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El 13 de julio, la televisora del partido gobernante de Georgia, Maestro TV, emitió grabaciones de audio obtenidas ilegalmente y editadas a propósito a partir de un medio opositor, Mtavari Arkhi TV. El director de Mtavari Arkhi, Giorgi Gabunia, confirmó la autenticidad de la conversación filtrada que tuvo lugar en noviembre de 2021, pero añadió que la grabación fue editada. El 14 de julio, en una declaración pública, Gabunia hizo un llamado a la oficina del defensor del pueblo, a las organizaciones no gubernamentales e internacionales con sede en Georgia, y a los embajadores, para que pidan cuentas a los autores de la vigilancia a los periodistas.

La directora de Mtavari Arkhi, Nika Gvaramia, fue condenada en mayo de 2022 a tres años y medio años de prisión por supuestos cargos de corrupción.

Los Servicios de Seguridad del Estado han declarado que han iniciado una investigación sobre las grabaciones filtradas.

Gia Gachechiladze es el presentador de «Utsnobis kidobani» [Arca de lo desconocido], programa que emitió las grabaciones en Maestro TV. Dijo que obtuvieron las grabaciones de «medios críticos», pero no detalló la fuente concreta

Según el informe de OC Media, la grabación captó una conversación entre cuatro trabajadores de Mtavari Arkhi en una de las salas de reuniones de la emisora alrededor de noviembre de 2021. En la grabación, los cuatro periodistas hablaban de los documentos filtrados que les había dado un hombre llamado Soso Gogashvili. Gogashvili era el subdirector del Servicio de Seguridad del Estado, cargo que ocupó entre 2015 y finales de 2018. Los documentos filtrados a los periodistas exponían las acusaciones de que el gobernante Partido Sueño Georgiano estaba conmutando las penas de los presos a cambio de sus votos durante las elecciones locales de 2021, cuando Gogashvili ya se había marchado. Según OC Media, Gogashvili confirmó que estaba detrás de la información filtrada.

Vigilancia estatal en curso

La vigilancia desplegada por el Estado no es nueva. En septiembre de 2021, el Proyecto de Información sobre la Delincuencia Organizada y la Corrupción (OCCRP) publicó un reportaje sobre el recurso del Servicio de Seguridad del Estado de Georgia que recurrió a «vigilancia generalizada y las escuchas telefónicas, que han conmocionado a los medios y a internet en Georgia, con detalles sobre la vida personal de periodistas, activistas civiles, políticos y clérigos».

La noticia se basaba en unos 3000 archivos filtrados que contenían grabaciones de audio, correspondencia personal por correo electrónico y otra información privada de periodistas, organizaciones no gubernamentales y diplomáticos radicados en Georgia. El Servicio de Seguridad del Estado negó la acusación, calificó los documentos filtrados de desinformación.

Tras la filtración, Nino Lomjaria, defensora del pueblo, expresó en Palitranews su sorpresa por la magnitud de la vigilancia desplegada por las autoridades: «No estamos hablando de 20 o 30 personas. Estamos hablando de cientos de personas y de la gente asociada».

Aunque el partido gobernante, Sueño Georgiano, denunció las filtraciones, el primer ministro Irakli Gharibashvili restó importancia a las revelaciones. «En cuanto a la vigilancia, ocurre en todos los países, y el nuestro no es una excepción. Sí, hubo vigilancia, pero de acuerdo con la ley y dentro de sus límites», dijo el primer ministro.

Un comunicado conjunto emitido por el cuerpo diplomático asignado en Georgia describió la filtración como una «grave violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y [que] compromete el trabajo diplomático normal en Georgia».

En marzo de 2021, el viceministro del Interior georgiano, Kakhaber Sabanadze, renunció tras otra serie de filtraciones que indicaban que «ordenó la interrupción intencionada de una reunión de grupos de la oposición y usó la vigilancia ilegal para seguir a algunos políticos». La información fue filtrada a Mtavari TV y TV Pirveli por el extrabajador del Servicio de Seguridad del Estado Vano Gulashvili.

En un informe anual más reciente, el Instituto para el Desarrollo de la Libertad de Información (IDLI), organización de vigilancia local independiente, afirmó que, según sus estudios de los documentos filtrados, «la probabilidad de que estos materiales hayan sido procesados por el Servicio de Seguridad del Estado sobre la base de una vigilancia sistemática e ilegal era alta». En otro informe publicado en 2021, el IDLI afirmó que el número de escuchas telefónicas y la grabación encubierta de números de abonados han aumentado desde 2018 y que «las escuchas ilegales y la difusión de grabaciones secretas, así como la impunidad de los autores,» seguían siendo problemas graves indicativos de «la falta de salvaguardias adecuadas para la protección del derecho a la intimidad».

En 2017, el Parlamento georgiano aprobó un proyecto de ley final por el que se creaba una agencia de vigilancia encubierta bajo los auspicios del Servicio de Seguridad del Estado. En su formulario anterior, el inspector de Protección de Datos Personales de Georgia tenía que dar su consentimiento a las agencias gubernamentales que solicitaban permiso para llevar a cabo operaciones de vigilancia que llevaba a cabo el Ministerio del Interior.

