Imagen vía EngageMedia. Usada con autorización.

Este artículo forma parte de Pandemia de Control, serie con el objetivo de fomentar el discurso público sobre el aumento del autoritarismo digital en Asia-Pacífico en el marco del COVID-19. Pandemia de Control es una iniciativa de EngageMedia, en colaboración con CommonEdge. Esta versión editada del artículo de Vaishnavi y Anish Mishra se reproduce en Global Voices en virtud de una asociación de contenidos.

La pandemia de COVID-19 aceleró adoptar tecnologías digitales en cinco años. Sin embargo, el giro hacia la digitalización está excluyendo a quienes tienen poco o no tienen acceso a los servicios digitales. Como parte de su respuesta a la pandemia, India aplicó uno de los confinamientos más estrictos del mundo, que obligó a los ciudadanos a acceder a la mayoría de los servicios básicos digitalmente. Mientras que un pequeño porcentaje de la población estaba preparado para pasar al mundo digital, la mayoría no tuvo más remedio que luchar para acceder a estos recursos digitales en primer lugar, y quedaron vulnerables a la explotación.

En India, el 84 % de la población tiene acceso a teléfonos móviles, pero solo el 43 % tiene acceso a internet. Esta disparidad también se da en función de la edad, la ubicación, el género, la casta y el idioma, entre otros factores. Las mujeres indias tienen un 15 % menos de probabilidades de tener un teléfono móvil y un 33 % menos de usar los servicios de internet móvil que los hombres.

La brecha digital afecta a los más vulnerables en las zonas rurales. Según la 75 ronda de la Encuesta Nacional por Muestreo, solo el 13 % de los mayores de cinco años de las zonas rurales pueden usar internet, frente al 37 % de las zonas urbanas.

Perspectivas desde el terreno

La abrupta convocatoria de confinamiento de India desencadenó una migración masiva de trabajadores informales por diferentes estados. Muchos recurrieron a la marcha cuando no había transporte. Imagen vía Max Pixel. CC0.

En marzo de 2020, cuando el Gobierno indio anunció un confinamiento imprevisto en todo el país con un preaviso de cuatro horas, el 90 % de la mano de obra del país –trabajadores informales– enfrentó una enorme crisis. Alrededor del 80 % de los trabajadores estaban varados en varias partes del país con menos de cien rupias (1,27 dólares) en la mano. Los miembros de la Red de Acción de Trabajadores Desamparados (SWAN), grupo que defiende los problemas de los trabajadores inmigrantes, dieron su opinión sobre el impulso de la adopción digital para acceder a los servicios sociales básicos.

Seema, de 27 años, es enfermera de apoyo de Simdega (Jharkhand) y también integra SWAN. Cree que los servicios digitales pueden ser beneficiosos, y cuenta cómo ha podido ayudar a personas de su comunidad a registrarse en línea para obtener sus tarjetas e-shram (plan de seguridad social para trabajadores del sector no organizado). Sin embargo, dice que el conocimiento del uso de estos portales de registro en línea está limitado a muy pocos.

En teoría, los ciudadanos pueden inscribirse en varios regímenes y certificados gubernamentales. Sin embargo, la realidad es que usar sistemas en línea ha dado lugar a la creación de todo un conjunto de intermediarios, incluidos vendedores privados con un ordenador y conexión a internet, que se ofrecen a realizar el proceso de registro a cambio de una tarifa. Seema habla de cómo esta configuración monopoliza la información en muy pocas manos. Para inscribirse en un certificado, por ejemplo, hay que presentar un documento de identidad y una prueba de domicilio, que se suben a portales en línea a través de estos vendedores privados. Pero los trabajadores deben pasar una espera incierta por un documento que puede llegarles o no. No tienen ningún mecanismo para seguir el progreso de sus solicitudes, lo que les obliga a depender de los proveedores privados.

Aunque no es lo ideal, Seema afirma que los procesos no digitalizados les ofrecen opciones, como usar sus contactos sociales y hacer un seguimiento personal de los funcionarios. Y añade:

[Now] we don’t know what is going on online, nor do we know how to follow up on an application, and are left at the mercy of the operators to tell us what’s happening.

[Ahora] no sabemos qué pasa en línea, ni sabemos cómo hacer el seguimiento de una solicitud, y quedamos a merced de que los operadores nos digan qué ocurre.

Gulzar, otro trabajador de Jharkhand, tiene las mismas preocupaciones. Aunque implantar la tecnología puede ser útil, cree que hasta ahora no es de gran utilidad para los aldeanos. Gulzar cita un ejemplo: los que no saben hacer banca móvil son engañados para que les den sus datos a los intermediarios, y a veces pierden dinero de sus cuentas.

