[1]Imagen vía EngageMedia. usada con autorización.
Este artículo forma parte de Pandemia de Control [2], serie de artículos que busca fomentar el discurso público sobre el aumento del autoritarismo digital en Asia-Pacífico en el marco de COVID-19. Pandemia de Control [3] es una iniciativa de EngageMedia, en colaboración con CommonEdge. Esta versión editada del artículo de Harindrini Corea se reproduce en Global Voices en virtud de una asociación de contenidos.
En medio de la pandemia de COVID-19, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó un informe sobre la «alarmante trayectoria de Sri Lanka hacia la repetición de graves violaciones de los derechos humanos [4]«. El país, incluso antes del inicio de la pandemia, fue testigo de la militarización de las funciones del gobierno civil, de la anulación de las salvaguardias constitucionales, de la obstrucción política de la rendición de cuentas por los delitos y las violaciones de los derechos humanos, de la retórica mayoritaria y excluyente, de la vigilancia y la obstrucción de la sociedad civil y de la reducción del espacio democrático.
Estas tendencias continúan en la actualidad, alimentadas por una enmienda constitucional de 2020 [5] que amplía los poderes del presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa. En la práctica, el poder de promulgar los mandatos de la COVID-19 se concentró en el presidente, con escasos controles y equilibrios [6] por parte de otras instituciones democráticas.
Esta concentración de poder, junto con la respuesta altamente militarizada [7] del gobierno a la pandemia de COVID-19 y las tácticas de desinformación patrocinadas por el Estado [8], reforzaron la agenda autoritaria del presidente y un clima de miedo y censura que continúa en medio de las protestas nacionales de 2022 debido a la actual crisis económica [9].
Lee la cobertura especial de Global Voices: Sri Lanka en crisis [10]
Desinformación patrocinada por el Estado contra la comunidad musulmana
La respuesta gubernamental a la pandemia ha recibido críticas por sus problemáticas medidas, que incluyen criminalizar y marginar [11] los pacientes y los supuestos abusos policiales contra los ciudadanos. Los críticos que protestaron contra el carácter ilegal, a la medida y discriminatorio de la respuesta a la pandemia [12] fueron silenciados mediante detenciones, vigilancia, acoso e intimidación.
Estas medidas han afectado desproporcionadamente a los musulmanes, comunidad minoritaria en un país donde la mayoría de la población es budista cingalesa. Las narrativas omnipresentes contra la comunidad musulmana minoritaria han dado lugar históricamente a discursos de odio en línea y violencia física (documentados en 2014 [13], 2018 [14] y 2019 [15]). Estas narrativas islamofóbicas se intensificaron aún más durante la pandemia, con funcionarios de Sri Lanka, «avivaron el odio comunal [16]» y políticas gubernamentales discriminatorias contra los musulmanes [17].
Y lo que es aún más problemático, estas medidas tuvieron apoyo de apoderados del Estado, incluidas las entidades mediáticas privadas. En abril de 2020, el jefe de epidemiología del Gobierno promovió [18] una narrativa falsa de que los entierros de pacientes con COVID-19 –práctica religiosa común de los musulmanes– podrían contaminar las aguas subterráneas y propagar el virus. El Gobierno ordenó [19] incinerar a todas las víctimas del COVID-19. Estas medidas violaban directamente las prácticas islámicas de entierro, e incluso las mejores prácticas estipuladas por la Organización Mundial de la Salud, que permitían [20] enterrar o incinerar a los fallecidos por el virus. Y sin embargo, medios privados como Derana [21] e HiruTV amplificaron la desinformación sobre este asunto.
Respuesta altamente militarizada de COVID-19
En la actualidad, la Comisión Reguladora de las Telecomunicaciones de Sri Lanka (TRCSL) carece de la independencia [22] necesaria para proteger a los ciudadanos de la vigilancia injustificada. En diciembre de 2019, el secretario de Defensa, el general de división retirado Kamal Gunaratne, fue nombrado presidente de la TRCSL; en noviembre de 2020. La TRCSL y varios otros organismos pasaron a depender del Ministerio de Tecnología, directamente bajo la órbita del presidente.
Los proveedores de servicios de internet, como Dialog y SLT Mobitel, no parecen revelar datos sobre los pedidos gubernamentales de información de los usuarios ni notificar a sus usuarios si el Gobierno ha accedido a sus datos. En 2013, el director general de Dialog declaró [22] que las empresas de telecomunicaciones «tienen que cumplir con las peticiones del Gobierno». Además, no hay disposiciones legales que obliguen a los proveedores de servicios de internet a revelar siquiera esa información.
El nombramiento de personal militar en puestos clave del Gobierno normalizó la participación y las tácticas militares en los asuntos civiles, y enmarcó la pandemia como una amenaza a la seguridad y no como una crisis de salud pública.