En junio de 2022, la presidenta de Georgia, Salome Zourabichvili, usó sus poderes de veto contra una lista de enmiendas sobre escuchas telefónicas al Código de Procedimiento Penal que pasaron la primera lectura en abril de 2022 y fueron aprobadas el 7 de junio de 2022. Un grupo de grupos de la sociedad civil georgiana instó a la presidenta a vetar las enmiendas en una declaración publicada a principios de ese mes:

The legislative amendments have a number of shortcomings, but the most disturbing among them are the new rules of setting timeframes for covert investigative actions and notifying an individual of a covert investigative action: in particular, covert eavesdropping may be conducted for an indefinite time for investigating 77 types of crime, and in case of several types of crime, an individual may not be notified of being wiretapped for 30 years. Consequently, such individual will not be able to ever use the right of appeal, to exercise the right to fair trial and to defend his/her right to privacy.

According to the legislative amendments, the maximum term of covert investigative action has increased from six to nine months while the list of crimes for which covert eavesdropping and surveillance may be conducted has extended to include additional 27 less serious crimes.

The adopted bill renders those positive legislative changes useless, which were implemented in 2014 with the active involvement of civil society and experts from the Council of Europe.

Las enmiendas legislativas tienen una serie de deficiencias, pero las más preocupantes son las nuevas normas que fijan plazos para las acciones de investigación encubiertas y la notificación de una acción de investigación encubierta a una persona: en particular, las escuchas encubiertas pueden llevarse a cabo durante un tiempo indefinido para investigar 77 tipos de delitos, y en caso de varios tipos de delitos, una persona no puede ser notificada de ser intervenida durante 30 años. En consecuencia, dicha persona no podrá usar nunca el derecho de apelación, ejercer el derecho a un juicio justo y defender su derecho a la intimidad.

Según las enmiendas legislativas, el plazo máximo de la acción de investigación encubierta ha aumentado de seis a nueve meses, mientras que la lista de delitos por los que se pueden realizar escuchas y vigilancias encubiertas se ha ampliado para incluir otros 27 delitos menos graves.

El proyecto de ley aprobado hace inútiles esos cambios legislativos positivos, que se aplicaron en 2014 con la participación activa de la sociedad civil y de expertos del Consejo de Europa.

La Comisión Europea también incluyó la vigilancia ilícita en la lista de problemas de derechos fundamentales que obstaculizan la solicitud de adhesión del país a la Unión Europea. Por eso, no es de extrañar que en sus declaraciones sobre la decisión de vetar las enmiendas críticas, la presidenta Zourabichvili dijera que vetaría cualquier proyecto de ley que hiciera retroceder al país en su camino hacia la adhesión a la Unión Europea. Georgia tiene seis meses para resolver los problemas señalados en el dictamen de la Comisión, antes de que esta revise sus recomendaciones.

Georgia solicitó formalmente su adhesión a la Unión Europea el 3 de marzo de 2022.

Presión a una televisora

No es la primera vez que la televisora de oposición y sus reporteros son un objetivo. En marzo de 2022, Zviad Ablotia, camarógrafo de Mtavari, fue atacado en la ciudad de Zugdidi. Su colega, la corresponsal Ema Gogokhia, también fue amenazada por el mismo grupo de hombres no identificados que rompieron la cámara de Ablotia durante la refriega.

Según Reporteros sin Fronteras:

In November 2021, it [the channel] was fined 111,303 Lari (36,469 euros) for broadcasting videos supporting Saakashvili, an opponent of the now ruling Georgian Dream party. Representatives of this party, including deputy prime minister and culture minister Tea Tsulukiani and Tbilisi mayor Kakha Kaladze, have accosted and harassed Mtavari Arkhi TV reporters while they were covering the party’s activities.

En noviembre de 2021, [el canal] fue multado con 111 303 lari (36 469 euros) por emitir videos de apoyo a Saakashvili, opositor al ahora gobernante partido Sueño Georgiano. Representantes de este partido, entre ellos el viceprimer ministro y ministro de Cultura, Tea Tsulukiani, y el alcalde de Tiflis, Kakha Kaladze, han abordado y acosado a reporteros de Mtavari Arkhi TV mientras cubrían las actividades del partido.

En septiembre de 2021, un camarógrafo y un reportero de Mtavari Arkhi fueron agredidos físicamente en la oficina del partido gobernante Sueño Georgiano. Según los medios locales, el camarógrafo Levan Ablotia fue arrojado por la ventana de un segundo piso. Los representantes del partido negaron las acusaciones, dijeron que el camarógrafo se cayó mientras intentaba provocar a los representantes del partido.

En 2020, el canal fue atacado por las autoridades con el argumento de que emitió una noticia falsa sobre personas que recibían un pago del Gobierno por informar que el COVID-19 era la causa de la muerte de los habitantes antes del municipio de Marneuli.