El principal problema que se desprende de estos relatos no es el de la corrupción ni los retrasos, se puede argumentar que esto puede ocurrir en cualquier sistema. La cuestión más evidente es que el ciudadano de a pie ha quedado completamente al margen de la sociedad digital, excluido del ejercicio de sus derechos básicos. Para resolver las desigualdades sistémicas, se han pregonado soluciones tecnocráticas como la adopción digital como la solución final para todos los problemas sistémicos, incluidos los problemas que plantean las restricciones de movilidad de COVID-19. Sin embargo, este cambio a los sistemas digitales ha sido impuesto y nunca lo eligieron.

Se encuentran con un sistema que no saben usar, lo que les permite ser explotados, y con un sistema que no entienden y que les impide exigir responsabilidades a nadie. La preocupación de Gulzar por los intermediarios apunta directamente a la ambigüedad en la rendición de cuentas que conllevan los sistemas en línea y a la falta de apoyo para ayudar a los marginados a adaptarse a la tecnología digital. Adoptar tecnología digital está fomentando las desigualdades existentes y creando nuevas estructuras de poder que ponen a los vulnerables en posición de desventaja.

De la digitalización a la vigilancia digital

¿Existe entonces un vínculo entre esta rápida digitalización de los servicios, su inaccesibilidad y su conversión en vigilancia digital? Recopilar, usar y controlar la información personal se hacen evidentes en los relatos presentados aquí. A la pregunta de si a la gente le preocupa los derechos digitales y la privacidad de los datos, Seema dijo que preocupan las consecuencias de publicar datos en la red, por miedo a que sean mal usados. Curiosamente, el uso indebido al que se refiere Seema es el gubernamental y no la preocupación por el acceso de terceros a sus datos.

Cuando se le hizo la misma pregunta, Gulzar dijo: «No es solo una preocupación, ¡he visto a gente [acabar] en problemas por publicar estos datos en línea!». Un amigo suyo había publicado datos bancarios para registrarse en línea, y pronto tuvo una denuncia en su contra acusado de piratería informática vinculados a su cuenta. «Mi amigo es analfabeto. ¿Cómo puede piratear, algo que requiere usar un computador?», dice Gulzar. Cita otro ejemplo de los riesgos de publicar datos bancarios con intermediarios. A veces, estos intermediarios afirman que los sueldos de los trabajadores no han llegado a las cuentas, y culpan a algunos problemas en línea mientras se embolsan el dinero.

La obligatoriedad de tener que depender de un sistema digital, junto con el hecho de que es un sistema que los deja vulnerables a la explotación, muestra cómo sus vidas están ahora moldeadas (involuntariamente) a través de la tecnología. El Gobierno también ha reforzado activamente esta inclusión en los sistemas digitales. En junio de 2021, 22 000 trabajadores de la Accredited Social Health Activist (ASHA) (trabajadores de la salud primaria de India) protestaron en Haryana contra una aplicación móvil para informar y hacer un seguimiento de su trabajo, que violaba su privacidad digital. La aplicación, «MDM 360 shield», fue instalada a la fuerza en los teléfonos personales de los trabajadores por funcionarios del departamento de salud. En los casos en que se les dio un nuevo teléfono, a los trabajadores no se les informó que la aplicación estaba preinstalada en los dispositivos.

Este hecho plantea serias preocupaciones, ya que India aún no cuenta con políticas integrales de protección de datos a pesar de tener una gran base de datos biométricos. No existe un marco jurídico real sobre la calidad y proporcionalidad de los datos, su transparencia, ni el mandato de una autoridad de protección de datos que aborde y cubra adecuadamente las cuestiones relativas a la protección de datos de acuerdo con diversas directrices internacionales sobre privacidad. El último proyecto de ley de protección de datos personales de India en 2019, presentado en el Parlamento en diciembre de 2021, exime al Gobierno de su ámbito de aplicación. El proyecto de ley prioriza los intereses económicos sobre la necesidad de proteger la privacidad de la información personal y ha recibido críticas de los activistas de los derechos digitales.

El impulso de la digitalización durante la pandemia ha profundizado la brecha digital. La escalada de la adopción digital sin las protecciones políticas adecuadas puede excluir aún más a los ya marginados, pero nadie puede rendir cuentas porque India no tiene un marco global. Aunque el acceso a las prestaciones sociales y a la privacidad se reconocen como derechos fundamentales, cualquier programa o política que no sea inclusivo está destinado a fomentar un paradigma de desarrollo que deje atrás a los más vulnerables. Los relatos de Seema y Gulzar y la experiencia de las trabajadoras ASHA apuntan a este efecto.