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Explicación de Directrices Centrales de Acreditación de Medios de India 2022

Categorías: Asia del Sur, India, Activismo digital, Derecho, Derechos humanos, Gobernabilidad, Libertad de expresión, Medios ciudadanos, Periodismo y medios, Política, Protesta, GV Advocacy, Unfreedom Monitor
Indian Newspapers for sale at a vendors shop in New Delhi. Image via wikipedia by Shajankumar. CC BY-SA 3.0. [1]

Periódicos indios a la venta en una tienda de vendedores en Nueva Delhi. Imagen vía Wikipedia por Shajankumar. [1] (CC BY-SA 3.0 [2]).

En febrero de 2022, el Gobierno central de India publicó las tan esperadas directrices de acreditación de los medios centrales. Las directrices [3] establecen los criterios de elegibilidad para que periodistas y comunicadores obtengan la acreditación, el proceso para obtenerla y los motivos de suspensión de la acreditación. También se enumeran los deberes y poderes del órgano gubernamental, el comité central de acreditación de medios, encargado de facilitar el proceso. La acreditación oficial permite [4] a los medios acceder a las oficinas del gobierno sin quedar atrapados en los atascos burocráticos, y asistir a reuniones especiales, por lo que sirve como una herramienta esencial para pedir cuentas a los funcionarios y entender las decisiones gubernamentales. Los periodistas acreditados y sus familiares también tienen derecho [4] a recibir subvenciones del Gobierno en determinados planes.

Las directrices anteriores eran más generales y mencionaban que la acreditación se retiraría si se descubría que no se le daba buen uso. En las nuevas directrices [5], hay diez disposiciones específicas por las que se puede retirar la acreditación a un periodista.

¿Cuál ha sido la respuesta?

Las directrices han suscitado una respuesta negativa por parte de la comunidad de la prensa india, activistas y ciudadanos preocupados. Una cláusula recién añadida, que establece las condiciones para la suspensión de la acreditación, ha hecho temer una censura de la prensa por parte del Estado. La cláusula establece que se puede retirar [3] la acreditación a un periodista en caso de que «actúe de forma perjudicial para la soberanía y la integridad de India, la seguridad del Estado, las relaciones amistosas con Estados extranjeros, el orden público, la decencia o la moralidad, o en relación con el desacato, la difamación o la incitación a un delito». Entre otras cláusulas, también se puede suspender la acreditación del periodista si se le acusa de delitos graves justiciables.

Los que se oponen a la normativa señalan que unas cláusulas tan imprecisamente definidas podrían poner en peligro la forma de trabajar de los periodistas, dejándolos a las órdenes del Estado. El Gremio de Editores de India ha pedido al Centro que revoque las normas, sobre todo porque no se consultó a los principales interesados. Cuestionan los amplios motivos de suspensión, entre los que se incluyen «ser acusado de un delito grave justiciables» y «difamación», y afirman [6]: «Está claro que estas cláusulas vagas, arbitrarias y draconianas se han incluido con la intención de restringir cualquier información crítica y de investigación sobre los asuntos del Gobierno». También expresan su preocupación por la condicionalidad de la obtención de la verificación policial para la acreditación, ya que puede usarse indebidamente para reprimir la libertad de expresión. Como extensión de las preocupaciones enumeradas por el Gremio, cabe señalar que no es raro que los periodistas sean sorprendidos [7] con una denuncia [8] por violación de algunas leyes penales, incluidas [9] leyes antiterroristas. La difamación [10] es otra herramienta usada para silenciar a críticos y periodistas. En India, las organizaciones de medios también presentan casos de difamación entre sí. Si se mantienen estas directrices, en las que la difamación es un criterio para retirar la acreditación, puede que sólo se consolide la voluntad existente de presentar casos de difamación contra los medios.

El Club de Prensa de la India [11] (PCI), junto con otros destacados grupos de periodistas, ha tomado varias medidas para presionar al Gobierno. El 11 de febrero, el PCI envió una carta [12] al Gobierno para expresar su descontento con las directrices. Luego, el club también inició una campaña de recolección de firmas. El 25 de febrero, el PCI, el Gremio de Editores de India [13] y el Cuerpo de prensa femenino de la India (IWPC [14]) aprobaron por unanimidad una resolución contra las normas y enviaron una copia de la carta al ministerio. El documento decía: «El Gobierno no ha aclarado la lógica y la urgencia que hay detrás de esta medida, que ha creado innecesariamente la crisis entre el Gobierno y los medios».

Algunos periodistas y abogados escribieron artículos de opinión en los que ilustraban sobre las graves ramificaciones que estas directrices tendrían sobre la libertad de prensa y los valores democráticos. La escritora y periodista señala [15]: «Las nuevas ‘directrices’ no tienen que ver con la ‘acreditación’ de los periodistas, sino con el tratamiento de la democracia por parte de los elegidos para el cargo. Es una medida de cómo este gobierno ve el papel de las preguntas, el acceso y la transparencia». También señala que estas normas son una forma más de reducir la libertad de prensa. En otro artículo [16], el doctor V Suresh, secretario nacional de la Unión Popular para las Libertades Civiles, escribió: «Las agencias estatales pueden invocar fácilmente los amplios poderes al menor olor de un artículo periodístico que critique o cuestione la versión gubernamental, especialmente en zonas conflictivas como el valle de Cachemira». E.P Unny, principal caricaturista político de Indian Express, dibujó [17] una viñeta satírica en la que aparecía un niño «agradeciendo» al Ministerio de Información y Difusión por no haber añadido un código de vestimenta como parte de las directrices.

Hasta el 22 de mayo, el Gobierno no había respondido públicamente las preocupaciones planteadas por los grupos de medios ni había indicado su deseo de retractarse de las normas.

¿Por qué es significativo?

Organismos periodísticos, grupos de la sociedad civil y periodistas señalan que la normativa se produce en un contexto [18] de disminución de la libertad de prensa en el país, donde los periodistas enfrentan habitualmente [6] intimidaciones, detenciones, presiones legales y amenazas. Además, les preocupa que se trate de una gota más en el océano de restricciones impuestas por el Estado a los medios, mediante una legislación imprecisamente redactada y propensa a los abusos. La medida ejecutiva Normativa sobre Tecnología de la Información (Directrices para los Intermediarios y Código Ético de los Medios Digitales) de 2021 recibió críticas [19] por crear un efecto amedrentador en los medios digitales. Según la nueva política de medios de Cachemira, el Departamento de Información y Relaciones Públicas (DIPR), puede detener la publicación de anuncios del Gobierno por motivos amplios [20] como «incitar a la violencia, cuestionar la soberanía y la integridad de India o la violación de las normas aceptadas de decencia y comportamiento público». En 2021, como informó [21] The Wire, magistrado del distrito de Kupwara, en Jammu y Cachemira, dictó una orden que exigía a los periodistas «registrarse» y «obtener la aprobación» de la administración antes de informar.

Los medios suelen ser el cuarto pilar de la democracia, además del legislativo, el ejecutivo y el judicial. El retroceso de un pilar, el ejecutivo, con leyes que socavan la libertad de prensa, puede crear un efecto dominó. El debilitamiento de un pilar puede sacudir toda la casa.