El general Shavendra Silva fue nombrado [23] por el presidente para dirigir el Centro Nacional de Operaciones para la Prevención del Brote de COVID-19. También se nombró a personal militar para coordinar la respuesta a la pandemia. Por ejemplo, los funcionarios de inteligencia militar obtuvieron los números de celular [24] de los pacientes de COVID-19 de los proveedores de servicios para rastrear a quienes tenían un contacto estrecho con los pacientes o a los que «evadían» la cuarentena. Todo a pesar de la prohibición de la vigilancia extrajudicial de las comunicaciones personales en virtud de la Ley de Telecomunicaciones 27 de 1996.
También se afirma que los agentes de inteligencia usan el programa informático Pegasus. El diputado opositor Harin Fernando señaló que el Gobierno había empezado a usar el programa espía Pegasus [25] en marzo de 2021. Un usuario anónimo de Twitter también afirmó que el Ministerio de Defensa había activado el paquete de software espía Pegasus con ayuda de Dialog Axiata y Mobitel, y apuntó específicamente [26] a «abogados, activistas, periodistas, jueces, algunos policías retirados e incluso miembros del gabinete considerados desleales al presidente». Dialog ha negado las acusaciones. Sin embargo, representantes del Gobierno han declarado [27] que la Unidad de Inteligencia no ha hecho una solicitud de compra del software, pero que el Gobierno lo consideraría si se hiciera tal solicitud.
Represión a la disidencia
Además de esta vigilancia, a lo largo de 2020 y 2021 se ha detenido [28] a personas que han criticado al presidente o la respuesta del Gobierno a la pandemia.
Como parte de la represión de la disidencia, se intentó imponer leyes para contrarrestar la desinformación. Sin embargo, la instrumentalización de las leyes existentes, como [29] la Ley del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos número 56 de 2007 y la Ley de Delitos Informáticos número 24 de 2007, contra los usuarios de las redes sociales que ejercen su derecho a la libertad de expresión suscita preocupación por la introducción de cualquier marco legal que pueda otorgar al ejecutivo amplios poderes discrecionales para reprimir la libertad de expresión.
En 2020, la División de Medios de la Policía ordenó [30] al Departamento de Investigación Criminal y a los agentes encargados de las comisarías de todo el país que detuvieran a quienes hicieran o difundieran contenidos «falsos o malintencionados» en las redes sociales, y a quienes criticaran a los funcionarios del Gobierno implicados en la respuesta a la pandemia. El Gobierno aclaró luego [31] que la directiva interna solo se aplicaba a los casos en los que la información «falsa o maliciosa» contravenía las leyes relativas a los deberes de los funcionarios públicos y no a las meras críticas al Gobierno.
Una notable detención ilegal y arbitraria de una persona en virtud tanto de la Ley del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como de la Ley de Delitos Informáticos fue la de Ramzy Razeek [32], funcionario jubilado del Gobierno que suele usar las redes sociales para comentar asuntos sociales y políticos. En una publicación de abril de 2020, hizo un llamado a la «yihad (lucha) ideológica», con el bolígrafo y el teclado como armas, contra la política de incineración obligatoria. Razeek estuvo detenido sin cargos ni acceso adecuado a un abogado y atención médica durante cinco meses, hasta que quedó en libertad bajo fianza en septiembre de 2020. Actualmente, sigue enfrentando la amenaza de ser detenido y acusado formalmente.
En junio de 2021, la jefatura policial advirtió que quienes publicaran noticias falsas en las redes sociales podrían ser detenidos [33] sin orden judicial. Cinco meses después, el secretario adicional Dhammika Muthugala también emitió una carta [34] en la que advertía a los funcionarios públicos de que no debían criticar al Gobierno y sus políticas en internet. En la carta se decía que el ministerio tomaría medidas disciplinarias contra quienes desacreditaran al servicio público con comentarios críticos con el Gobierno.
En enero de 2022, un periódico local citó al Superintendente Superior de Policía que afirmó que está prohibido difundir o publicar en internet contenidos que perjudiquen la imagen del presidente. Ninguna ley lo prohíbe. Sin embargo, la política se aplicó en la detención de una mujer [35] que se limitó a difundir una publicación sobre el abucheo al presidente mientras viajaba.
Protesta contra autoritarias medidas tras confinamientos por pandemia
Las iniciativas gubernamentales para rastrear contactos y cumplir la cuarentena como parte de la respuesta a la pandemia también han aumentado los intentos más grandes del Gobierno de establecer bases de datos digitales con información de los ciudadanos. Desde entonces, se han planteado preocupaciones sobre estos intentos [36].
La estrategia gubernamental contra la pandemia sentó las bases de la respuesta cada vez más autoritaria del presidente al ejercicio de los derechos constitucionales de los ciudadanos en línea y fuera de ella. Sin embargo, la revolución popular sin precedentes [37] en medio de una crisis económica parece rechazar la desinformación y las narrativas del Estado, desafiar la vigilancia y resistir la intimidación y las amenazas de arresto en su afán por acabar finalmente con el reinado autoritario del presidente Rajapaksa. Aunque el Gobierno ha recurrido [38] a toques de queda de corta duración, al estado de emergencia y un bloqueo de redes sociales de 15 horas para frenar las protestas y reprimir la disidencia, las protestas son cada vez más fuertes..