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Autoritarismo digital en Bangladesh: Usan draconiana ley como arma para silenciar la disidencia durante la pandemia

Categorías: Asia del Sur, Bangladesh, Activismo digital, Derecho, Derechos humanos, Desastres, Economía y negocios, Gobernabilidad, Libertad de expresión, Medios ciudadanos, Periodismo y medios, Política, Protesta, COVID-19, GV Advocacy
Image via EngageMedia. Used with permission. [1]

Imagen vía EngageMedia [1]. Usada con autorización.

Este artículo forma parte de Pandemic of Control [2], serie que pretende fomentar el discurso público sobre el aumento del autoritarismo digital en Asia-Pacífico en el marco de COVID-19. Pandemic of Control [3] es una iniciativa de EngageMedia, en colaboración con CommonEdge. Esta versión editada del artículo de Zayed Siddiki [1] se reproduce en Global Voices en virtud de una asociación de contenidos.

En los últimos diez años, Bangladesh no solo ha visto la digitalización y el crecimiento económico, sino también un deterioro de la situación de los derechos humanos y un creciente autoritarismo. Reporteros sin Fronteras describe [4] al actual gobierno como «más autoritario y dispuesto a reprimir la libertad de prensa». Con los críticos amordazados, actualmente no existe una oposición política efectiva en el país, lo que refleja la larga lucha de Bangladesh por mantener una frágil democracia desde la independencia [5] en 1971.

Durante los primeros días de la pandemia, los ciudadanos denunciaron en las redes sociales y en los medios convencionales la ineficacia de la respuesta del Gobierno y la corrupción de los dirigentes del partido gobernante. La gente criticó la aplicación desigual de las normas de confinamiento, la corrupción en la compra [6] de equipos sanitarios de protección, la malversación [7] de los paquetes de ayuda y la falta de información sobre la detección de casos.

Estas cuestiones crearon una gran controversia. Con la excepción de algunas detenciones de dirigentes locales [8] vinculados a la corrupción, la respuesta del Gobierno fue perseguir a todo aquel que se mostrara crítico. Aplicó ferozmente los instrumentos legales contra periodistas, académicos, ciudadanos de a pie e incluso funcionarios [9] y médicos [10] que hablaban de estos temas. Se usó una ley opresiva, la ley de seguridad digital [11], para señalar y castigar a estas voces disidentes.

Usar la ley de seguridad digital para silenciar el desacuerdo

Antes de que estar vigente la ley de seguridad digital, la libertad de expresión en Bangladesh ya recibía ataques de la ley de tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Esta ley, aprobada en 2006, contiene el controvertido artículo 57, que autoriza a perseguir a quien publique material electrónico considerado falso, obsceno, difamatorio o que «tienda a depravar o corromper» a su audiencia. Las organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos han dicho que la sección 57 aprieta la soga a la libertad de expresión en las plataformas digitales.

La ley de seguridad digital se aprobó en 2018, en sustitución de la ley de TIC. Pero la ley de seguridad digital se considera de naturaleza más represiva y draconiana que la ley a la que sustituye, y es problemática por tres razones:

  1. Secciones imprecisas de la ley [13] que pueden llevar a criminalizar expresión de pensamiento u opinión legítima;
  2. Amplios poderes a las autoridades [14], como la facultad de detener a personas y registrar locales sin orden judicial, únicamente con la sospecha de que se ha cometido un delito usando medios digitales;
  3. Disposiciones que permiten el retiro o bloqueo de contenidos y la incautación y registro de dispositivos sin las suficientes garantías.

Desde 2012 hasta 2020, se han presentado más de 2000 casos [15] en virtud de la Ley de TIC y de seguridad nacional. De esos casos, solo el 2 % han dado lugar a condenas, lo que sugiere que la ley se ha usado más como instrumento para acosar a las voces disidentes.

