendas [22] a la ley antiterrorista  3713 del país permitieron al Gobierno etiquetar [22] como terroristas a miembros de la sociedad civil, incluidos periodistas, políticos y defensores de los derechos humanos.

Luego, en 2007, la ley de internet –que en un principio [23] se diseñó e introdujo como mecanismo de protección contra los contenidos ilegales y perjudiciales– se convirtió en una herramienta del gobierno en funciones para censurar los contenidos en línea. Un año después de su adopción, se habían bloqueado mil sitios web [23] a través del proyecto de ley, número minúsculo en comparación con los cientos de miles de sitios web bloqueados en la actualidad [24]. Las enmiendas al proyecto de ley de internet en 2014, 2015 y 2020 introdujeron más restricciones, que van desde el bloqueo por URL, la eliminación de publicaciones en redes sociales y la autorización a TiB para emitir órdenes de bloqueo sin orden judicial, por nombrar algunas.

Las últimas enmiendas a la ley de internet, aprobadas [25] en julio de 2020, exigen que todas las empresas de redes sociales se registren ante las autoridades, cumplan con las solicitudes de retiro de contenidos en un plazo de 48 horas y guarden los datos de los usuarios en el país, además de otras disposiciones. Finalmente [10], la mayoría de las empresas de medios sociales y plataformas tecnológicas establecieron entidades legales en Turquía según los requisitos de la enmienda de julio a la ley. Sin embargo, según el reciente informe [10] del IPI, «en la práctica, [las empresas y las plataformas tecnológicas] establecieron el mínimo de presencia legal obligatoria con las personas nombradas como representantes legales que, en su mayoría, siguen ubicadas fuera de Turquía y, por tanto, fuera del alcance de la legislación turca. Mientras tanto, no ha habido ningún esfuerzo del Gobierno para aplicar la ley que exige a las plataformas trasladar los datos de todos los suscriptores en Turquía a servidores turcos».

El proyecto de ley también sugiere enmiendas a varios documentos legislativos existentes, como la ley de medios y el Código Penal. Las nuevas enmiendas harán que los medios en línea sean legalmente equivalentes a los medios tradicionales e impondrán la responsabilidad penal y legal de las noticias en línea, informó [4] Bianet. Las publicaciones en línea también tendrán que cumplir [16] con las solicitudes de retiro de contenidos que se consideren «falsos» y podrán permitir que el Estado bloquee el acceso a estos sitios web de noticias.

Según Akdeniz, estas medidas no son sorprendentes dado el actual ambiente político en Turquía. En una entrevista con la Voz de América turca, Akdeniz dijo que las próximas elecciones, la mala gestión [26] de la pandemia [27], las críticas [28] a las políticas del Estado durante los incendios forestales de 2021, las investigaciones sobre la corrupción [29] del Gobierno y la falta de acción para arreglar la grave situación económica [30] del país, han impulsado el nuevo proyecto de ley, ya que el Estado intenta reprimir la disidencia y la crítica.

Mantenerse fiel a la tradición de la censura

Un informe de la Asociación de Investigación de Medios (MEDAR) en 2021 reveló [31] que la gran mayoría de las denuncias para retirar o bloquear contenidos informativos en línea son presentadas por políticos, diputados y burócratas del AKP para encubrir pruebas incriminatorias. Ciertamente, el informe sostiene que en Turquía se retiran al menos tres noticias al día. En casi todos los casos [32], las noticias se refieren a acusaciones de corrupción, investigaciones sobre el Gobierno o personas e instituciones afiliadas al Gobierno, o informes de mala conducta en el cargo.