ARTICLE 19 dio la voz de alarma [16] por el creciente número de acusaciones y detenciones realizadas en virtud de la Ley de Seguridad de las Comunicaciones, por comentarios en las redes sociales. Según un informe de abril de 2022 [17] del Centro de Estudios de Gobernabilidad, al menos 2244 personas fueron acusadas de violar la ley de seguridad digital entre enero de 2020 y febrero de 2022. Durante este periodo, 842 personas fueron detenidas. Lo más llamativo del informe fue la clara indicación de que los miembros del partido gobernante estaban usando la ley de seguridad digital para atacar a los medios y a los opositores políticos. De los acusados cuya profesión se conoce, el 30,98 % eran políticos, y más de una cuarta parte, periodistas.

La pandemia supuso el uso quirúrgico de la ley de seguridad digital contra periodistas [18] y voces críticas [19]. Ciudadanos de todas las clases sociales fueron objeto de ataques, incluido un chico de 15 años [20] que criticó al primer ministro en las redes sociales. Otros casos notables son:

Como resultado, la ley de seguridad digital ha cultivado una cultura del miedo [27] y la autocensura [28] entre los ciudadanos. Miembros de la sociedad civil, periodistas, activistas políticos y ciudadanos de a pie se ven ahora obligados a pensar dos veces antes de escribir o hacer comentarios en internet. Ha habido varias protestas y acciones de activistas [29] que piden la abolición de la ley draconiana [30], pero el Gobierno no ha actuado ante estos llamados.

Vigilancia masiva con pases de circulación y acopio de grandes datos

Además de la ley de seguridad digital, otra herramienta de la agenda cada vez más autoritaria del Gobierno es el intento de controlar los movimientos de los ciudadanos. En abril de 2021, la Policía bangladesí lanzó una «aplicación Pase de Movimiento [31]» que permitía la circulación en el exterior durante los estrictos confinamientos impuestos en ese momento. Para registrarse, había que usar la aplicación o visitar movementpass.police.gov.bd y facilitar un número de teléfono móvil, nombre, fecha de nacimiento, fecha y hora de desplazamiento, fotografías y documentos de identidad. Se permitía a una persona un máximo de cinco pases al día para traslados de emergencia [32] como ir al hospital, comprar medicamentos y hacer la compra.

En los primeros cinco días de aplicación, se expidieron más de 600 000 pases [33]. Los pases debían mostrarse en los puestos de control; no presentarlos suponía multas y castigos, como detención y encarcelamiento. El sistema provocó confusión y caos [34], y cientos de personas fueron multadas y detenidas [35] por infringir las normas de confinamiento. También creó controversia, ya que quienes no tenían teléfonos inteligentes o conexión a internet no podían solicitar pases. La aplicación de las normas de confinamiento también varió, ya que los ciudadanos comunes y corrientes enfrentaron estrictas restricciones, mientras que los que apoyaban al Gobierno gozaban de ventajas.

Este tipo de acopio de datos tiene importantes consecuencias para los derechos digitales. En un informe de medios [36], el experto en tecnologías de la información Sumon Ahmed Sabir señaló el riesgo de vigilancia masiva a través de datos acopiados, riesgo que aumenta aún más si un tercero puede acceder a los datos. Además, el abogado del Tribunal Supremo Jyotirmoy Barua señaló que la Policía no tenía jurisdicción para controlar los movimientos de las personas, y que el sistema solo servía para avanzar en el proceso de vigilancia masiva.

Tampoco existe una ley en Bangladesh para proteger los datos personales, aunque se está redactando una ley de protección de datos. Sin embargo, este también ha sido un punto de controversia [37]. Los analistas han señalado que el proyecto de ley contiene lagunas que, en lugar de proteger a los ciudadanos, pueden suprimir aún más [38] los derechos digitales, especialmente cuando ya existe una cultura de vigilancia masiva [39] por parte del Estado.

El sistema de pases de circulación fue abolido [40] durante el segundo confinamiento estricto en julio de 2021. Pero sigue preocupando el retroceso  democrático del país y la instrumentalización de las leyes para recortar los derechos y las libertades de las personas. Como han demostrado estos casos, la pandemia dio al Gobierno un pretexto para censurar la libertad de expresión, acosar a los críticos y frenar eficazmente la disidencia, acelerando lo que ha sido un giro continuo hacia el autoritarismo en Bangladesh.

Zayed Siddiki es un premiado cineasta independiente, defensor de derechos humanos y profesional de la comunicación para el desarrollo que vive en Daca.